HUELGA DE LA MUERTE

La huelga había comenzado desde el once de agosto, pero la opinión sólo supo de ella diez días después. Se necesitó que pasara todo ese tiempo, en el que apenas hubo informaciones lánguidas en páginas interiores, pero se necesitó también que pasara algo más: una muerte dramática y unas fotografías espectaculares para que se oyera el lamento colectivo y se tomara conciencia que era cierto. Que cuatro hospitales de Bogotá estaban en huelga.
Entonces con el drama tremendo de Luz Adriana Giraldo, de quince meses, que murió en brazos de su madre después de tres horas infructuosas de buscar hospital, la huelga de médicos y, por ahí derecho, la crisis de la salud, volvieron a aparecer en los comentarios. Es algo a lo que el país parece acostumbrado. Cada tanto tiempo (nunca con lapsos mayores de seis meses) las huelgas en los hospitales se ponen de moda, ocupan titulares, declaraciones, fotos y uno que otro editorial. Es una costumbre cíclica como los desastres de la selección de fútbol, los damnificados por el invierno, el contrabando en Cúcuta, los reclamos de Nicaragua, la libertad de los narcotraficantes.
Esta vez los 94 médicos internos de los hospitales San Juan de Dios, Materno Infantil, La Misericordia y San Blas, pararon por una razón económica y por otra ética. La primera (ocho meses de atraso en el pago de sueldos) y la segunda (no hay condiciones físicas para trabajar), fueron suficientes para paralizar a cerca del cincuenta por ciento del servicio en esos centros y para convocar a la solidaridad a los 150 médicos residentes que se unieron el 21 de agosto a la huelga y dejaron a esos hospitales sin servicios en un 95 por ciento.
Pero la huelga también fue suficiente para que los funcionarios del sector salud del nuevo gobierno enfrentaran de entrada una crisis. César Esmeral Barros, el ministro, y Julio Enrique Cuartas Ochoa, el secretario de Salud de Bogotá, recibieron ese bautizo de fuego. Los dos funcionarios se dedicaron entonces a apagar el incendio cada uno por su lado: el secretario a averiguar dónde estaban los ocho millones de pesos aprobados como partida para el pago de sueldos de los internistas (estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional) y el segundo a servir de intermediario entre las partes para que los dramas de moribundos en las puertas de los hospitales no se convirtiera en la primera cicatriz del gobierno en ese sector. Al término de la semana Cuartas Ochoa había logrado desenredar el problema de los trámites del dinero que "tardarán en pagarse máximo un mes" y Esmeral Barros había sentido las primeras rasquiñas de una herida mal curada que cada cierto tiempo vuelve a supurar en distintos lugares del país.
La herida, en efecto, había vuelto a doler, no sólo por la huelga en aquellos cuatro hospitales de Bogotá, sino por las denuncias de crisis que llovieron en los últimos días. Una carta, firmada por miles de trabajadores, médicos residentes e internos, profesionales y estudiantes de la salud, comenzó a circular dando gritos de alerta sobre la situación financiera de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. El plebiscito, dirigido a las comisiones cuarta y quinta del Senado, puso el dedo en la llaga económica: se requiere la aprobación inmediata de una adición presupuestal de 1.200 millones de pesos y que se agilice el trámite de otra partida de 4.600 millones para aliviar un déficit acumulado que asciende a los 74 mil millones de pesos. A largo plazo, para garantizar una normalidad duradera, se considera que el presupuesto del sector salud debe aumentarse en un diez por ciento, para un total de 90 mil millones de pesos.
Todo este panorama de miles de millones fue acompañado durante la semana por noticias de cierre, salidas de distintos lugares del país. Desde Santander se informó que 33 hospitales y centros de salud de ese departamento completaron un mes de parálisis. En Barranquilla se mencionó la cifra de 700 millones de déficit y el drama de tener sólo una ambulancia para atender las necesidades del área. Y como si a ese decorado le faltara un drama humano adicional al de la niña en Bogotá, en Medellín se advertía un aumento de hospitalizaciones por gastroenteritis, con el ingreso a hospitales de 144 niños en los primeros veinte días de agosto.
Ante estas cifras desoladoras, el ministro Esmeral Barros reconoció en un reportaje a Todelar que "el Sistema Nacional de Salud está en la física quiebra" y se quejó de la contundencia de los presupuestos: "Mientras entidades como el Seguro Social (que depende del Ministerio de Trabajo) y las Cajas de Previsión manejan cerca de 115 mil millones y sólo cubren el 16 por ciento de la asistencia social, al Ministerio de Salud le toca un presupuesto de 23 mil millones, con el cual debe enfrentar la cobertura del 75 por ciento de la población colombiana".

UNA RUEDA SUELTA
Pero tanto para el ministro como para varios expertos consultados por SEMANA, en la crisis estructural que sufre la salud pública no juegan sólo factores económicos, como suele pensarse, sino males administrativos que entorpecen el funcionamiento de una buena parte de los 815 hospitales que tiene el país. "Hay que ajustar todas las ruedas sueltas del sector", dijo Esmeral y es en esos mecanismos dispersos donde parece encontrarse buena parte del desorden.
Para comenzar se menciona que, por ejemplo, la ausencia de técnicos en administración de hospitales en Colombia es una de las causas para la ineficiencia de esos centros. En el país sólo hay 20 administradores hospitalarios especializados y esa deficiencia intentará remediarse a partir del año próximo cuando se abra en la Universidad Javeriana de Bogotá el primer programa dirigido a instruir a profesionales en esta materia. La ausencia de expertos en la administración de los centros de salud se refleja en despilfarros que, si no fueran por lo dramáticos, resultarían risibles. En abril de 1984 (edición N° 100) SEMANA publicó un informe donde contó, por ejemplo, cómo cerca del 20 por ciento del equipo importado en la última década está fuera de servicio. Y, para ilustrar esa falta de proporción y planificación, se mencionó el caso de un nuevo hospital en Quibdó que para entonces había demandado inversiones por valor de 700 millones de pesos y que, según Jaime Arias, en ese momento ministro de Salud, estaba "diseñado con las especificaciones de un hospital de Miami".
El problema, pues, a pesar de sus muchos ángulos, no parece estar en lo económico. El presupuesto oficial para los hospitales se ha mantenido, pero han aumentado los gastos de funcionamiento, sin que se incremente su eficiencia. Las experiencias de muchos años de crisis dicen -y en esto existe casi consenso -que no es construyendo hospitales como se ejecuta una política de salud pública. "Sobre todo no construyendo elefantes blancos que después no hay cómo dotar ni con qué hacerlos funcionar", dice Francisco Yepes, experto en salud pública. Todo indica que la solución a estas crisis que se volvieron costumbre, está en la buena administración de los recursos actuales y no en apagar el incendio de las huelgas que se declaran cada varios meses. Incendios de esos que se vienen presentando en Colombia desde 1959 cuando el país "conquistó el honor" de ser el primero en donde se adelantó un cese de actividades del sector salud, en esa oportunidad de los médicos especialistas en órganos de los sentidos al servicio de los Seguros Sociales. Fuego que, en el caso de la huelga de la semana pasada en los hospitales de Bogotá, pareció sofocarse por la fuerza del drama mortal de la niña de quince meses. La muerte obligó a la solución. Y así, hasta la próxima vez.