Punto aparte

El 31 de diciembre pasado el presidente Andrés Pastrana firmó un decreto que ha causado gran revuelo en las universidades. Se trata de una reforma al esquema de remuneración de los profesores de las universidades públicas, un tema sensible que ha sido objeto de no pocas protestas.

La nueva norma pone fin al antiguo régimen salarial de los profesores, conocido por el nombre del decreto que le dio origen (el 1444). El objetivo de éste era bueno en teoría: incentivar la capacitación y preparación de los docentes. Pero el resultado práctico no fue el mejor.

El régimen del 1444 estableció los criterios para determinar el salario de los profesores, mediante un sistema de puntos. Estos se obtenían por la experiencia calificada del docente y su productividad, entre otros factores. También había pagos adicionales a los profesores que desempeñaran cargos administrativos. El problema es que, de acuerdo con estudios del gobierno, la experiencia calificada se había convertido en una prima automática por antigüedad. Y en cuanto a los otros criterios de remuneración no había reglas claras.

En muchas universidades, aunque no todas, el 1444 se aplicó en forma laxa y dio lugar a abusos. Hubo casos extremos en los que los profesores se rotaban el puesto de decano para tener derecho a la prima de los cargos administrativos. También profesores que publicaban artículos periodísticos en diarios regionales fronterizos, en seguida los presentaban como una publicación académica internacional y reclamaban una prima por productividad que se daba de por vida. Era la llamada feria del punto.

Lo que hace el nuevo decreto del gobierno es preservar los mismos criterios de remuneración del régimen anterior, pero fijando unas reglas mucho más claras y estrictas para beneficiarse de los aumentos. Por ejemplo, las publicaciones que dan lugar a premios por productividad tienen que ser hechas en revistas especializadas reconocidas por Colciencias. Además la prima se da sólo en el año de la publicación y no para siempre. De otro lado, la experiencia calificada de los profesores ya no será un ascenso automático por antigüedad sino que éstos se tendrán que someter a un concurso cada tres años para certificar su calificación.

Estas medidas tomaron un tanto por sorpresa a los profesores. El decreto no fue concertado con nosotros y esto ha causado malestar en el profesorado, afirma Fabio Lozano, presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios. Las posibilidades de crecer en el escalafón son mínimas y esto hará más difícil atraer profesores jóvenes altamente capacitados para relevar a los que están por jubilarse, añade.

Y es que la reforma además coincidió con el aumento salarial de año nuevo. El gobierno lo fijó por debajo de la inflación, siguiendo un fallo de la Corte Constitucional. Algo que no fue bien recibido por muchos profesores y directivos universitarios, quienes consideraban que deberían tener un régimen aparte.

Para discutir estos temas un grupo de rectores se reunió el pasado miércoles 6 de febrero con el ministro de Educación, Francisco Lloreda. Llegaron a un acuerdo para estudiar, antes de mayo próximo, los ajustes que le hagan falta al decreto, pero conservando los ejes fundamentales del mismo. Esto le bajó la presión al conflicto que sehabía formado en torno a la reforma pero no dejó satisfechos a los sindicatos de profesores. El acuerdo no es suficiente garantía para nosotros, dijo Fabio Lozano, y anunció que continuarán las asambleas permantentes en varias universidades.

El Ministro de Educación, por su parte, está convencido de las bondades de una reforma que, en su concepto, premia sólo a los profesores pilos y mete en cintura a los vagos. Es un régimen salarial responsable y serio que contribuye significativamente a mejorar la calidad de la educación. Además permite que las universidades públicas sean viables financieramente, asegura.