Sin oposición la Reforma Política fue aprobada en primer debate

El proyecto de Reforma Política radicado por iniciativa del gobierno, logró el respaldo de la mayoría en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Debido a la inclusión de un artículo que no fue contemplado en la propuesta inicial, el presidente Àlvaro Uribe podría participar en las elecciones de 2014. Ahora el proyecto de Acto Legislativo deberá cursar otros siete debates por tratarse de una reforma constitucional.
 
El debate estuvo signado por la falta de deliberación por la ausencia de los representantes de la oposición. El partido Liberal decidió marginarse del debate con el argumento de que no entrarán en la discusión hasta que el Presidente no defina si va o no a participar en la contienda electoral por la Presidencia y la bancada del Polo no asistió a la discusión.

El único reparo a la reforma lo presentó el Partido de la U, quien es el promotor de un referendo que busca reformar la Constitución para que el presidente Uribe pueda presentarse en el debate electoral para 2010. A través de una constancia leída por el representante de esa colectividad, Oscar Mauricio Lizcano, la U dejó claro que no apoya el artículo de la Reforma Política que permite al Presidente que haya sido reelegido, pueda volver a participar en la contienda electoral después de cuatro años.

El próximo martes, en el Pleno de la Cámara, se discutirá el artículo, propuesto por el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, que permite la reelección de Uribe en 2014. El artículo dice que “la Presidencia de la República podrá ser ejercida por dos periodos consecutivos, y un periodo adicional, transcurrido mínimo cuatro años de haber terminado el último periodo constitucional".

Durante esta semana los partidos uribistas buscarán ponerse de acuerdo sobre el período para el que Uribe podría aspirar a otra reelección.

Los representantes del Partido de la U, Carlos Enrique Soto y Miguel Ángel Rangel, presentaron una ponencia para ampliar el período presidencial a cinco años a partir de 2014, con posibilidad de reelección. Sin embargo, la propuesta quedó como una constancia para que los congresistas las aborden en los próximos debates.

Aunque la propuesta inicial de la Reforma Política tenía por objetivo proteger las instituciones del Estado de los embates de la mafia, este propósito quedó relegado a un segundo plano cuando se incluyó la posibilidad de discutir la reelección presidencial dentro de la reforma.

Por esta razón el Partido Liberal, que en reiteradas ocasiones le ha pedido al gobierno que exprese con claridad si desea o no reelegirse, prefirió no participar del debate. (Vea el artículo Liberales se retiran de la discusión de la Reforma Política) El Polo ya había anunciado que no entraría en la discusión, pues no consideran legítima la interlocución del Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, quien tiene a su hermano Guillermo, ex director de Fiscalías de Medellín, detenido por su presunta relación con narcotraficantes.

Al comienzo del debate los representantes Miriam Paredes del Partido Conservador, a quien la Corte le abrió investigación preliminar; Guillermo Rivera del Partido Liberal, quien está en  la misma situación jurídica de Paredes; Carlos Arturo Gálvez del Partido Liberal, quien reemplazó a Dixon Tapasco, detenido por parapolitica y Rosmery Martínez de Cambio Radical, quien tiene un familiar investigado penalmente, se declararon impedidos para votar el proyecto de Acto Legislativo. Sin embargo, a todos se les negó el impedimento en consonancia con la petición que hizo Uribe en días pasados de no aprobar los impedimentos.

Otros puntos de la Reforma

La iniciativa aprobada exige a los partidos su democratización interna, y fortalecer el régimen de bancadas. “Tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos”, dice el proyecto.

En este punto, que tiene por objetivo el robustecimiento de los partidos y movimientos políticos, también incluye la sanción por doble militancia, es decir el castigo a quienes se pasan de un bando a otro.

Sin embargo, contempla la posibilidad de que los congresistas se cambien de partido cuatro meses antes de la inscripción de las candidaturas, pero deberán renunciar a su puesto.

Según lo acordado, la coalición uribista podrá hacer una consulta interpartidista para escoger un candidato que reemplace a Uribe. Esto depende del resultado de la discusión del proyecto de referendo que busca la reelección.

En el texto aprobado,  las campañas de partidos constituidos legalmente, serán financiadas preponderantemente por el Estado. Así mismo las de candidatos avalados por movimientos, con personería jurídica, serán financiadas parcialmente por el Estado, reponiéndoles sus gastos según los votos obtenidos. Aunque los partidos y movimientos pueden acudir a financiación privada, no podrán recibir dinero de extranjeros.

Según la propuesta del gobierno, queda pendiente la creación de una Ley que fije el porcentaje de participación del Estado en las campañas y las sanciones a quienes violen los topes de financiación.

El proyecto prohíbe la contratación estatal con condenados por delitos contra el sufragio y el patrimonio público.

Las sanciones a lo partidos por incumplir con las consultas, por dejar filtrar dineros de grupos ilegales o por no ser cuidadosos a la hora de presentar candidatos que resulten incursos en actividades delictivas, se definirán a través de una Ley específica.

La falta de definición de las sanciones a los partidos políticos irresponsables en el proyecto fue duramente criticada en la audiencia pública de la semana pasada en la que participaron varios representantes de la ciudadanía. Juan Fernando Londoño, Coordinador del Proyecto de fortalecimiento de la democracia PNUD-IDEA, dijo en esa ocasión que la no inclusión explícita en el proyecto de Reforma Política de los temas de responsabilidad política y de sanciones a los partidos cuyos miembros estén relacionados con actividades ilegales, desvirtúa el propósito de la misma.

A esto se suma que las sanciones sólo entrarían a regir después de 2010. Eso con el fin de que ninguno de los congresistas alegue impedimento. Lo que no se explica es cómo un Congreso tan debilitado por el escándalo de la parapolítica podrá formular sanciones de responsabilidad política a los partidos cuando ha dado muestras de no querer hacerlo. A esto se suma que la temperatura de las pre candidaturas para elecciones presidenciales va en aumento, lo que concentra la atención de las fuerzas políticas y le resta protagonismo a cualquier intento de autoreforma del Legislativo.