ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

Retos para las petroleras

Estas empresas se han enfrentado a entornos difíciles, en regiones con una débil presencia institucional y han entendido que la sostenibilidad de sus operaciones debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de dichos entornos sociales.

Alejandro Martínez Villegas*
9 de junio de 2010

El sector petrolero evidencia un crecimiento sostenido en la última década: la inversión extranjera directa en exploración y producción fue de 500 millones de dólares en 2002 y el año pasado llegó a 2.600 millones de dólares. Es decir que se multiplicó por 10 la exploración sísmica y por 8 los pozos exploratorios perforados, lo cual ha significado una presencia masiva de compañías petroleras en las regiones del país.

Con ese nuevo panorama, surgen expectativas en las comunidades vecinas a las zonas de influencia de dichas compañías para que construyan las carreteras, puentes, colegios, hospitales, etc. que las regiones han necesitado por décadas. De la misma forma, se espera que toda la contratación de personal y de bienes y servicios sea de origen local y que los salarios sean sustancialmente más altos a los que pagan otros sectores.

En materia macroeconómica, surge la preocupación por una eventual enfermedad holandesa ante el importante aumento de la renta y las divisas petroleras. Sin embargo, el Gobierno Nacional está estructurando un proyecto de ley para definir una ‘regla fiscal’ para prevenir su ocurrencia.

Por lo tanto, debería pensarse también en cómo maximizar los beneficios de esa nueva renta. En otras palabras, el Estado y el sector empresarial petrolero enfrentan retos muy importantes en materia de viabilidad y sostenibilidad de las operaciones petroleras.

Ahora bien, la industria es reconocida por su positivo desempeño en materia de gestión social y ambiental, a la vanguardia en materia de autogestión. Es un sector que se ha enfrentado a entornos difíciles, en regiones con una débil presencia institucional y ha entendido que la sostenibilidad de sus operaciones debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de dichos entornos sociales, fortaleciendo al Estado sin sustituirlo.

Se han hecho inversiones directas y apoyado programas estatales, en asuntos tan diversos como los proyectos para impulsar la generación de recursos en comunidades base o de promoción del liderazgo y participación ciudadanos, de fortalecimiento a la rama judicial (Casa de Justicia y estructuras de apoyo), a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad (convenios de cooperación), o a las entidades de control para mejorar la inversión de las regalías (auditorías visibles y Comités de Seguimiento a la Inversión de las Regalías – CSIR).

Incluso, se ha llegado al punto en el cual las empresas están asumiendo la construcción de las vías de acceso a sus áreas de operación y se responsabilizan de hacerles mantenimiento.

En materia ambiental es notable que, frente a ese masivo aumento de actividad y de cubrimiento territorial, en los últimos dos años sólo el uno por ciento de los casos ha sido sancionado, siendo el sector más vigilado por la autoridades ambientales. De hecho, es hoy un ejemplo en materia de autogestión ambiental (Fondo de Aceites Usados).

Este crecimiento de las operaciones implica para el Estado, en primer lugar, asegurar que las acciones de alcaldes y gobernadores estén alineadas con la política petrolera nacional, particularmente en el manejo de las sobre-expectativas de las comunidades vecinas, que han empezado a acudir a vías de hecho (paros y bloqueos) con la pretensión de obligar a las empresas petroleras a que hagan inversiones que los Gobiernos locales no han podido realizar con las regalías. Entre otras razones, porque la ley le asigna destinación específica a estos recursos.

Para los ministerios competentes, implica estar prestos a atender el incremento en solicitudes de licencias y permisos ambientales, así como de consultas a las comunidades étnicas. También a mandar las señales regulatorias para que se den las inversiones en la infraestructura de transporte por tubos para el gas, petróleo crudo y combustibles.

En suma, la viabilidad y sostenibilidad de las operaciones petroleras está referida a que las empresas profundicen su buen desempeño en materia de gestión social y ambiental, al paso de que el Estado como un todo esté alineado frente al éxito que la política petrolera gubernamental está teniendo, asegurando la estabilidad de dicha política hacia el largo plazo.

* Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo