El gladiador

El martes pasado el Congreso evocaba más una escena del circo romano que un foro de debate. En medio de manotazos y golpes de pupitre de la bancada del gobierno, la oposición abandonó el recinto mientras el alto comisionado Luis Carlos Restrepo se batía desde el atril para defender al Presidente de las acusaciones que hizo Gustavo Petro sobre los presuntos vínculos de un hermano suyo con los paramilitares. Los chiflidos arreciaron cuando Gina Parody abandonó el salón, después de cuestionar duramente a Restrepo, a quien señaló por haberse "atravesado" a un acuerdo sobre la ley de Justicia y Paz.

Durante la última semana, el ambiente sobre la ley había cambiado y los más enconados opositores de la iniciativa del gobierno, como Gina Parody y algunos congresistas del Polo Democrático, urdían un acuerdo con el Ministro del Interior para que se incluyeran algunas modificaciones, especialmente en el tema de confesión y pérdida de beneficios, si esta última no era completa. En el gobierno había entusiasmo con la idea de que a último momento, la ley saliera con el apoyo incluso de los opositores, lo que le daría una enorme legitimidad frente al país y la comunidad internacional.

Sin embargo, Restrepo reiteró que la confesión es un obstáculo para el proceso de paz de Ralito. El acuerdo se quemó en la puerta del horno. El ganador indiscutible de la jornada fue el Alto Comisionado. Hubo ley, y en una versión muy parecida a la que siempre buscó el gobierno. Y ese es un triunfo político, porque la sensibilidad que despierta el tema, y la intervención, así fuera desde las tribunas, de actores tan poderosos y diversos como la comunidad internacional y los comandantes de Ralito, estuvo varias veces a punto de hundir la iniciativa.

¿Cómo fue que el hombre de la ternura se convirtió en un fiero gladiador para defender un proyecto de justicia y paz tan polémico? ¿Logró un equilibrio entre los instrumentos que necesita para hacer creíble entre los paramilitares la opción de la desmovilización, y una comunidad internacional idealista y rigurosa? El proceso fue largo y difícil.

Cuando en julio de 2002 el presidente Uribe anunció el nombre de Luis Carlos Restrepo como comisionado de Paz, pocos se sorprendieron. Un siquiatra con imagen de humanista parecía tener el perfil adecuado para enfrentar una misión casi imposible: un acuerdo con unos paramilitares que en ese momento eran poco conocidos, muy temidos y ampliamente censurados. Lo que casi nadie esperaba es que detrás del talante intelectual de Restrepo anidara un hombre pragmático y persistente que ha ganado uno tras otro peliagudos duelos relacionados con su de por sí difícil tarea.

Un año después de su posesión, y después de una fase exploratoria, se firmó el acuerdo de Santa Fe Ralito y se pactaron las primeras desmovilizaciones. Con el acuerdo en la mano, el Comisionado se dio a la tarea de redactar un proyecto de ley de 'alternatividad penal' que escandalizó a la comunidad internacional y generó las primeras fisuras en el uribismo. El senador Rafael Pardo fue el primero en alertar sobre la inconveniencia de un proyecto que llevaba a la impunidad porque no contemplaba cárcel para ningún delito atroz, que desconocía totalmente a las víctimas, que no garantizaba ni verdad, ni justicia, ni reparación. Las críticas de la comunidad internacional también llovieron. Se dijo que el proyecto de Restrepo no cumplía con ningún estándar y que si los paramilitares se acogían a él, podrían ser extraditados por la Corte Penal Internacional.

Atribulado por la reacción que generó su propuesta, el Comisionado se dedicó a hacer desmovilizaciones que cobijaron a más de 3.000 paramilitares en el primer año. Ni las más de 500 violaciones del cese de hostilidades, ni la desaparición de Carlos Castaño, ni que aún hoy no sea claro quiénes están y en qué calidad en la zona de ubicación de Santa Fe Ralito, lo detuvieron. Estaba convencido de que las escenas de los paras entregando armas generarían apoyo para el proceso y hechos cumplidos hacia la paz.

Pero la decisión de Restrepo de insistir en un modelo de negociación pragmático, sin debate público y sin consensos políticos, estalló en sus manos en septiembre del año pasado, cuando SEMANA reveló grabaciones secretas de la mesa de diálogo. En las grabaciones quedó claro que el tema del marco jurídico era una de las principales talanqueras del proceso. Y que ya no se podían seguir desmovilizando grupos sin resolver ese asunto.

Las grabaciones revelaron que los paramilitares querían estatus político para recibir amnistía e indulto. Además, que se les blindara contra la extradición. Esas eran las exigencias con las que tenía que lidiar Restrepo si quería llevar a buen puerto la negociación. Confiaban en que una ley les otorgara estos beneficios. Pero, al otro lado de la geografía, Rafael Pardo, Gina Parody y Luis Fernando Velasco tenían en sus manos un proyecto cuidadosamente redactado, después de consultar las experiencias de países como Sudáfrica, Chile e Irlanda. Era un proyecto de Verdad, Justicia y Reparación que, en síntesis, proponía una confesión de los crímenes y actividades ilícitas, la entrega de todos los bienes obtenidos en la actividad paramilitar, la reparación simbólica y económica de las víctimas, todo ello a cambio de una pena moderada de cárcel, que no superaba los 10 años. El proyecto de Pardo se robó el aplauso internacional. Sin embargo, para Luis Carlos Restrepo, quien tenía que encarar a los jefes de las AUC en las negociaciones de Ralito, esos conceptos equivalían a hacer inviable cualquier pacto. Dejar contentos a Michael Frühling, de la ONU: a Condoleezza Rice, y a Mancuso, 'Ernesto Báez' y 'Don Berna' era un imposible.

La encrucijada era tan compleja, que Restrepo llegó a renunciar, después de una agitada reunión en Cartagena, con la comunidad internacional presente, en la que se hicieron evidentes las posturas incompatibles y radicalizadas de todas las partes. Pero el presidente Uribe lo ratificó rápidamente, para enviar el mensaje claro de que buscaría que el Congreso aprobara una ley con la que Restrepo se sintiera cómodo. Tal como ocurrió esta semana cuando, después de cuatro meses de intenso debate, el Comisionado logró que se aprobara un texto del que dijo estar "muy orgulloso".

La ley de Justicia y Paz está hecha a la medida del proceso de Ralito. No es una panacea, todo el mundo le reconoce defectos y nadie está totalmente satisfecho. Tiene algo para cada parte: permite la desmovilización, por lo que deja contento al gobierno. Y les sirve a los paramilitares porque, aunque no resuelve el tema de la extradición, les puede brindar seguridad jurídica. El hecho mismo de que se les imponga una pena alternativa que tendrán que pagar en la cárcel ya le otorga a la ley la apariencia de que cumple con los estándares internacionales.

¿Es esto suficiente para hacer un aporte cierto a la paz de Colombia? Sobre este punto hay muchas dudas. "Más adelante el país tendrá que invertir mucho en mecanismos para destruir las estructuras criminales que se pudieron haber acabado incluyendo en la ley el tema de la confesión", dice el senador y candidato presidencial Antonio Navarro Wolf. Uno de los defensores más conspicuos de la ley, el representante Armando Benedetti, dice que "tenemos que resolver los problemas de a uno. Esta ley no sirve para arreglar todos los problemas del país, sirve para desarmar a esos tipos". Y es que, si bien la ley es un avance respecto a lo que hace dos años presentó el gobierno (desarme a cambio de perdón y olvido), no garantiza el desmonte real del paramilitarismo (ver recuadro). Por eso ya han arreciado las críticas de la comunidad internacional. La ONU lamentó que no se acogieran sus recomendaciones, Amnistía Internacional la llamó "una tragedia para las víctimas" y Human Rights Watch instó a los gobiernos a no financiar la misión de observación de la OEA, como gesto de protesta por la aprobación de la ley. Otros más pragmáticos, como el gobierno de Estados Unidos, respaldaron el texto, pero esperan que la ley demuestre su eficacia en la práctica. No obstante, se necesitará una estrategia diplomática contundente para convencer a la comunidad internacional de que esta ley logra un justo equilibrio entre justicia y paz.

El gladiador Luis Carlos Restrepo es un triunfador. Por un lado, logró hasta el último momento evitar que se acogiera la figura de la confesión. En diversas ocasiones él ha manifestado que si son obligados a confesar, los paras se levantarán de la mesa. Este punto debería favorecer la negociación, pero va en contra de la utilidad de la ley para descubrir la magnitud de los crímenes, los cómplices que han tenido los paramilitares y mucho menos el tamaño, la ubicación y el valor de sus bienes. Sin confesión es más factible dejar intactas las estructuras clandestinas con las que controlan negocios ilegales, cometen crímenes, y mantienen el control político y económico de las regiones. Y, lo que es peor, tal como quedó aprobada la ley, las víctimas siguen siendo las grandes perdedoras en este proceso.

Restrepo logró también el estatus político para los paramilitares, incluso para los capos de la mafia que no han logrado ocultarse entre el traje camuflado. Pero, a la vez, logró mantener la extradición como espada de Damocles para castigar a quienes no han podido contener su espíritu criminal. Una espada de Damocles que le ha servido para 'amansar' a dos de sus más ariscos contrapartes: Mancuso y 'Don Berna'. Y que le servirá para medir 'el propósito de enmienda' de cada uno de los jefes paramilitares, condición que ha puesto el presidente Uribe para que no sean extraditados durante su gobierno. En este aspecto hubo tablas entre lo que querían los paras y lo que necesitaba el gobierno para hacer presión.

La otra hazaña de Restrepo fue la aprobación de la ley por las mayorías gobiernistas, sin acudir a consensos con las demás fuerzas políticas del país, ni con los uribistas que han criticado el proceso, como Pardo y Parody. Triunfo político, con un costo en materia de legitimidad, nacional e internacional.

Ahora, el gladiador deberá demostrar que con su trofeo en la mano puede conducir el proceso de Ralito a buen puerto y cumplir la promesa de haber desarmado a todos los paras en diciembre de 2005. Todavía aparecerán nuevos enemigos peligrosos en el camino. La ambigüedad de la ley, por ejemplo. Las dosis de justicia, verdad y reparación que se logren con ella dependerán en buena medida de cómo se implemente. De que la Fiscalía y los tribunales funcionen, de que el fondo de reparaciones sea una realidad. De que las sanciones a quienes le 'pongan conejo' se hagan efectivas. Y de mantener la voluntad de negociación de los paras.

No son fáciles, en síntesis, las batallas próximas y definitivas que le esperan a Restrepo. La victoria final -que no es otra cosa que la paz con los paras bajo condiciones aceptables para la comunidad internacional- todavía está pendiente. Y puede ser mucho más esquiva que los triunfos que, hasta ahora, le despejaron la arena.