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| 6/12/1995 12:00:00 AM

DIME CUANTO GANAS...

Determinar el monto de la pensión de alimentos para los hijos es una dura batalla que se libra a diario en los estrados judiciales.

DIME CUANTO GANAS..., Sección Vida Moderna, edición 680, Jun 12 1995 DIME CUANTO GANAS...
CARMEN ROSA no podía creer lo que estaba escuchando. Luego de demandar la pensión de alimentos para los dos hijos menores que quedaron bajo su custodia, el juez acababa de informarle la suma que recibiría por parte del padre de sus hijos: 20.000 pesos mensuales para educación, comida, vestuario, salud y vivienda ¿Cómo podía ser posible que su ex, un profesional independiente, no hubiera sido condenado a pagar una suma mayor si se sabía de su capacidad económica y, hasta él mismo era consciente de los gastos que los niños demandaban?
El caso de Carmen Rosa no es raro en Colombia. En los procesos de alimentos que se ventilan en el país es frecuente ver pensiones por cifras verdaderamente irrisorias, que más parecen una broma de mal gusto que un apoyo económico. De las mil demandas por alimentos que mensualmente se presentan en los juzgados de familia de Bogotá, la gran mayoría termina en cuotas que no representan siquiera la cuarta parte del salario mínimo legal. El juez 1° de Familia de Bogotá, Néstor Antonio Sierra, dice: "En su gran mayoría se trata de gente de muy escasos ingresos. Por lo general las partes acuerdan cuotas de 15.000 pesos porque no dan para más. La mayoría oscila entre 10.000 y 30.000 pesos". Si vivir con 118.000 pesos, que es el salario mínimo legal, es una hazaña, sostener un hijo con la cuarta parte de esa cifra es un imposible. Sin embargo, eso es lo que en la mayoría de los casos la ley puede fijar.
Cuando se trata de trabajadores independientes, los juzgados de familia no tienen otra alternativa que fijar el monto de la pensión alimentaria teniendo en cuenta la presunción legal de que el obligado devenga, al menos, el salario mínimo. Y ello ocurre, entre otros motivos, porque, en general, existen dificultades para probar los ingresos, establecer su patrimonio o determinar la capacidad económica de quien debe pagar los alimentos.
Pero 'alimentos' no quiere decir solamente comida. "La ley entiende por alimentos todos aquellos gastos que una persona necesita para subsistir, es decir, vivienda, educación, salud, alimentación y recreación", explica el abogado Helí Abel Torrado, especialista en derecho de familia. Y señala que aunque es un deber otorgarlos, el monto está determinado por la capacidad económica del demandado.
En el caso de las personas que tienen ingresos fijos, existe una mayor posibilidad de obtener el reconocimiento de pensiones que llegan hasta el 50 por ciento del salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales -luego de las deducciones de ley-. Sin embargo los jueces de familia ven con frecuencia a personas que en el momento en que se ven embargadas deciden renunciar a sus empleos para evitar que se comprueben sus ingresos y la obligación se establezca en una suma muy alta. "Si a una persona que gana el mínimo le embargan el 50 por ciento del sueldo, queda con 40.000 pesos para vivir y prefiere renunciar -dice el juez Sierra- Otros, por no aportar, renuncian y se desaparecen. Pero aunque lo hagan, la pensión de alimentos continúa vigente. Y si él no la asume, se puede demandar a otros familiares para que respondan ". Si bien es cierto que el proceso de alimentos es único, el resultado no es siempre el mismo, como explica la juez 10 de Familia Rosa María Cabezas: "La fijación de las pensiones en los procesos de alimentos difiere en atención a factores como la clase social, ilustración, actividad comercial o laboral, número de obligaciones alimentarias, etc., que tengan las partes. Así, por ejemplo, mientras un demandado de clase económicamente alta puede ofrecer alimentos para sus hijos por la suma del 1.500.000 pesos y contribuciones adicionales; uno que devengue el salario mínimo y no tenga más entradas económicas pero sí otras relaciones maritales en las cuales hay menores, escasamente puede ser condenado a pagar cuotas que resultan de dividir el 50 por ciento de su salario por el número de hijos que tenga". Pero la suma que fija un juez puede ser revisada posteriormente. "Esos procesos no hacen tránsito a cosa juzgada, así que si el demandado aparece después con una mejor posición económica, el demandante puede pedir un incremento de la cuota; claro que igual puede pasar si las circunstancias desmejoran ", dice la juez. Claro que esas sumas irrisorias no obedecen siempre a los escasos recursos con que cuenta el demandado o a las dificultades probatorias de sus ingresos. El reclamo de muchas mujeres es que el fantasma del machismo parece rondar por los estrados judiciales. No son pocas las separadas que se quejan de encontrar una postura cicatera a la hora de fijar el monto de la cuota. Es el caso de Clara Inés, quien luego de solicitar a su ex marido una suma cercana al millón de pesos para cubrir los gastos domésticos del cuidado de sus hijos se encontró con que al juez le pareció exagerada. "A pesar de que demostré que a eso ascendían los gastos de mis hijos, el juez se mostró tan sorprendido que me hizo sentir que más que una obligación yo estaba pidiendo una limosna".
El abogado Torrado, autor del estudio Sistema jurídico de la familia en Colombia. dice: "Así como hay jueces que adoptan determinaciones equitativas, en un todo ajustadas a las necesidades de los menores y a las posibilidades del demandado, hay otros a quienes les duele acceder a peticiones que permitan realmente cubrir las necesidades de una familia conforme a su posición social y económica. Es lo que yo he llamado el miserablismo de la justicia de familia", señala.
A pesar de que las audiencias de conciliación han permitido que en el 80 por ciento de los casos sean las mismas partes las que, ante el juez, determinen el monto de la pensión de alimentos, esta sigue siendo una dura batalla en los estrados judiciales. Como dice el juez Sierra, "se ven demandados que ocultan sus ingresos y demandantes que inflan sus gastos, y ninguna de las dos actitudes es justa".

EDICIÓN 1879

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