Uribe, ¿supersenador?

Álvaro Uribe senador. Puede serlo en el 2014, si se decide a poner su foto en el tarjetón de las elecciones para el Congreso. Y de ganar su curul en las urnas, el 20 de julio de ese año Uribe podría posesionarse como uno más de los 102 senadores de la República, pero en la realidad no será uno cualquiera. Podría convertirse en el congresista más poderoso que se recuerde en la historia de Colombia.

Porque Uribe, de llegar a serlo, sería el único senador con edecán. No significa otra cosa que a Uribe se le verá paseándose por todos los rincones del Capitolio acompañado siempre por un oficial superior de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, previamente seleccionado de una terna que haga el ministro de Defensa.

Uribe también se pasearía escoltado por un servicio de seguridad permanente, no inferior a dos miembros de la Policía Nacional, y guarecido por otro grupo de escoltas quienes, también de forma permanente, deben estar ubicados en el lugar que el Congreso le asigne como despacho.

Será el único de los congresistas que resulten elegidos en el 2014 en tener pasaporte diplomático. Más aún cuando la Corte Constitucional tumbó el más reciente intento de los parlamentarios por tener ese beneficio, que además de poder recibir tratamiento como representantes del Estado colombiano, les permitiría tener visas permanentes, trámites más fáciles sin filas en los aeropuertos, y hasta eximirlos del pago de algunos impuestos. Uribe, de ser senador, sería el único en tener tales privilegios.

Todo porque Uribe, aunque tenga que identificarse con la credencial de un senador, seguirá siendo expresidente de la República. Por ser congresista, coinciden los constitucionalistas, Uribe, por ningún motivo perderá su fuero presidencial.

Guillermo León Giraldo, quien lleva casi 30 años siendo el secretario de la Comisión Primera del Senado, dice que no hay un solo antecedente en la historia de un senador con esas condiciones. “Muy sencillo, nunca antes se ha visto que un expresidente se convierta en senador”.

A mediados de los años 60, dice el exmagistrado Alfredo Beltrán, se pudo dar semejante situación. El conservador Guillermo León Valencia, unos años después de haber dejado la Presidencia de la República, aspiró a ser senador por el departamento de Cauca. “Pero no consiguió el favor de las urnas”, recuerda Beltrán.

Por primera vez, Colombia podría tener una especie de ‘Súper-senador’, con Uribe en el Capitolio. Pero así como parece llegar poderoso, sería el congresista más vigilado. Porque si los actuales parlamentarios están vigilados por tres tribunales, Uribe, a diferencia de sus eventuales colegas, estaría siendo observado por cinco tribunales.

Hoy el expresidente es vigilado sólo por el Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Esta corporación se ocupará de todas sus actuaciones como presidente, en los ocho años que duró su gobierno.

Pero si llega a ser senador, en el 2014 Uribe quedaría expuesto a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y el Consejo de Estado. Nuevos tribunales para él, pero que sólo se ocuparán por su conducta como congresista.

“La nueva condición que adquiriría Uribe –dice el excongresista y constitucionalista Darío Martínez- no le hace perder su fuero presidencial”. Pero Uribe tendría que afrontar los nuevos tribunales a los que estaría expuesto, con un fuero muy inferior: el de congresista.

Los actuales congresistas se han quejado de algunas de las condiciones de su fuero. Aseguran que hasta es inferior a la del resto de ciudadanos. Porque no tienen doble instancia en su juzgamiento, porque los juzga el mismo tribunal que los acusa. Pues con esas condiciones, Uribe tendría que afrontar a sus posibles nuevos tribunales.

“La condición de senador lo pondría en las mismas condiciones que otro senador -dice el exmagistrado Beltrán-. El expresidente no es más senador que los demás senadores, ni más ciudadano que los demás ciudadanos. El expresidente quedaría sometido a las reglas que establece la Constitución para el juzgamiento de todos los miembros del Congreso”.

Los actuales miembros del Parlamento saben lo que significa su investidura. Por su condición política, saben que no son ajenos a investigaciones preliminares en la Corte Suprema, donde a diario llegan denuncias, muchas anónimas. Lo mismo pasa en la Procuraduría y lo propio en el Consejo de Estado.

Precisamente, esta última corte es una de las más temidas por todos los congresistas. Allí se tramitan los procesos de pérdida de investidura. Procesos que se pueden originar en anónimos, que se resuelven (sobre el papel) en un término no superior a 80 días, y que son tan complejos que hasta los más reconocidos abogados de este país han fijado en 290 millones de pesos la tasa de honorarios para atender esa causa, y sin garantizar el final deseado. Procesos que contemplan como sanción la muerte política de un congresista.

Según la Constitución, los congresistas pierden su investidura “y no pueden volver a aspirar a cargos de elección popular”, según Beltrán, sin incurren en varias faltas. 

Por violación del régimen de inhabilidades o el de conflicto de intereses (hoy casi el 70 % del Congreso afronta denuncias por esta causa tras la aprobación de la fallida reforma a la justicia); por faltar a seis plenarias –sin excusa aprobada- en las que se voten proyectos o reformas constitucionales; por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse; por indebida destinación de dineros públicos, y por tráfico de influencias debidamente comprobado.

En Colombia los congresistas están muy observados y no falta quien trate de buscarles el quiebre, hasta por el mínimo detalle. Esa exposición será la que tendría que asumir Uribe si se convierte en senador, a pesar de que pueda tener privilegios que ningún otro senador pueda tener.