Senado vuelve a ampliar reserva de documentos clasificados

A un solo debate quedó el proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia luego de que la Comisión Primera del Senado aprobó una de las iniciativas prioritarias del Ministerio de Defensa.
 
Sin embargo, en el tercer debate, el Senado decidió revertir una de las decisiones adoptadas por la Cámara de Representantes frente a este proyecto.
 
Se trata de la reserva para documentos e información clasificada, recopilada por los organismos de inteligencia, que será de 30 años.
 
El proyecto inicial, como lo pretendía el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, pretendía que la reserva fuera de 40 años y que el presidente de la República pudiera ampliarla por 15 años más.
 
La Cámara de Representantes se opuso a la propuesta y redujo a 25 años el término de reserva de la información clasificada.
 
Pero el debate revivió en el Senado, y el ponente del proyecto, Juan Manuel Galán, consideró que hay leyes vigentes en Colombia que mantienen reserva de documentos por 30 años, por lo que este proyecto no podría establecer una reserva inferior a ese término.
 
Esa fue quizá la principal modificación del proyecto en el tercer debate. La ley de inteligencia, a la que le falta la aprobación de la plenaria del Senado, también impone duras penas para funcionarios que trafiquen o filtren información privilegiada. Estos se expondrían a penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
 
El Senado también mantuvo la exclusión de la labor periodística y de los medios de comunicación de los alcances de la ley. El proyecto señala que el mandato de la reserva no vincula a periodistas.
 
El proyecto de ley de inteligencia también establece la creación de una comisión de parlamentarios, integrada por todos los partidos que tengan asiento en el Legislativo, para hacer veeduría sobre los gastos reservados del Estado, como pagos de recompensas a informantes.
 
Según el senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal), coordinador ponente del proyecto, esta reglamentación de las labores de inteligencia pondrán fin a “capítulos oscuros” como el de las llamadas ‘chuzadas’ o seguimientos ilegales desde el DAS.
 
Galán explicó que de aprobarse esta legislación, en adelante, las interceptaciones a comunicaciones deberán ser autorizadas por un juez de la República.