Política

Tras denuncia de SEMANA que salpica a Comunes, el partido rechazó la violencia de género y anunció investigación interna

El caso se refiere a un presunto acoso sexual ejercido por uno de sus militantes, quien era contratista de la UNP.

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17 de enero de 2026, 8:31 p. m.
Nicolás Sarmiento Ramírez, señalado de haber tocado sin consentimiento las partes íntimas de una compañera de trabajo, milita en el partido Comunes.
Nicolás Sarmiento Ramírez, señalado de haber tocado sin consentimiento las partes íntimas de una compañera de trabajo, milita en el partido Comunes. Foto: Partido Comunes / Archivo Particular Suministrado a SEMANA

El partido político Comunes emitió un comunicado en el que rechazó de manera “absoluta y categórica” cualquier forma de violencia basada en género y reiteró que este tipo de conductas no son tolerables dentro de su organización.

La colectividad hizo este pronunciamiento tras conocer una denuncia de SEMANA en la que se informó que uno de sus militantes, que era contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), está involucrado en un grave caso de acoso sexual.

Comunes, que nació tras la negociación de paz con las Farc, aseguró que su postura responde “a sus principios políticos, éticos y organizativos, así como a su compromiso con la construcción de paz, la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación”.

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El caso revelado por este medio se refiere a una denuncia contra Nicolás Sarmiento Ramírez, quien es acusado por una de sus excompañeras en la UNP por presuntamente haberla tocado y haberse aproximado a ella sin su consentimiento en varias ocasiones, incluso hasta el punto de sobrepasarse, manoseando sus genitales.

Sarmiento es un líder reconocido en el Partido Comunes, cercano a la línea de Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes. Incluso, ha asistido a reuniones como representante de los farianos a nivel distrital y ha liderado eventos barriales para promoverlos.

La denuncia que conoció SEMANA, que está en poder de la Fiscalía, cuenta cómo Sarmiento Ramírez se aproximó a su compañera desde antes de trabajar juntos, ofreciéndole empleo y alardeando de su poder como líder de Comunes.
La denuncia que conoció SEMANA, que está en poder de la Fiscalía, cuenta cómo Sarmiento Ramírez se aproximó a su compañera desde antes de trabajar juntos, ofreciéndole empleo y alardeando de su poder como líder de Comunes. Foto: ADOBE STOCK

Frente a este caso, Comunes informó que su Dirección Nacional activó de manera inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con sus estatutos, protocolos y la normatividad vigente.

La colectividad explicó que, en garantía del debido proceso, el caso fue remitido al Comité de Ética del partido, instancia encargada de adelantar la investigación correspondiente, evaluar los hechos y emitir las recomendaciones y decisiones que se consideren pertinentes.

En el comunicado, Comunes señaló que una de sus prioridades será la protección integral de la víctima. Para ello, afirmó que se garantizará la confidencialidad, un enfoque de género, la no revictimización y el acompañamiento necesario, además de la articulación con rutas institucionales cuando así se requiera.

El partido también enfatizó que ninguna conducta que vulnere los derechos de las mujeres o de las personas diversas puede ser justificada, sin importar la trayectoria política, responsabilidades u opiniones de quienes estén involucrados en el caso.

“La defensa de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres y personas diversas es un principio irrenunciable”, indicaron

¿Cuál buen nombre?

La denuncia contra Sarmiento Ramírez está en poder de la Fiscalía y SEMANA pudo establecer que el acoso al parecer es una conducta sistemática de su parte. Así se desprende de un documento elaborado por un grupo feminista que alega falta de garantías para hacer público lo que ocurre con el excontratista en el partido Comunes y en la UNP.

El texto habla de “múltiples alertas, testimonios desgarradores y pruebas que evidencian un patrón repetido”.

“Las mujeres afectadas —funcionarias, contratistas, escoltas y militantes— coinciden en sus relatos: todas hablan de miedo, de vulnerabilidad y de una absoluta falta de garantías institucionales para denunciar”, se lee en el documento.

Las mujeres, además de tener miedo de perder el empleo, aseguran que son amenazadas por la “posición jerárquica y política” del contratista, porque usaría su cercanía con los farianos como un factor de intimidación a sus presuntas víctimas.


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