Siete partidos y un "acuerdo democrático fundamental"

Si lo llegan a cumplir, las11 de la mañana del 18 de marzo de 2010 puede pasar a la historia. Se trata de un acuerdo "democrático fundamental" entre líderes de siete partidos y movimientos políticos. Un documento de diez puntos que pretende sellar una base de respeto a ciertos valores y principios políticos con el propósito de fortalecer la democracia.

Principios y valores que, sobre el papel, deben estar por encima de cualquier diferencia política e ideológica.

Así de escueto, parece complejo de entender. Pero los aspirantes a la Presidencia se comprometieron, ante la invitación de la Comunidad Internacional, entre otras, a condenar la violencia, el terrorismo, el narcotráfico...; a respetar la independencia de las instituciones; a asumir las responsabilidades individuales y colectivas si algún miembro del Estado, o de un partido político, infrinja la ley, los derechos humanos, o se alíe con organizaciones ilegítimas; a garantizar un Estado incluyente; a respetar el medio ambiente; y a guiar la política exterior con principios de interés nacional.

Alberto Álvarez Lleras, a nombre de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical; Angelino Garzón, en representación de Juan Manuel Santos, de la U; Rafael Pardo, del Partido Liberal; Sergio Fajardo, líder de Compromiso Ciudadano; Fernando Araújo, presidente del Partido Conservador; Antanas Mockus, candidato presidencial del Partido Verde; y Gustavo Petro, aspirante a la máxima magistratura por el Polo Democrático, se comprometieron y estamparon sus firmas.

Ellos se reunieron en el salón de la Constitución del Capitolio. Y allí, ante la presencia del ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, sellaron el acuerdo. Muchos de ellos calificaron el acto como “histórico”. Quizás porque, desde la Constitución de 1991, hace 20 años, no se habían sentado siete fuerzas políticas a firmar un mismo documento y sin cambiarle una sola coma.  

Precisamente, hace 20 años, quien habló de un gran acuerdo sobre lo fundamental, fue Álvaro Gómez Hurtado. Fernando Araújo reivindicó la figura de este dirigente y se comprometió a que su partido, el Conservador, respetará las bases de ese acuerdo, a la vez que aclaró que su firmá será sustituida en el documento por la de quien se convierta en el candidato de la colectividad.

Las buenas intenciones quedaron en el papel. La pregunta que surge tras las siete firmas es si servirá ese acto para fortalecer la democracia.

Rafael Pardo lo calificó de “necesario”, pero lamentó que haya sido una iniciativa de la Comunidad Internacional, y no de una propuesta nacional: “¡a tal grado de polarización hemos llegado...!”. El aspirante a la presidencia señaló que la única forma de fortalecer la democracia es “respetando la Constitución”.

Alberto Álvarez Lleras subrayó que la condena a la violencia y el terrorismo, el rechazo a todas las vías de hecho, y que si las instituciones se ubican por encima de los individuos, será el camino para fortalecer la democracia.

Sergio Fajardo cuestionó los medios “que se están utilizando” para llegar al poder. “Nosotros hemos cumplido, los estamos cumpliendo, y los seguiremos cumpliendo. Por eso estamos aquí firmando un acuerdo”.

Angelino Garzón, señala que el acuerdo requiere un compromiso inmediato. A nombre de la candidatura que acompaña como fórmula vicepresidencial, dijo que por los lados de la U no saldrá un solo epíteto. “Preferimos perder un voto antes que ofender. Preferimos perder un voto antes que comprarlo...”

“¿Firmar el acuerdo en qué nos puede cambiar?”, se preguntó Antanas Mockus antes de sellarlo con su rúbrica. A su juicio, ese papel, con diez puntos consignados, servirá como una especie de “cuenta de cobro” para quien lo incumpla. “Un acuerdo puede ser la primera base para construir un tabú; para que la sociedad convierta en tabú los atentados contra la vida, los recursos públicos. Para que la sociedad condene la violencia y por ningún medio se justifique cualquier atentado contra la vida, cualquier manejo equivocado de los recursos públicos...”.

El interrogante que se formuló Gustavo Petro es si en Colombia los acuerdos “se firman por firmar”, como a su juicio ha pasado con la Constitución de 1991 “que varias veces han intentado acabarla”. Para Petro de nada sirve este acuerdo si para muchos la “hecatombe es un vaso de wiskhy por encima de los dineros teñidos de sangre y cocaína con que se ha comprado la conciencia de muchos pobres (...); o si una bancada dirigida desde la cárcel va a ser participe de las leyes y podrá ser determinante en las elecciones presidenciales”. Por eso afirmó que la firma no debe ser un protocolo. “Esta firma es para cumplirla”.

El gobierno respaldó el acuerdo. Fabio Valencia Cossio, ministro de Interior, insistió en que el Ejecutivo “brindará todas las garantías” para la próxima contienda presidencial, y que respetará y respaldará a las autoridades electorales. “Esa ha sido siempre la iniciativa del gobierno”, dijo Valencia Cossio al recordar que el gobierno impulsó una reforma política que establece sanciones a dirigentes y partidos que se hayan aliado con la ilegalidad.

Este acuerdo fue promovido por el G-24, con el liderazgo del gobierno de Suiza que precisamente ejerce la presidencia de este grupo. Fue firmado por los siete partidos y movimientos que tienen aspiraciones en las elecciones del 30 de mayo, y que precisamente están entre las ocho fuerzas que tendrán mayor representación en el Congreso. La otra fuerza que no hizo parte de este acuerdo fue el PIN, que no tiene candidato presidencial.



Los 10 puntos del ‘Acuerdo Democrático Fundamental’


1.- El fin no justifica los medios. La regla fundamental de cualquier democracia es que todas las disputas políticas y sociales deben resolverse de manera pacífica y civilizada, con un mínimo de respeto entre adversarios, en observancia de la Constitución y la Ley, sin apelar a medios extralegales o violentos y sin recurrir a un lenguaje violento o descalificador.


2.- La violencia es contraria a la paz, que es un derecho y un deber de todos los colombianos y colombianas, motivo por el cual se debe promover su práctica efectiva en todo el territorio nacional. En tal sentido, condenamos la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y cualquier otra práctica criminal por considerarlas contrarias a los principios universales de la democracia.

3.- En un Estado democrático, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia es competencia exclusiva del gobierno democráticamente elegido y los demás órganos del Estado.

4.- Los órganos del Estado tienen que actuar en estricto respeto de la Constitución y la Ley del Derecho Internacional, en particular de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En el caso en que agentes del Estado infrinjan la Ley, el Estado debe asumir la responsabilidad correspondiente, junto con las responsabilidades individuales de los causantes del delito y por consiguiente de la reparación de las víctimas.

5.- La separación de poderes y el equilibrio institucional son principios de la democracia, y su defensa y respeto es obligación de todos los servidores públicos y de la ciudadanía en su conjunto. La base de la democracia radica en la división de poderes, en el fortalecimiento institucional y en la cooperación armoniosa de las diversas instituciones del Estado.

6.- La independencia y la eficacia de la Justicia son valores determinantes de un Estado de Derecho. Con el fin de asegurar la convivencia pacífica es indispensable que la Justicia funcione para garantizar los derechos fundamentales a todos los ciudadanos y ciudadanas, para resolver los conflictos entre los individuos de manera pacífica y para avanzar en la lucha contra la impunidad.

7.- Un deber de la ciudadanía y de manera especial de todos los partidos políticos es oponerse a todos aquellos fenómenos relacionados con la corrupción, la impunidad y las malas prácticas políticas y sociales. En este sentido, rechazamos de manera vehemente a quienes desde la política cohonestan con actores violentos, terroristas, mafiosos o corruptos. Los partidos políticos deben asumir su responsabilidad ante la ciudadanía por los comportamientos de todos sus candidatos y candidatas y personas elegidas a cargos públicos o nombrados con estos.

8.- Es deber de un Estado democrático ser incluyente y no discriminar a sus ciudadanos por ningún motivo. Asimismo, debe procurar que tengan condiciones de vida y luchar por la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en el marco de la promoción y del respeto de los Derechos Humanos.


9.- El desarrollo del país debe estar en armonía con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en el ámbito nacional e internacional.

10.- La política exterior debe ser guiada por el interés nacional, superando las diferencias partidistas, y con el espíritu de entendimiento, cooperación y respeto entre los miembros de la comunidad internacional.