LA BOMBA DEL PROCURADOR

Por contundente, y porque va en contravía del clima uribista que habían creado las encuestas recientemente publicadas a favor de la reelección, el concepto del procurador Edgardo Maya es una bomba. No es obligatorio para la Corte Constitucional, que en un término de 90 días a partir de ahora deberá dar su fallo definitivo, pero contiene argumentos jurídicos que tendrán que ser tomados en cuenta durante sus deliberaciones, así sea para descartarlos, y encenderá un intenso debate en una opinión pública para la cual no existe ningún otro tema político que la excite.

Para Maya, el concepto que acaba de publicar puede ser el asunto más complejo de toda su gestión. No en vano se tomó casi todo el término que le concedían las normas y que se vencía este lunes. Tuvo que sentarse pacientemente a seguir con cuidado 40 casetes de audio y 44 de video sobre los ocho debates que se hicieron en el Congreso para reformar la Constitución y permitir la reelección inmediata. No es una coincidencia que el anuncio del extenso texto -tiene 136 páginas- se haya hecho público un viernes víspera de puente, que es el momento en el que más se diluye el efecto de las noticias y se amortiguan sus reacciones más inmediatas.

Lo más probable, sin embargo, es que la anestesia del puente no surta efecto. La reelección es el epicentro de la política, y todas las fichas del ajedrez están pendientes de su suerte. Más aun cuando falta menos de un año para las elecciones. La conclusión del Procurador va a alborotar el avispero, y vendrá la consabida avalancha de reacciones. Ya los opositores se frotaron las manos. Horacio Serpa dijo que era la decisión que los demócratas estaban esperando. Antonio Navarro, que los vicios de forma eran evidentes, y César Gaviria, que le va a dar elementos de juicio a la Corte. El alboroto es explicable: el país político es uno con Álvaro Uribe de candidato y otro sin que lo sea. El Plan A de todo el mundo es con el Presidente en la contienda. Ya la izquierda está gestando una coalición antiuribista y el Partido Liberal está cavando trincheras para no dejar pasar la maquinaria de Uribe. En fin, todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso dependen de lo que pase con el Jefe de Estado.

Otro aspecto interesante es el hecho de que la Procuraduría se haya atrevido a irse en contra de lo que, según las encuestas, anhela la opinión pública. Según la última de Invamer-Gallup, 67 por ciento está de acuerdo con la reelección. Y otras, contratadas por la Fundación Colombiana de la Empresa Privada, indican que la mayoría de los colombianos -un sólido 70 por ciento que supera, incluso, a quienes votarían por Uribe- espera que la Corte avale la reforma del Congreso.

La opinión del procurador Maya es un campanazo sobre el hecho de que las encuestas no reemplazan a las instituciones y de que los fallos de la justicia no se siguen por ellas, sino responden a argumentaciones en derecho. También, que a la hora de la verdad poco operan insinuaciones como las que hizo el senador Mario Uribe, en el sentido de desconocer un fallo que eventualmente contradiga el dictamen de las encuestas. Además, la Procuraduría, según las normas constitucionales defiende los intereses de la sociedad y los intereses colectivos. Su opinión, en consecuencia, más que la de un individuo, tiene un significativo peso institucional como representante de los ciudadanos. Independientemente de lo que hagan los nueve magistrados de la Corte, este hecho los libera de lo que algunos denominan 'el chantaje de las encuestas'.

Un aspecto más tiene que ver con la controversia sobre si la Corte Constitucional tiene facultades para examinar el fondo de las reformas que le haga el Congreso a la Carta. Sobre este punto no hay dudas entre los expertos, y la propia Corte Constitucional ha fijado jurisprudencia, pero subsisten confusiones en algunos sectores de la opinión pública en los que existe la percepción de que los nueve magistrados constituyen una instancia superior al Congreso, con facultad de definir, a su criterio, si la reelección es conveniente o no. La Constitución establece sin ambigüedad alguna que a la Corte le corresponde "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos reformatorios de la Constitución (...) sólo por vicios de procedimiento en su formación".

Y el Procurador considera que las razones por las cuales la reelección es improcedente provienen de vicios evidentes en el trámite. Inclusive rechaza argumentos de algunos demandantes que cuestionaban la competencia del Congreso para llevar a cabo este cambio. Considera que, en este caso, el Legislativo sí tenía la facultad de reformar la Carta Política. Lo que se violó, según la Procuraduría, fueron normas de procedimiento en el trámite del Congreso, que en materia de control constitucional son fundamentales. Las irregularidades que puede cometer el Legislativo cuando modifica la Carta Política no se refieren al fondo, sino a la violación de las formas previstas para hacer las reformas (ver recuadro).

Lo que viene ahora

La gran pregunta que queda, una vez conocido el concepto del Procurador en contra de la reelección, es cuáles serán sus efectos. Desde el punto de vista jurídico, no le quita poder a la Corte, que tiene plenos poderes para decidir. Pero, ¿influirá en el fallo? ¿Genera presión? ¿Hay espacio para interpretar los hechos de una manera diferente?

Más allá del concepto mismo y su argumentación jurídica, lo más interesante es la coincidencia entre los conceptos de la Procuraduría y los fallos de la Corte Constitucional. En los últimos 15 años, en la inmensa mayoría de los proyectos más importantes y más controvertidos ambas instituciones han ido de la mano en sus planteamientos jurídicos.

No obstante, algunos de los expertos consultados por SEMANA descartan un fallo de la Corte que acoja totalmente la reflexión que acaba de dar a conocer Maya Villazón. Algunos fallos anteriores indican que podría haber diferencias, por ejemplo, en la evaluación negativa sobre la manera como se tramitaron las inhabilidades: los propios magistrados han actuado de igual manera, para tramitar recusaciones. Tampoco es claro que la importancia que Maya acaba de darles a las violaciones al reglamento sea imitada por los magistrados. Y no hay que olvidar que en esta instancia el gobierno ha respondido, con juiciosos tratados, cada uno de los argumentos presentados por los demandantes.

Algunas personas cercanas a la Corte consideran que con la actuación de Maya se alivia la presión que existía sobre ella. En caso de que su intención sea tumbar la reelección, ahora podrá hacerlo con el respaldo de otra poderosa institución: la Procuraduría. Si se inclina por avalar la reforma, su dictamen será recibido con entusiasmo por la opinión pública. Además, quedó claro que la reelección no está solamente en sus manos, y que hay otras instituciones que tienen velas en el asunto. No sólo la Procuraduría, sino, sobre todo, el Congreso.

Aunque existen sólidas evidencias de que las mayorías en el Congreso eran partidarias de reformar la Constitución para permitir la reelección -y tenían la facultad de hacerlo-, el concepto de Maya Villazón también deja en claro que los parlamentarios actuaron con demasiado afán. Si algún denominador común tienen las objeciones señaladas por la Procuraduría, es que son producto de la prisa. Según el Ministerio Público, para el Congreso, en esta ocasión, del afán no quedó sino el cansancio.

Independientemente del desenlace final, hay que abonarle al Procurador el hecho de haber redactado su dictamen de una manera contundente. En una materia tan delicada, el consabido 'sí pero no' al que recurren casi siempre algunas instituciones para quedar bien con todo el mundo, tendría efectos nocivos porque prolongaría la incertidumbre. Y Maya habría podido, con los mismos considerandos, elaborar una conclusión ambigua. La Corte debería aprender esta lección y, no importa cuál sea el sentido de su fallo, despejar la confusión que hasta ahora domina el panorama político.