Que llegue el crédito

Las medidas adoptadas por el gobierno y el Banco de la República para proveer liquidez a la economía y al sistema financiero son la adecuadas para garantizar que el mercado de fondos prestables se mantenga disponible. Ahora, con esa meta alcanzada, lo fundamental es hacer que el crédito llegue al aparato productivo nacional rápidamente con tasas de interés bajas que permitan que en el futuro las empresas, particularmente las mipymes, puedan operar y hacer sus inversiones con regularidad, sin quedar sobreendeudas y dedicadas a pagar onerosos costos.

En primera medida el crédito debe fluir a las unidades productivas, incluyendo los pequeños negocios y los trabajadores informales, a buena velocidad para que su liquidez no fracase y los elimine de la economía con la consecuente perdida de empleos, y se profundice el efecto recesivo que sin duda se desencadenará sobre la economía. 

Las mipymes, particularmente, están experimentado varios obstáculos y demoras para acceder a las líneas de crédito dispuestas por el Gobierno nacional y los gobiernos locales de las principales ciudades. Los cuellos de botella inician con la exigencia de varios documentos, luego el análisis del crédito por parte de la entidad financiera, y finalmente, si hay aprobación, el desembolso. Todo ese proceso esta tomando entre tres y cuatro semanas mínimo. Lo anterior representa un grave problema porque deja sin efecto los instrumentos de política pública generados por el Estado, además, cuando finalmente se desembolsen los recursos es probable que las unidades productivas hayan quebrado o se encuentren en serios problemas de cesación de pagos.

Es comprensible que las entidades financieras estén copadas por el volumen de nuevas solicitudes que están recibiendo y el necesario análisis de crédito que deben hacer, sin embargo, en el momento actual conviene utilizar las garantías provistas por el Gobierno a través del FNG para suavizar sus exigencias frente al riesgo de impago, que finalmente es cubierto por esas garantías. Si los prestatarios ya son sus clientes con adecuados historiales de pago deben agilizar el desembolso de los nuevos créditos, puesto que analizar capacidad de pago con base en proyección del comportamiento futuro termina sesgando las decisiones hacia el rechazo de estas. En este último aspecto, la Superfinanciera, debería expedir una circular transitoria para que los establecimientos de crédito relajen sus exigencias frente al análisis de solicitudes de crédito nuevas de sus clientes antiguos, particularmente del segmento pyme, más aún sin son respaldadas con garantías del FNG, una acción de ese estilo desde el regulador tiene el potencial de aflojar el grifo para que el dinero fluya al aparato productivo.

El otro factor que el Ejecutivo debe iniciar es la apertura del diálogo con el sector financiero para que las tasas de colocación de los créditos nuevos tengan menores tasas de interés que las colocaciones tradicionales, ya que, si el financiamiento se encarece y tampoco llega a tiempo las empresas, en lugar de financiar costos fijos como la nómina, el arrendamiento y otros gastos operativos con deuda, van a preferir recortarlos o declarar la moratoria por fuerza mayor de algunos de ellos. Una situación de esa naturaleza pone en riesgo a todo el aparato productivo, destruye empleos de forma generalizada, y lo peor de todo, tiene el potencial de generar un efecto sistémico cuando las pymes ya quebradas inicien el incumplimiento de sus obligaciones financieras.

El costo del dinero debe reducirse para que su uso en el presente por parte de las empresas no comprometa su futuro, dado que la deuda de todos modos tendrá que ser devuelta con intereses, lo que contraerá su capacidad de inversión, por ende, el crecimiento y capacidad de generar nuevos empleos o de restablecer los que ya han sido destruidos. El choque de demanda sufrido por la economía hará que los ingresos de todas las empresas caigan afectando su capacidad de pago, por eso la importancia que la tasa de retorno de la cartera bancaria también disminuya para que se ajuste a la tasa de utilidad menores que tendrá la economía en conjunto luego de que se logre controlar la epidemia del coronavirus.