Reservas, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública rechazan secuestro de militares en Nariño

Este viernes, la Defensoría del Pueblo confirmó el secuestro de 29 militares que se encontraban patrullando en la vereda Restrepo, ubicada en el municipio de Tumaco (Nariño). Estos hechos son rechazados por la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, la cual es compuesta por 58 organizaciones de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública.

“Nos permitimos expresarle a la opinión pública nacional que rechazamos enérgicamente el secuestro de 29 militares en el departamento de Nariño, que se presentó el día 2 de noviembre del año en curso, durante una operación legítima y constitucional que venían ejerciendo estos hombres de nuestras Fuerzas Militares”, dice el documento de la organización.

De esta forma, los miembros de la mesa de trabajo expresan preocupación por la frecuencia de estos hechos en el país: “Son organizados por ciertas comunidades para limitar el actuar de la Fuerza Pública y proteger los intereses de grupos al margen de la ley que delinquen en territorios sumidos en la violencia y la ilegalidad”.

De acuerdo con las federaciones, asociaciones y fundaciones que componen el grupo, se trata de una represalia de la comunidad de la vereda de Restrepo por la captura de dos hombres, presuntamente miembros de las disidencias de las Farc. Por esto, retuvieron ilegalmente a los 29 uniformados.

“Portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, dinero en efectivo, cartillas de adoctrinamiento de las Farc e implementos con los logos del grupo armado organizado residual Urias Rondón”, explicó la organización.

Por esta razón, el grupo hace un llamado al poder legislativo, judicial y al Gobierno nacional, incluyendo al Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para que establezcan “herramientas de seguridad jurídica claras y contundentes que permitan a la fuerza pública ejercer autoridad plena frente a quienes atentan contra la seguridad de los colombianos y sus cómplices”.

Según la organización, esto se suma al robo de un vehículo de transporte de la Policía Nacional en Barranquilla y la violencia de comunidades indígenas frente a personal policial en Bogotá.

“Son acciones que demuestran el total desprecio por la autoridad, que pueden llevar a un estado de anarquía, la desprotección de la población civil y el control en el territorio por parte de organizaciones criminales, suplantando la institucionalidad legítima del Estado”, dice el documento.

De esta forma, el grupo expresó su solidaridad con las Fuerzas Militares y los miembros del Ejército que fueron secuestrados. A su vez, reclamaron acción por parte de las autoridades y una investigación para dar con los responsables, para los que piden un “castigo ejemplar por parte de la justicia”.

Según información, el secuestro se produjo después de que dos personas fueran capturadas por las autoridades, porque les fueron halladas prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Asimismo, se conoció que los campesinos los habrían rodeado para desarmarlos, no les estarían brindando alimentos y también les habrían quitado los radios y celulares.

Luego de que se conocieran estos hechos, los cuales sucedieron en la noche del pasado 2 de noviembre, la Defensoría del Pueblo ofreció sus oficios y estableció una hoja de ruta para facilitar un diálogo que pueda concluir con la liberación de los casi 30 militares secuestrados por comunidades de la zona.

Según se pudo establecer, son 26 soldados, también hay dos suboficiales y un capitán, para un total de 29 militares secuestrados. “La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Tumaco, llegó a la institución educativa de la vereda Restrepo para evidenciar las condiciones de derechos humanos de los militares retenidos y verificó su estado, de manera particular el acceso a servicios básicos”, manifestó la entidad defensora de derechos humanos a través de un comunicado.