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| 10/2/2000 12:00:00 AM

La hora de la verdad

Para mejorar los sistemas de financiación y la calidad de la educación superior es necesario el esfuerzo conjunto del Estado, las universidades y las entidades financieras.

La hora de la verdad, Sección Vida Moderna, edición 957, Oct  2 2000 La hora de la verdad
En Colombia el número de bachilleres crece aceleradamente. Entre 1992 y 1998 el alumnado matriculado en el nivel secundario pasó de 3.211.700 a 4.358.900 personas y el número anual de bachilleres aumentó de 253.500 a 426.400. ¿En qué condiciones se está facilitando el ingreso de esos jóvenes a las universidades del país? Responder a esta pregunta implica revisar y replan-tear el actual sistema de crédito estudiantil para la educación superior.

Según un estudio titulado ‘Un sistema de crédito estudiantil para la educación superior’, realizado en octubre del año pasado por Hugo López Castaño, reconocido investigador y especialista en el tema, el país necesita con urgencia un verdadero sistema que eleve la magnitud y la calidad de la educación superior. El trabajo de López intenta explicar las deficiencias que en esta materia se presentan en Colombia y para ello revisa tres aspectos fundamentales: en primer lugar, señala que aunque en el país se ha producido un cambio técnico en la demanda laboral a favor de la educación superior y el número de bachilleres tiende a aumentar, las tasas de escolaridad superior siguen siendo bajas si se comparan con otros países de la región; en segundo término, López examina los principales problemas financieros del sector educativo superior, especialmente los relacionados con el pago y la financiación de las matrículas tanto en universidades públicas como privadas. Finalmente plantea algunas recomendaciones para el sistema de crédito possecundario en el país.



País con ‘doctoritis’

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, en donde las licenciaturas, los centros técnicos y tecnológicos y los programas de educación continuada siguen dando pasos agigantados, en Colombia todavía impera una cultura de la ‘doctoritis’. “El país está en mora de mirar hacia el mal llamado ‘sector intermedio’ de la educación superior, sostiene Guillermo Salah Zuleta, rector de la Universidad del Rosario. Por desgracia se sigue menospreciando el potencial de las carreras técnicas y tecnológicas. Si bien en un reciente estudio realizado por el Icfes se encontró que la medicina sigue siendo la carrera con más demanda, se presenta un repunte muy interesante en la escogencia de estas carreras”, concluye.

Según las cifras del estudio de López Castaño, desde 1991 parece haberse producido en el país un cambio en la demanda laboral en favor de la educación superior originado en la necesidad del sector industrial de incorporarse rápidamente a los retos de la apertura económica, especialmente en sectores como la minería y las comunicaciones. Mientras que entre 1992 y 1997 el empleo nacional total creció al 1,6 por ciento anual, el grupo de profesionales y técnicos lo hizo al 5,8 por ciento. Del mismo modo, entre 1982 y 1992, la educación superior enfocó sus baterías hacia las carreras técnicas y sobre todo tecnológicas. El informe señala que su importancia en el estudiantado matriculado en pre y posgrado pasó del 15 al 24 por ciento. Sin embargo dos factores han contribuido a que en ese sector de la educación superior se presenten problemas en términos de incorporación de los egresados al mundo laboral: uno, es el incremento de la tasa de desempleo, y dos, la proliferación de institutos o centros de educación superior con bajo nivel académico. Ello contribuyó a que durante los años siguientes la tendencia al aumento de los estudios técnicos y tecnológicos decayera a un 20 por ciento en 1996, al pasar del 8 al 5,5 por ciento en los primeros y del 16 por ciento al 14 por ciento en los segundos. Al respecto López Castaño concluye que “internacionalmente esta composición entre las formaciones técnica, tecnológica y profesional se caracteriza por una pirámide donde la base (formación técnica) es la más importante en tamaño. La formación superior colombiana no sigue ni al mercado laboral colombiano, ni a las tendencias internacionales, pues trabaja como una pirámide invertida”. Para algunos especialistas este fenómeno va de la mano con el hecho de que los altos costos en las universidades privadas han sido aprovechados por instituciones de bajo perfil que se han dedicado a reclutar estudiantes que reciben una educación de baja calidad a bajos costos. En últimas, los damnificados terminan siendo los propios estudiantes, pues no están saliendo bien preparados al mercado laboral y necesitan hacer grandes inversiones para acceder a una educación más competitiva, que generalmente no está al alcance de sus ingresos.

A ello hay que agregar el hecho de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, la educación superior en Colombia sigue descansando en las universidades privadas. “Un 67 por ciento de la educación superior que se dicta en el país proviene de universidades privadas”, dice Guillermo Salah Zuleta. Según las cifras del estudio de López Castaño, la expansión del sistema possecundario, que en 1998 acogía a 687.000 estudiantes, ha reposado casi que exclusivamente sobre los hombros de las instituciones privadas mientras que las públicas se han estancado desde 1986, pues su participación en el alumnado total se ha reducido de manera preocupante durante la década pasada: de acuerdo con los cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación, pasó de un 54,5 por ciento en 1970 a un 30,8 en 1998. Entre 1990 y 1998 la población estudiantil de las universidades creció en unas 200.000 personas, mientras que las instituciones oficiales hicieron un aporte de apenas 18.000 estudiantes, que significó el 9,1 por ciento de ese incremento. Concluye López que, así las cosas, “la expansión futura del sistema possecundario parece un reto difícil de cumplir. Los altos costos que para el Estado implica la universidad pública hacen difícil pensar que, bajo su actual sistema de financiación, ésta pueda corresponder a la nueva demanda. Hasta ahora los establecimientos privados de educación superior han tomado el relevo y han podido satisfacerla al menos en parte. Pero lo han hecho a costa de la calidad (…)”. En síntesis, puede decirse que los problemas que se han venido presentando durante la segunda década de los 90 en términos de acceso a una educación superior de tipo profesional, técnico o tecnológico, encuentran explicación en los problemas financieros del grueso de la población que intenta ingresar a las instituciones universitarias. A pesar de que la demanda laboral de profesionales ha sido dinámica en Colombia, lo cierto es que la tasa de escolaridad superior sigue siendo baja si se compara con otros países de la región. La mayoría de los jóvenes que tienen la intención de ingresar a una universidad después de culminar el bachillerato se ubican en los estratos más bajos, lo que les dificulta el acceso al crédito en el sector financiero y aumenta los riesgos económicos de las universidades privadas que deciden apoyarlos. Frente a ello se abre paso el debate en torno a los sistemas de crédito educativo que involucren tanto al Estado como a las universidades y a las entidades financieras.



¿De dónde saldrá la plata?

En un país donde la austeridad y la racionalización son política en materia de gasto público las universidades oficiales que derivan sus ingresos de los aportes de la Nación o de los entes territoriales no tienen mayor certeza sobre su futuro presupuestal. Y a pesar de que el Ministerio de Educación y los demás entes involucrados en el tema de la educación promueven iniciativas muy interesantes para sacar adelante las reformas en materia de crédito y cobertura, el asunto termina siempre en manos del Ministerio de Hacienda, que destinó en 1999 el 60 por ciento de los 1,3 billones de pesos presupuestados para ese campo. No obstante que los entes seccionales y locales también hacen aportes a la educación publica, lo cierto es que ésta depende en gran medida de las transferencias del presupuesto nacional como principal fuente de financiación. Las matrículas, derechos académicos y demás servicios ofrecidos por las universidades oficiales apenas alcanzan un 36 por ciento del total de los recursos presupuestados. La naturaleza de la educación oficial en Colombia ha promovido siempre la formación de profesionales a muy bajo costo. Es por ello que subir las matrículas en las universidades públicas no se considera una solución cuando de obtener recursos adicionales se trata. Según Luis Fernando Jaramillo Salazar, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, “la Constitución Política señala que es obligación del Estado contribuir a la financiación de las universidades públicas; sin embargo, también las universidades tenemos que aprender a generar recursos, a competir por recursos tanto nacionales como internacionales, a buscar nuevas fuentes de financiación y en la posición de la Universidad de Antioquia esas fuentes no las vamos a buscar a través de la matrícula de los estudiantes de pregrado”. Pero aun cuando las universidades públicas sean gerenciadas con muy buenos resultados financieros, las cifras muestran que en el campo de la educación oficial, siguen mandando los recursos asignados por el gobierno nacional, recursos que por cierto se están viendo seriamente comprometidos con los requerimientos prestacionales y la ampliación de nóminas que han impuesto a la Nación las leyes de educación y de seguridad social. En pocas palabras, el sostenimiento de la universidad pública está demandando una cantidad cada vez mayor de recursos, que no serán invertidos en campos tan importantes como la investigación, los subsidios educativos y los proyectos institucionales, sino que se verán comprometidos en el pago del pasivo laboral de estos importantes centros de educación superior.



Concertar y actuar

En el caso de las universidades privadas, a pesar de no haber signos de alarma, sí hay inquietudes y propuestas sobre la importancia de mejorar el acceso de los jóvenes a la educación superior. El gran problema de las universidades privadas es que tienen que asumir altos riesgos para poder financiar la educación a sus estudiantes, pues a pesar de que el gobierno está trabajando en iniciativas para trasladar esa responsabilidad a un fondo de garantías todavía no hay soluciones concretas. Es por ello que el rector de la Universidad del Rosario, Guillermo Salah, quien ha sido vocero en varias oportunidades de las universidades privadas, cree que “el Estado colombiano no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional que lo obliga a facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Si bien es cierto que el estudiante es un deudor atractivo en la medida en que se le ve y se le califica, ¿cómo decirle que no tiene derecho a volver a clase hasta que no se ponga al día con su crédito educativo? Tampoco tiene ningún sentido decirle a un padre de familia que venda la casa o el carro para que su hijo pueda estudiar. “No se trata de que el Estado regale plata o préstamos. Se trata de que nos ayude a concertar un sistema de garantías que disminuya nuestros riesgos a la hora de financiar al estudiante”, concluye Salah. En ese mismo sentido el rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, sostiene que “es importante que el grueso de los financiamientos se haga a través de fondos de garantías, pues ello contribuye, en primer lugar, a incrementar el número de estudiantes que pueden entrar a las universidades, y en segundo término, a reducir significativamente las tasas de interés”. En este sentido será decisiva la iniciativa del gobierno para sacar adelante este tipo de proyectos, que como se ha visto no le imponen al Estado la obligación de garantizar la gratuidad de la educación sino facilitar la disponibilidad de los recursos de crédito educativo para financiar al estudiante durante el período de formación superior. De otra parte, el estudio de López Castaño sugiere la conformación de un sistema de crédito possecundario que permita al gobierno abrir un banco de fomento, tomar las medidas tendientes a impulsar la apertura del crédito educativo y financiar, entre otras alternativas, los convenios entre institutos técnicos y universidades para el mejoramiento de sus programas académicos. De la concertación entre las partes, gobierno, universidades e institutos y entidades financieras, dependerá el futuro educativo de miles de jóvenes que esperan culminar una carrera y poder desempeñarse en los diferentes campos del mundo laboral. Un país en vías de desarrollo no puede darse el lujo de desperdiciar semejante potencial.

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