¿Netflix debe pagar impuestos?

El representante a la Cámara por Risaralda Diego Patiño Amariles abrió la caja de Pandora. Presentó a consideración el proyecto de ley número 077 de 2015, que reza textualmente: “busca que servicios de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de comunicaciones sean considerados un servicio público y que sean regulados por una entidad gubernamental”.

Que las plataformas de internet paguen impuestos es un tema de altísima complejidad, que curiosamente despierta pasiones como si se tratara de un partido de fútbol. Lo que ocurre con Netflix tiene un símil con la historia de Uber en Colombia. Ambas son modelos disruptivos de negocio que tomaron por sorpresa al Estado.

El paradigma de la libertad en internet hace que cualquier intervención del Estado sea tomada como “intromisión” y muchos sectores lo asocian a la protección de intereses particulares. Sin embargo, los gobiernos en todo el mundo están concentrados en encontrar fórmulas para poder encajar estas plataformas en legislaciones anacrónicas escritas en la era preinternet.

En cuanto a Netflix en Colombia, una de las aristas de la discusión es la tributación. De acuerdo con la propuesta del representante Patiño, al considerar las plataformas de video por streaming públicas, tendrían la obligación de aportar recursos al Fondo Audiovisual y de Contenidos, entidad que financia contenidos audiovisuales públicos.

Según cálculos del Gobierno, Netflix puede tener hoy en el país cerca de 600.000 usuarios que pagan mensualidades desde $14.000 para acceder a películas, series y un contenido preferencial. Y el tema de fondo es que los recursos no se quedan en el país, ni siquiera en la región, sino que van al exterior.

La revista Dinero, en su más reciente edición reveló que, de acuerdo con el estudio El ecosistema y la economía digital en América Latina, de Raúl Katz –patrocinado por la Cepal, la CAF, la Fundación Telefónica, entre otros–, de los 100 sitios más populares sólo 26 son locales y el 63 % del tráfico de la región es internacional, en especial hacia Estados Unidos.

Semana.com consultó a varios expertos sobre este tema para que entreguen algunas luces. Sadi Contreras, experto en temas de la industria de la televisión, considera “la explotación de cualquier servicio entre los límites geográficos de un país requiere de una reglamentación que garantice la equidad, el equilibrio y la igualdad entre competidores, sin importar que sean extranjeros o nacionales”.

Contreras explica además, que en caso de que las plataformas de televisión por demanda (conocidas como OTT) decidan emitir programación en parrilla, como lo hacen los canales nacionales, sí es necesario que paguen impuestos. “Sin embargo, si el servicio se reduce a ofrecer servicios de video o películas, no sería necesario porque no afectan la competencia”.

Por su parte, Jose Luis Peñarredonda, editor del portal Enter.co, dice que “las condiciones de los servicios que ofrezcan empresas nacionales deberían ser las mismas que las que ofrezca Netflix o cualquier otra. El campo de juego debe ser nivelado”.

La visión de Germán Yances es más escéptica. El experto señala que es difícil cobrar tasas y tarifas a Netflix, teniendo en cuenta que el operador está fuera del país y no tiene representación en Colombia. “Utilizan como plataforma las comunicaciones on line o streaming, y la comunidad mundial no parece dispuesta a permitir controles”.

Competencia leal

A diferencia de los taxistas en el caso de Uber, los productores de contenido del país han competido de frente contra Netflix. Entraron en el tablero con desarrollos como Caracol Play, Claro Video y los servicios que prestan Movistar Video y Une a sus abonados. De hecho, voceros de Claro señalaron recientemente que su plataforma digital le ha quitado mercado a Netflix en México.

Pero el tema es que a la hora de invertir en la producción de contenidos propios es claro que unos pagan más que otros. Un ejemplo para retratar: mientras Netflix no le pagó nada al gobierno colombiano por presentar su serie Narcos, Caracol Televisión sí tuvo que tributar lo que está establecido en la ley por producir su serie Escobar, el patrón del mal.

Esta diferenciación desnivela la cancha y no deja que la competencia sea completamente leal. El tema es que la ley que están diagramando en el Legislativo tiene que ser tan disruptiva como las propias plataformas.

El reto para los congresistas no es nada sencillo. Usualmente, cuando los gobiernos entran a regular temas de internet, muestran su desconocimiento del contexto y todo acaba en episodios como la infausta ‘Ley Lleras’, que terminó engavetada. Es claro que la regulación tiene que estar y debe equilibrar las cargas para que los nacionales compitan con las mismas condiciones que los extranjeros. No será una tarea sencilla.