Santos devuelve al Congreso la reforma a la Justicia

Con objeciones "por razones de constitucionalidad, pero también de conveniencia", el presidente Juan Manuel Santos decidió devolver al Congreso la reforma a la Justicia.

El jefe del Estado dijo que estaba "en el deber de evitar que prosperen" algunas de las normas, aprobadas a última hora por el parlamento y que el propio Santos calificó como "verdaderos micos".

En el más duro pronunciamiento contra el Congreso de la República desde cuando asumió la Presidencia (agosto del 2010), Juan Manuel Santos dijo que la decisión de objetar una reforma constitucional no tiene antecedentes en la historia, pero afirmó que asumirá "todas las consecuencias" de la que llamó "mi decisión".

Y lo hizo por la "protuberancia de vicios" de carácter constitucional, pero que además tendrían varias consecuencias políticas, por la decisión del Congreso de haber cambiado el espíritu que el Gobierno tenía con esta reforma.

"Congreso cambió el espíritu de la reforma"

Según Santos, los objetivos que el Gobierno tenía con la reforma eran "descongestionar los despachos judiciales para que los ciudadanos tengan una respuesta más rápida a sus demandas. Hacer más sencillos y eficaces los procesos judiciales, utilizando incluso las nuevas tecnologías. Dotar de más recursos económicos a la Justicia para que cumpla mejor su labor. Y eliminar, reformar o reemplazar instituciones que habían demostrado su inoperancia o estaban desgastadas, por instituciones más modernas y eficientes".

Y aunque la reforma contemplaba algunas normas para conseguir ese objetivo, Santos consideró que "infortunadamente", y después de un "gran esfuerzo" de 10 meses de discusión, el Congreso en "10 horas" decidió introducir unos cambios que "en nada favorecen a la justicia y a la transparencia".

Por eso, el jefe de Estado dijo que no permitirá que entre en vigencia una norma "que por el querer de descongestionar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano, termine haciéndoles el juego a quienes quieren escapar de ella".

Conciliadores, directos responsables
 
El presidente responsabilizó directamente de los 'micos' de la reforma a los parlamentarios que conformaron la llamada 'Comisión de Conciliación'. Y exoneró de responsabilidades al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, pues denunció que los conciliadores sesionaron sin su presencia y sólo le informaron los acuerdos al Gobierno "cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer".

Pero Santos fue más allá con los conciliadores al señalar que las decisiones que acordaron "quebrantaron las disposiciones constitucionales y legales, y desbordaron sus competencias".

Los cuatro 'micos' que encontró Santos

El primero, haberle revocado la función a la Fiscalía de investigar a ministros, embajadores, exdirectores de Departamento Administrativo y otros altos funcionarios del Estado.

Con esta decisión se podrían beneficiar exministros y exfuncionarios que hoy afrontan procesos judiciales, casos como los del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro); Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia (por 'chuzadas'), y María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS (también por 'chuzadas'), tal como lo han advirtieron este jueves varios académicos, congresistas que votaron en contra la reforma, magistrados y exfiscales.

El propio jefe del Estado, en su alocución, admitió que esa norma específica, en el caso de entrar en vigencia, "estaría obligada a paralizar cerca de 1.500 investigaciones", pero además que los exfuncionarios que estuvieran detenidos "podrían quedar en libertad". "¡Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno!", dijo Santos con evidente dureza.
El mandatario también calificó de "inaceptable" la decisión de eliminar la violación al régimen de inhabilidades de los congresistas como causal para la pérdida de investidura. Al igual que la norma que, al garantizarles la doble instancia a los congresistas, se aplicaría incluso a los actuales procesos de pérdida de investidura, con lo cual "generaría otro colapso judicial", pues las demandas que estaban a punto de ser falladas tendrían que regresar a su etapa inicial.

Esa disposición, tal como lo han advertido varios constitucionalistas, evitaría que a casi una docena de actuales parlamentarios, que tienen procesos en el Consejo de Estado por esta causa, se les castigue con la temida sanción de la "muerte política".

La cuarta "inconsistencia grave" que tiene la reforma, según Santos, es que se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Eso significaría, en palabras del presidente, que al día siguiente de promulgar la reforma, "habría otro factor de colapso en la rama judicial porque la administración de la rama quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario, el actual director ejecutivo, a quien la reforma sí le concedió un régimen de transición, contra la voluntad del Gobierno".

Para Juan Manuel Santos la decisión de devolverle al Congreso el contenido de la reforma a la Justicia "no fue fácil" de asumir. Por eso, a la vez que pidió a los legisladores entender su determinación, cuestionó la real voluntad de algunos sectores del parlamento de reformar los principales problemas de la justicia. "Espero que acepten estas objeciones por el bien de la justicia colombiana", dijo el presidente a la vez que aclaró a los colombianos que "podían estar tranquilos".