PILLAO, PILLAO

En la era de la informática sus datos más íntimos pueden estar en algún archivo de computador. ¿Hasta qué punto esto vulnera el derecho a la intimidad?

5 de diciembre de 1994

AUNQUE PIENSE QUE SUS DATOS PERsonales sólo los conocen su familia o sus amigos, la verdad es que muchas personas saben más de usted que sus allegados. Si tiene un apartamento arrendado, posee un carro o una cuenta bancaria, no hay duda de que se encuentra en una base de datos. Y si cree que ser casado, soltero o separado, vivir en Tunja, Cartagena o Bogotá, o trabajar en la industria, el comercio o en el sector turístico es información irrelevante para los demás, está en un error. Hoy más que nunca hay gente que quiere saber dónde vive usted, cuáles son sus ingresos, cuántos hijos tiene o cuáles son sus aficiones.
Una persona puede estar incluida en miles de bases de datos, desde el directorio telefónico de su vecina hasta el listado de los contribuyentes nacionales, señala Fernando Angel, especialista en comportamientos del consumidor e investigación de mercados. "Las bases de datos son una tendencia universal, no sólo para conocer mejor a los clientes sino para adaptarse a la rapidez que exige el mundo moderno". Esto significa que su información personal viaja a lo largo y ancho del país. Es tal la magnitud de estos archivos, que si alguien quisiera recolectar lo que saben sobre él, encontraría no sólo un buen recuento de su vida sino que podría hacer, a partir de esa información, un perfil acertado. Por ejemplo, saber la forma en que conduce o qué tan cumplido es en el pago de las cuotas de un préstamo, si es un evasor de impuestos o si le gusta el golf.


ESTAS FICHAO
Cualquier colombiano está perfectamente ubicado en miles de archivos de computador, desde el de la Registraduría del Estado Civil hasta cualquier central de taxis, donde conocen su nombre, teléfono, barrio y número de apartamento. En el Departamento Administrativo de Seguridad le llevan un registro de todas las veces que ha salido del país. En el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, si declara renta o si está en la lista negra de los morosos. En la Secretaría de Tránsito, si es propietario de un vehículo y el número de infracciones que tiene, cómo y cuando ocurrieron y si pagó o no esas multas.
Pero hay más. Si tiene una cuenta corriente, está en el banco de datos de las asociaciones bancarias. Si es suscriptor de revistas o periódicos, figura en sus listados. Lo mismo sucede si está afiliado a alguna agremiación o si es usuario de cualquier empresa de servicios públicos. Hasta en el supermercado tienen sus datos si le otorgaron tarjeta como cliente.
El afán por saber tanto de usted tiene respuesta en las múltiples ventajas que puede otorgar el manejo y la permanente alimentación de una base de datos. El cruzar esta información permite mejorar las estrategias de mercadeo de las empresas. Una ayuda invaluable, pues permite conocer al cliente potencial sin tener que irlo a buscar puerta a puerta.
Pero, además, un archivo computarizado agiliza muchos procesos financieros. Hoy basta una llamada para confirmar si se puede cargar una cuenta a su tarjeta de crédito. También es más fácil cualquier diligencia administrativa porque la información que se requiere está disponible con sólo presionar unas cuantas teclas.
Hasta aquí todo parece un inofensivo resultado del avance tecnológico. Pero lo cierto es que el hecho de que otras personas manejen sus datos íntimos no les gusta a muchos. Hay quienes se molestan por la cantidad de publicidad indeseada que reciben gracias a que en algún lugar alguien tuvo acceso a su nombre, dirección y teléfono. No obstante los inconvenientes van mucho más allá y aparecen, en especial, cuando la información que se tiene es negativa. Esto puede representar para una persona aplastar la posibilidad de un nuevo empleo, impedirle el acceso a un nuevo crédito e incluso sacarla del mercado financiero.


INTIMIDAD VS. INFORMACION
Aunque tener bases de datos es una actividad permitida por la ley, en el ejercicio diario de almacenamiento y suministro de información se presentan casos en los cuales se vulnera el derecho a la intimidad, el cual está consagrado en la Constitución. Por ejemplo, aquel que tienen los ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se han recogido sobre ellos. Sin embargo, al no existir una ley que desarrolle ese punto, muchos colombianos han tenido que acudir a otras instancias para reclamar protección.
Los casos más frecuentes se presentan en el campo de las centrales de información de asociaciones bancarias y entidades financieras. Cada vez que un cliente solicita un préstamo o va a realizar un pago con tarjeta de crédito, las entidades solicitan la información individual como un elemento más de juicio. Las implicaciones vienen cuando se llevan archivos históricos, con datos negativos, aun cuando las obligaciones con la entidad crediticia ya hayan sido canceladas. De estos casos hay suficiente evidencia en las tutelas, que son el único mecanismo actual para proteger ese derecho a la intimidad (ver recuadro).

¿QUIEN PODRA PROTEGERME?
"En este momento la intimidad se está guardando a base de tutela", manifestó el senador Luis Guillermo Vélez, quien el año pasado presentó un proyecto de ley para controlar el ejercicio de las bases de datos, el cual se conoce como la ley de Habeas Data. El proyecto pretende proteger a las personas del abuso a que están expuestas. "Estar incluido en esos archivos históricos se ha vuelto una sanción moral y casi una muerte civil, con el agravante de que esas listas permanecen así por tiempo indefinido", dijo Vélez Trujillo.
Además, explica, "hay archivos con información militar secreta sobre personas, sin que exista la posibilidad de que pueda rectificarla cuando ya ha cesado la causa para la inclusión". Lo que se pretende con esta ley es que el ciudadano pueda saber qué datos tienen sobre él, conocer cuándo lo van a incluir en una lista negra y que cuando cese la causa de la inclusión, tenga derecho a solicitar que se le excluya.


PRIVACIDAD A LA VENTA
Las entidades oficiales y las centrales de información de los bancos, por principio, aseguran a sus clientes que toda la información -tanto positiva como negativa- es confidencial. "Sólo se le ofrece a los bancos y nunca se dan listados completos sino cada caso por separado", dijo Rafael Acosta, vicepresidente jurídico de Asobancaria. Esa reserva no existe en caso de que un juez tenga una orden para tener acceso a ella, o para efectos tributarios, en el caso de una investigación judicial, y para efectos de vigilancia del Estado.
Sin embargo otro tipo de bases de datos, aquellas que manejan instituciones y empresas para comercializar sus productos, no tienen esa confidencialidad. Aún más, son vendidas o incluidas dentro de un servicio integral a los clientes que solicitan publicidad directa o telemercadeo. Los archivos se arman a partir de otros listados o de información de referencia, como directorios telefónicos o listados de clientes de un almacén, agremiaciones o listas de afiliados a organizaciones y compañías. "Existen muchas estrategias para conseguir la información. Casi se podría decir que estas empresas están en capacidad de crear la base de datos que el cliente desea", dijo Ricardo Sarmiento, del departamento de mercadeo directo de Data Set. Los registros se consiguen por una suma de dinero que varía, dependiendo de la confiabilidad. Según Fernando Angel, pueden costar entre 5 y 100 dólares, y ese valor depende del número de características definitorias del perfil y de la veracidad de la información.
Aunque el autor de la ley considera que en estos casos no existe ningún problema, a estas compañías también las cobijará esa ley en caso de ser sancionada. Por un lado, controlará que esa información sea obtenida por medios legales y que, a su vez, sea utilizada para fines permitidos por la Constitución. Por otra parte, se asegurará que la información tenga carácter confidencial y que los archivos cuenten con algún sistema de protección contra pérdida, destrucción o uso no autorizado. Así mismo, la ley pretende otorgarle al ciudadano la posibilidad de tener acceso a la información que se guarda sobre él, de solicitar la rectificación o eliminación del dato en caso de ser inexacto y exigir que se le notifique la rectificación a aquellas personas que hayan recibido esa información en los últimos seis meses.
De ser aprobado el proyecto, que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional, se podrá encontrar la manera de conciliar el derecho a informar con el derecho a la intimidad, de manera que las personas puedan controlar lo que se dice y se sabe sobre ellas.

TUTELAS

Pedro se retiró del ejército. Para un nuevo empleo pidió al archivo general del Ministerio de Defensa certificación sobre su desempeño militar. La división de archivos pasó los datos de las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas en 1987 y fue rechazado para el cargo, Pedro solicitó que la hoja de vida fuera revisada y esa petición fue negada alegando que cuando se hacen cosas que faltan a la disciplina uno se atiene a que la recomendación no sea buena. La corte concedió la tutela porque consideró que se violó el derecho a la intimidad: "Los documentos relacionados con evaluaciones tienen un caracter oficial y confidencial, se puede dar evaluación general pero no los aspectos tenidos en cuenta para esa evaluación".

Fernán pidió un préstamo en 1977 a Colpatria y canceló la deuda en 1989. En 1992 solicitó al Banco de Colombia un nuevo préstamo, el cual le fue negado porque aparecía en Datacrédito como un deudor moroso. El reconoció que retardó el pago de algunas cuotas pero que después canceló el total de la obligación. Fernán solicitó a Datacrédito que lo borraran, pero le dijeron que no podían porque si aparecía como deudor era porque no había tenido cuidado con el manejo de su crédito.
La Corte concedió la tutela: "La inclusión de datos en archivos históricos afectan en la medida en que han pasado a conformar parte del perfil económico del propietario del dato... impidiendo el hecho que quien por dificultades financieras no pudo en el pasado cumplir satisfactoriamente dentro de los plazos estipulados con los pagos, pueda tener la oportunidad de mejorar su situación económica mediante el acceso a nuevos créditos, convirtiéndose esta inclusión en una sanción más y lo que es más grave, en una forma indefinida".