Lío por impuesto a telefonía en Barranquilla

La saliente alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, tiene en sus manos una compleja decisión. Tendrá que decidir entre aprobar u objetar un nuevo impuesto aprobado por el Concejo de esa ciudad para los usuarios de telefonía fija y móvil. Ya se escuchan voces de inconformidad por la particular propuesta de los cabildantes.

Fue por eso que el ministro de las Telecomunicaciones, David Luna, salió a terciar en la polémica. El funcionario envió una carta a la alcaldesa Noguera solicitando que objete el proyecto. El alto funcionario entregó argumentos para defender a los usuarios de un nuevo golpe al bolsillo. El primero de ellos, y acaso el de más peso, es que el Concejo se habría extralimitado en sus funciones.

De acuerdo con la argumentación de Luna, sólo el legislativo tiene las funciones para imponer nuevos gravámenes. “La facultad de creación de los impuestos está en cabeza única y exclusivamente del legislador (principio de reserva legal y legalidad tributaria) y el Congreso de la República no ha creado dicho tributo y mal hace el Concejo Municipal en crearlo y exigir su cobro”, señaló el ministro.

La historia de este polémico impuesto tiene varios capítulos. Los concejales, en cabeza de su presidente Carlos Rojano Llinás, han indicado en repetidas ocasiones que el recaudo es necesario para solventar algunas de las obras que propuso el alcalde electo, Alejandro Char. Como la situación fiscal del país no es fácil y la ciudad no atraviesa su mejor momento “es necesario echar mano de nuevas alternativas”.

Pero no sólo los concejales han estado al frente de la iniciativa. De acuerdo con lo que reporta el diario El Heraldo, la propia Secretaría de Hacienda de Barranquilla informó que el impuesto para la telefonía fija en el estrato uno sería de 500 pesos mensuales, que le llegarán en su factura. Para el estrato dos, $1.000; el estrato 3, 1.500 pesos, mientras que los estratos 4, 5 y 6 pagarían 3.000, 7.000 y 10.000 pesos, respectivamente.

Para la telefonía móvil el gravamen sería de un 3 % de la factura para quienes paguen menos de 60.000 pesos, lo que serían 1.800 pesos mensuales. “Las facturas cuyos precios oscilen entre 60.000 y 100.000 pesos pagarán el 4 %, es decir que una factura de 100.000 pesos pagará 4.000 pesos y si la factura es de más de 100.000 pesos pagará el 5 %”, informaron desde la secretaría.

Las voces en contra no se hicieron esperar. Primero fueron los propios usuarios lo que mostraron su molestia. Después, la Asociación de  Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) envió una carta a la alcaldesa para que descarte el proyecto.

El argumento de Andesco es similar al del ministro Luna: el nuevo impuesto no pasaría la revisión de un tribunal administrativo. Además, la propia Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema y la respuesta es la misma: sólo el Congreso puede implementar nuevos impuestos. La propuesta, entonces, tendría visos de inconstitucionalidad.

Peligroso precedente

Para varios analistas del sector de las tecnologías “es grave” que los concejales tengan una visión reducida del impacto de la telefonía móvil en una ciudad. “Cuando las finanzas no cuadran echan mano de un servicio cada vez más utilizado como el celular y desincentivan el uso productivo de estas tecnologías”, señalan.

En el mismo sentido se pronunció el ministro Luna en su misiva a la alcaldesa Noguera. "un impuesto de esta naturaleza desincentivaría el acceso y uso de los servicios de telefonía y generaría una carga irrazonable a los usuarios de dichos servicios, generando una barrera en el acceso a la tecnología", afirmó Luna.

Por su parte, los concejales afirman que deben echar mano de estos recursos para la atención del pasivo pensional que tiene la ciudad y para financiar proyectos de cultura y deporte. Sin embargo, los detractores señalan que “no se puede detener la expansión de la tecnología con más impuestos porque la gente optaría por no tener líneas o acceso a planes de datos”.

Es claro que cada vez son más los colombianos que utilizan sus teléfonos como herramientas de trabajo y conexión. Para muchos, el teléfono es la propia oficina. A pesar de esto los concejales de la capital de Atlántico perciben estos servicios como bienes de lujo y no como una necesidad básica. Por esto, en caso de prosperar el impuesto vía Concejo quedaría un cuestionable precedente para el resto del país.