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| 3/20/2005 12:00:00 AM

La espada de Damocles

El proceso de paz con los paramilitares puede llegar a romperse por cuenta de la extradición. El Tío Sam tiene la última palabra.

La espada de Damocles, Sección Portada, edición 1194, Mar 20 2005 La espada de Damocles
A la historia larga y dramática de la extradición en Colombia le apareció un nuevo capítulo. En la discusión sobre el proyecto de justicia y paz en el Congreso, el fantasma de la solicitud que pesa contra los principales jefes de las AUC mantiene en peligro la viabilidad de la negociación. Un fiscal de Tampa, de segundo nivel, estuvo a punto de revivir el proceso 8.000. Y la presencia de pesos pesados de la mafia, con los Rodríguez Orejuela a la cabeza en las cortes estadounidenses, ha abierto un debate sobre las garantías de los colombianos que son juzgados en ese país. Definitivamente, la historia sin fin de la extradición será la principal determinante del éxito o fracaso del diálogo con los paras, y eso a su vez implica que Estados Unidos jugará un papel clave en definir su final.

Por cuenta de la extradición, el proceso de negociación con las AUC acaba de atravesar una verdadera semana de pasión. El lío causado por la declaración del fiscal Paul Pérez, de Tampa, y el empantanamiento del proyecto de ley -dos hechos desconectados y ajenos a Santa Fe de Ralito- volvieron a sacar a flote la eventualidad de un final abrupto de la negociación.

Los distantes episodios tuvieron en común que en ambos hay versiones sobre esfuerzos de los abogados de la mafia por proteger a sus defendidos de la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos, los que inevitablemente traen a la memoria escenas de los abogados de los carteles presionando a la Constituyente en 1991, o los narcomicos que se hicieron famosos en el Congreso durante la primera mitad de la década de los 90. En 1997, según el fiscal Pérez, hubo un soborno millonario (ver siguiente artículo) para prohibir que se aplicara la extradición para hechos anteriores a esa fecha y, ahora, un supuesto narcomico busca asegurar que los jefes de las AUC involucrados en el narcotráfico no puedan ser enviados ante tribunales estadounidenses.

La controvertida salida de Pérez tiene que ver con la duda sobre si el actual régimen de la extradición impide o no que se juzgue por los supuestos delitos cometidos antes de ese año a Joaquín Mario Valencia, el caballista extraditado para quien está tratando de lograr la máxima condena posible. Su declaración inicial motivó una rápida acción de la Cancillería colombiana, que le pidió al Departamento de Estado asegurar el cumplimiento de las garantías del procesado y aclarar los alcances de la opinión del fiscal de Tampa. Así lo hizo la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, con un comunicado contundente que le bajó de inmediato la temperatura al escándalo. El viernes, el propio Pérez aclaró que tendrá en cuenta todas las pruebas contra Valencia, pero que buscará que sólo sea castigado por los delitos posteriores al 97.

La rápida solución del malentendido diplomático fue fundamental para detener también la crisis del proceso de negociación con las AUC. Al fin y al cabo, lo que discutieron la semana pasada las comisiones conjuntas del Congreso fue precisamente una fórmula para tratar a paramilitares acusados de narcotráfico y solicitados en extradición. Senadores como Rodrigo Rivera y Juan Fernando Cristo consideraron que esta fórmula era un narcomico, de los mismos que se hicieron famosos hace 10 años.

La figura surge de la combinación de dos artículos del proyecto, el 20 y el 64, que si se adoptan en forma simultánea podrían obstaculizar en el futuro la extradición de los comandantes de las AUC. El primero de ellos establece que todos los crímenes que se le imputen a una persona se acumularán. El segundo permite que a los miembros de grupos paramilitares se les trate como culpables de 'sedición', que es un delito político. Como la Constitución Nacional prohíbe la extradición por este tipo de infracciones, los abogados de los miembros de las autodefensas podrían argumentar en el futuro que sus defendidos no pueden ser enviados a cortes estadounidenses porque son delincuentes políticos. Ni siquiera si son acusados por narcotráfico, porque este último se podría considerar conexo (derivado) a la actividad política de la sedición.

Aunque hay en principio un acuerdo entre los miembros de las comisiones primeras para modificar el artículo 20, queda en el aire la preocupación de que se vuelva a intentar su introducción en las plenarias, terreno más fértil para los narcomicos. La preocupación se agrava por el hecho de que un abogado de miembros de las mafias, Gustavo Salazar Pineda -quien publicará un libro que avala la versión del fiscal Pérez sobre el soborno masivo en 1997-, reconoció que el artículo 64 coincide con una fórmula diseñada por él con un grupo de abogados que se reunieron en Costa Rica hace dos años para buscar mecanismos de solución para la situación jurídica de los paramilitares.

TAMBALEA RALITO

El panorama para la negociación no auguraba ningún futuro.Ya las sesiones conjuntas de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara venían cojeando. Desde Santa Fe de Ralito, los principales jefes de las AUC habían dejado saber desde el martes que no se encontraban satisfechos con el texto que se estaba trabajando. Su mayor preocupación es que no hay seguridad jurídica, pues no garantiza que las normas que se acuerden -sobre todo la no extradición para los miembros de la cúpula- no puedan ser modificadas en el largo plazo.

Algunos congresistas recibieron mensajes que indicaban que los paras preferían que se hundiera la iniciativa y, después, que se dilatara. E incluso una fuente le dijo a SEMANA que desde el martes por la mañana los comandantes de Ralito tenían un documento redactado para hacer público en el momento en que tomaran la decisión de pararse de la mesa, y que el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, tuvo que enviarles tres obispos para calmarlos. Inclusive se presentó una audaz propuesta para que algunos voceros de las AUC pudieran volver al recinto del Congreso para fijar en público su posición. Aunque el gobierno logró destrabar la discusión, el candente debate quedó postergado hasta después de Semana Santa. Las sesiones extras que se citaron durante un mes para tratar este asunto fueron prácticamente en vano.

En una situación tan delicada, las declaraciones del fiscal Paul Pérez no podían haber sido más inoportunas. La versión del soborno de 1997 envió mensajes en múltiples direcciones que incrementaron el nerviosismo y las desconfianzas en torno al proceso de negociación. En primer lugar, a los congresistas. El apoyo a alternativas que facilitan la desmovilización se volvió sospechoso en momentos en que se denuncia que quienes hicieron algo parecido hace ocho años actuaron a favor de los narcos y por haber recibido jugosas coimas. Para los jefes de las AUC, la noticia de que la norma constitucional puede ser irrespetada por un fiscal o por un juez local en Estados Unidos incrementa la inquietud sobre el tema de la seguridad jurídica. Vale decir, la permanencia en el largo plazo de los compromisos que los favorecen. Y para el gobierno, el hecho de que varios congresistas que integran parte de su bancada actual forman parte de la lista de quienes votaron en contra de la retroactividad lo deja en una situación incómoda.

Lo que habría que ver es si después de las declaraciones del embajador William Wood a favor del respeto a las garantías acordadas, el proceso tiene posibilidades de levantarse y andar cuando se resuma el debate en la semana de resurrección.

La posición del gobierno de Estados Unidos, al final de cuentas, deja un sabor favorable sobre su apoyo a la negociación. Al salir de la Cancillería, donde la ministra Carolina Barco hizo una extensa explicación del proyecto de 'justicia y paz' para todo el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá, el embajador Wood afirmó que a su gobierno no le preocupa el polémico artículo 64. Aunque no profundizó sobre las razones del apoyo, y por momentos pareció que no tenía todos los elementos para calibrar sus implicaciones, el gobierno de ese país ha sido informado por el de Colombia sobre cada paso que se ha dado en el proceso.

Además, el incidente desatado por el fiscal de Tampa deja en claro que a la hora de la verdad las consideraciones políticas del Departamento de Estado pesan más que la opinión individual de un funcionario de la justicia, por más autonomía que tenga. No hay que olvidar que ya al año pasado, cuando fue extraditado Gilberto Rodríguez Orejuela, un juez de Miami que llegó a afirmar que lo procesaría por delitos anteriores a 1997 había tenido que retractarse. Y no se puede menospreciar la confianza que tiene la actual Casa Blanca en el gobierno de Álvaro Uribe, que se traduce en un significativo margen de maniobra para el Presidente.

EL LÍO DE LAS GARANTÍAS

Lo anterior no significa que no haya problemas graves. Es muy probable que el tema de la extradición de los jefes de las autodefensas obligue en algún momento a trazar una línea entre extraditables y no extraditables, dependiendo del grado de participación que hayan tenido en el narcotráfico. Y esa delimitación puede resultar muy compleja, y hasta propiciar conflictos entre los comandantes de las AUC. En Ralito consideran que es posible evitar ese punto mediante un acuerdo político sobre una ley de unidad nacional para la paz o, como plan B, un referendo. La idea central sería que se haga un reconocimiento colectivo del proceso de negociación, para evitar tratamientos individuales. La apuesta es tan ambiciosa que genera serias dudas sobre su viabilidad.

El otro hilo que está cortado es el de los procedimientos mediante los cuales se llevan a cabo las extradiciones, y los mecanismos para asegurar las garantías de los procesados. Puesto que el tratado firmado entre Colombia y Estados Unidos hace más de dos décadas no es aplicable (ver recuadro), actualmente estos procesos se evalúan caso por caso, bajo los parámetros fijados por el Código de Procedimiento Penal y por el artículo 35 de la Constitución de Colombia. Como esas normas son nacionales no obligan a Estados Unidos, pero por un pacto informal cada vez que se envía un procesado los gobiernos intercambian notas diplomáticas en las que manifiestan su compromiso de cumplir las condiciones estipuladas en la legislación colombiana. En ellas se amparan garantías como la de no ser juzgados por hechos anteriores al 97, no ser condenados a cadena perpetua o a pena de muerte, ni ser castigados por conductas que no son consideradas delitos en Colombia.

La falta de un tratado vigente que obligue formalmente a los dos Estados ha generado muchos problemas. Tanto el juez de Miami que en diciembre pasado amenazó con juzgar a Gilberto Rodríguez por hechos anteriores al 97, como el juez de Tampa que la semana pasada hizo lo propio en el caso de Joaquín Mario Valencia menosprecian el valor jurídico de las notas diplomáticas. Ya a finales del año pasado, la Corte Suprema de Justicia había expresado su preocupación por evidencias de que varios de los extraditados han sido condenados con fallos y condiciones que violan las garantías allí estipuladas.

La presidenta del más alto tribunal, Marina Pulido de Barón, le pidió a la Cancillería información sobre un grupo de 23 colombianos que actualmente están en cárceles estadounidenses y consideró insatisfactorios los informes con los que respondió la ministra Barco, que a su vez habían sido enviados por la embajada en Washington. Como epílogo, delegaciones de los dos países acaban de acordar, el 8 de febrero pasado, un cambio en la redacción de las notas que se cruzan cada vez que hay una extradición. El texto nuevo es más afirmativo en el respeto a las obligaciones previstas en las normas colombianas.

Sin embargo, lo único que establecería unas bases firmes sobre el régimen de extradición sería un tratado válido desde el punto de vista del derecho internacional. Para lo cual se necesitaría firmar uno nuevo, o ratificar el de 1981. En ambos casos el tema iría al Congreso, donde la historia demuestra que los tentáculos de la mafia se mueven con soltura para influir las decisiones en su favor. El remedio, en otras palabras, incluye dosis del virus que se desea curar.

El fantasma de la extradición, en fin, ronda de nuevo. En lo que se refiere al proceso con los paras, eso implica que Estados Unidos tendrá la última palabra. ¿Será tolerante y flexible frente a las aspiraciones de la cúpula de las AUC? El discurso de los principales voceros del gobierno Bush ha sido en general intransigente, pero la semana pasada el embajador Wood dio señales de que puede actuar con pragmatismo. La posición definitiva dependerá de muchos factores, como la opinión pública interna en ese país y la actitud del Congreso. Lo que es un hecho es que la puntada final del proceso no está en manos de los colombianos.

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