Sesiones extras: ¿para hundir la reforma a la Justicia o para salvarla?

Tres días después de haber rechazado la reforma a la Justicia aprobada por el Congreso, por razones de “inconstitucionalidad e inconveniencia”, el presidente Juan Manuel Santos sacó una nueva carta para impedir que entre en vigencia la nueva norma -calificada por muchos como un ‘Frankeinstein’-.

La fórmula, consultada durante todo el fin de semana y respaldada por los voceros de los partidos políticos que hacen parte de la Unidad Nacional, no es más que convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

De esta manera, el presidente Juan Manuel Santos se la jugó. Si en la noche del jueves responsabilizó al Congreso de haber viciado la reforma a la Justicia, convocó a sesiones extraordinarias para que sea el propio parlamento el que arregle el contenido de la norma y resuelva esta 'papa caliente' en la que se convirtió el proyecto bandera del Gobierno en la segunda legislatura.

El objetivo, según un comunicado de 60 palabras expedido este domingo por la Casa de Nariño, será que el Congreso “revise las objeciones” hechas por el Gobierno a la reforma a la Justicia, lo cual deberá hacer el 27 y el 28 de junio.

Para tomar esa decisión, el Gobierno se apoyó en la misma jurisprudencia que, en teoría, le permitiría aplicar a las reformas constitucionales aprobadas por el parlamento (como es la reforma a la Justicia) las mismas normas que facultan al Jefe de Estado para objetar cualquier ley ordinaria.

Lo que no queda claro en el comunicado de Presidencia es el verdadero objetivo del Gobierno para convocar las sesiones extraordinarias.

La primera hipótesis es que al pedirle al Congreso revisar las objeciones, se piensa que el presidente Santos pretende eliminar los ‘micos’ que se le colgaron a la reforma a la Justicia, y luego de que el parlamento haga su enmienda, proceder a la promulgación de una norma más viable y ajustada a la Constitución.

La otra hipótesis es que en las sesiones extras el Congreso derogue todo lo actuado en 10 meses con la reforma a la Justicia y archive el proyecto.

Esta nueva encrucijada sólo se podrá despejar con el documento que el presidente Juan Manuel Santos deberá publicar antes del jueves en el que le indicará al Congreso, de forma oficial, las objeciones a la reforma.

Pero la decisión de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias también es discutida. Pues, según lo establecen la Constitución y el reglamento del Congreso, las reformas constitucionales no se pueden debatir en sesiones extras, es decir, ni se pueden modificar ni se pueden archivar, pues se estaría violando los preceptos de la Carta Política del 91.

Sin embargo, el ministro del Interior, Federico Renjifo, considera que lo que prohíbe la Constitución es hacer una reforma en sesiones extraordinarias y en este caso de lo que se trata es de objeciones específicas al trámite que se le dio al proyecto.

“Reforma no se puede maquillar”

Las primeras reacciones a la convocatoria de sesiones extraordinarias no se hicieron esperar. Aunque los partidos políticos de la Unidad Nacional respaldaron la decisión, partidos independientes y de oposición señalan que la reforma a la Justicia no puede ser “objeto de maquillaje”.

El representante a la Cámara Iván Cepeda (Polo Democrático) dijo que la única salida a la ‘papa caliente’ que se volvió la reforma a la Justicia es que se derogue a través de un referendo revocatorio.

“La reforma judicial no puede ser maquillada, remendada, ni arreglada a conveniencia de los congresistas”, dijo Cepeda, quien insistió en que si el Gobierno y el Congreso insisten en mantener viva la reforma, al despojarla de los ‘micos’ que generaron este escándalo, el movimiento ciudadano promotor del referendo revocatorio “tomará más fuerza y saldrá a las calles para recoger las firmas necesarias para hundir la reforma”.

Referendo o nueva reforma: las dos salidas

El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo) también controvierte la decisión de la convocatoria a extras y asegura que las únicas dos salidas legales para evitar la vigencia de la reforma a la justicia son el trámite de una nueva reforma constitucional o el referendo revocatorio.

La nueva reforma, dice Avellaneda, deberá corregir los problemas y el “carácter nocivo” de la reforma recientemente aprobada. En ese caso, se tardaría poco más de un año para derogar el acto legislativo.

Ese camino es respaldado por el senador Carlos Baena (MIRA), otro de los legisladores que se opusieron a la aprobación de la reforma. “Hay que archivar el actual proyecto de Ley de Reforma a la Justicia aprobado por el Congreso de la República y arrancar de ceros con un proceso democrático y transparente, y elaborar una reforma que verdaderamente acerque la justicia a los ciudadanos”, dijo.

El otro camino, el del referendo revocatorio, permitiría la derogatoria de la nueva norma “en un término de seis meses, sin necesidad de un nuevo trámite legislativo con todo lo que ello implica”, explica Avellaneda.

Por eso el congresista insiste, como se lo hizo saber al presidente Juan Manuel Santos en una carta dirigida a la Casa de Nariño el pasado viernes, en que el Gobierno se sume a la iniciativa popular de la recolección de firmas contra la reforma a la Justicia.

“La invitación entonces, señor Presidente, es a que en cumplimiento de su deber como protector de los derechos y libertades de todos los colombianos, y entendiendo el referendo revocatorio como el mejor mecanismo constitucional para contrarrestar el contenido de la reforma a la justicia, nos acompañe en el impulso a su convocatoria”, explicó Avellaneda en la carta dirigida a Santos.

Avanza recolección de firmas

Este lunes el Comité Promotor del referendo revocatorio se podría constituir de forma oficial. El fin de semana iniciaron en las calles de Bogotá, principalmente, el proceso de recolección de firmas.

Para crear dicho comité se necesitan 150.000 firmas, según lo explicó Antonio Navarro Wolff, quien posó este domingo como uno de los líderes de la convocatoria, y al igual que muchos ciudadanos, mientras recogían las firmas hacían publicidad del movimiento Progresistas, del alcalde Gustavo Petro.

Para la convocatoria del referendo se necesita reunir firmas equivalentes al 5 por ciento del censo electoral, que es de casi 31 millones de colombianos, es decir, 1.600.000 firmas serían suficientes para promover la iniciativa popular.

Aunque el referendo busca eliminar la reforma a la Justicia, Iván Cepeda considera que también se le puede preguntar al pueblo colombiano si revoca el actual Congreso, eso sí, en caso de que “siga encaminando el poder legislativo a satisfacer sus intereses individuales y no hacia el servicio ciudadano”.