¿Quién decide esterilizar a una persona con discapacidad?

La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad intelectual es una alarma que permanece silenciada en Colombia y en el mundo, concluyó un estudio de los Grupos de Investigación Clínica y de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad del Rosario, en Bogotá.

Según la investigación 'Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual: ¿está preparada nuestra sociedad?', el primer aspecto que debe analizarse es que la esterilización, por lo general, se practica sin garantizar el consentimiento informado; es decir, que los motivos, consecuencias y riesgos del procedimiento sean comprendidos y, por lo tanto, aceptados por esta población.

“Esta aparece como la solución impuesta más prevalente y como una práctica socialmente institucionalizada y aceptada, debido a que la solicitan la mayoría de las familias por recomendación de algunos profesionales de la salud, instituciones de planificación familiar y comités de ética”, dijo Inés Restrepo, coordinadora de la investigación.

Las razones

Un análisis realizado con 20 grupos de discusión que incluyeron médicos, psicólogos, jueces de familia, abogados, miembros de comités de ética, familiares, público en general y grupos de personas con discapacidad intelectual encontró que los principales argumentos para la esterilización son el riesgo de abuso sexual y los embarazo no deseados.

Sin embargo, para la investigadora, esto resulta en una paradoja, ya que con la esterilización el riesgo de abuso no disminuye y, por el contrario, los abusadores se sienten más seguros para perpetuar sus acciones.

También señaló, en ausencia del consentimiento por parte del individuo, se pasan por alto métodos de planificación temporales.

"Es impactante que gran parte de las alternativas de planificación familiar temporales no les son ofertadas a las personas con discapacidad intelectual, ya que la vida sexual activa bajo condiciones de libre elección no se considera una opción para estas personas", indicó.

"En el mejor de los casos, lo que se tolera es que tengan una expresión afectiva 'normada', 'des-erotizada' y 'tierna', siempre y cuando esta no involucre la genitalidad ni el tema reproductivo", advirtió la académica.

Discriminación por género

El estudio concluyó que el panorama para las mujeres con discapacidad es el peor. Ellas sufren de doble discriminación, tanto por género como por discapacidad.

“Estas mujeres son víctimas, en mayor proporción, de abuso sexual, maltrato, marginación, explotación, violencia, lesiones y abandono, estando así en mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual”, alertó la investigadora.

A esto se suma la falta de acceso a la educación y al trabajo, donde también presentan cifras mayores que los hombres con esta condición.

Derechos sexuales en el papel

Si bien los entrevistados reconocen a las personas con discapacidad intelectual como titulares de sus derechos sexuales y reproductivos, en su mayoría cuestionan la capacidad que tienen para su goce y ejercicio pleno.

Paradójicamente las tensiones sobre los derechos de esta población siguen vigentes en el Siglo XXI. Por un lado está el discurso de derechos, plasmado por la Organización de Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 y, por otro, están las prácticas sociales, las cuales demuestran que no existe una aplicación de los mismos.

Según la investigación, las personas con discapacidad intelectual con los apoyos necesarios son las llamadas a ejercer el derecho de construir y expresar su sexualidad de acuerdo con sus expectativas y necesidades. Sin embargo, la sociedad es responsable de aprender y generar garantías en lo concerniente a la expresión de la sexualidad como manifestación de la diversidad humana.

Al mismo tiempo, recomienda fortalecer las familias de estos individuos como estructura y eje central del sistema de apoyo.