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El departamento de Putumayo cuenta con 25.162 hectáreas de cultivos de coca, que equivalen al 17% de los cultivos del país. | Foto: SEMANA RURAL

Mocoa, Putumayo

VIDEO | Ser cocalera: 'Yulieth' en Putumayo

El departamento de Putumayo cuenta con 25.162 hectáreas de cultivos de coca, que equivalen al 17% de los cultivos del país.

12 de julio de 2018

Dejusticia, en colaboración con Fensuagro, lanza un libro sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres.
 


Descargue el libro: 'Voces desde el cocal: Mujeres que construyen territorio'



Durante más de 30 años, la estrategia de los gobiernos para controlar el tamaño de la extensión de cultivos de uso ilícito ha sido la represión contra los eslabones primarios de la cadena de productiva de la coca: el campesinado. En nombre de la salud pública se han asperjado con agrotóxicos los territorios que habitan las protagonistas de esta historia, sin que estas estrategias hayan aportado efectivamente a la solución del problema de las drogas declaradas ilícitas. Por el contrario, ha contribuido a la estigmatización del cultivo de coca.

Además de resaltar el fracaso del prohibicionismo, el texto recoge las voces de las mujeres cultivadoras de coca de los departamentos del Putmayo, Cauca y Nariño, y sus condiciones de vida, trayectorias y experiencias personales. El esfuerzo se centró en mostrar cómo a pesar de las difíciles condiciones del contexto, a través de su liderazgo y participación comunitaria, las mujeres han construido un territorio donde el Estado colombiano permanece ausente, y no ha atendido las necesidades básicas de la población. Se calcula que en el Putumayo –uno de los departamentos con mayor número de hectáreas de coca en el país– el índice de pobreza multidimensional es del 76.3%, mientras que el nacional es del 49% y que solo un 5,4% de la población tiene acceso a la educación superior.

El relato construido de la economía de la coca no ha capturado de manera justa el hecho que, a la par que la coca ha sido la fuente de ingresos para las familias campesinas tuvo un impacto en los roles de las mujeres y su forma de relacionarse con la comunidad. La coca fue una fuente extraordinaria de ingresos que les permitió tener algo de independencia económica y les dio la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, así como invertir en educación, vivienda e infraestructura comunitaria.

Las entrevistas compiladas en el texto reflejan que las mujeres hacen parte de una identidad campesina colectiva que les asigna roles de cuidado sin tener en cuenta sus propias necesidades. También exponen los impactos de la violencia basada en el género presente en el mundo campesino. Y llaman a la oportunidad de construir una política de drogas, que no maltrate a las poblaciones rurales, sino que le otorgue derechos y reconozca la ciudadanía, tal como lo sugiere el Acuerdo de Paz.

El texto finaliza con la idea que el Acuerdo de Paz es una oportunidad histórica para aprender de los errores del pasado y para responder a las demandas sociales y políticas de las comunidades cocaleras. Sólo podremos resolver el “problema de la coca” en la medida que entendamos que la política que ha implementado el estado colombiano ha dañado más de lo que ha solucionado. En este contexto, también es hora de reconocer, escuchar y valorar la contribución que las mujeres cocaleras han hecho en los ámbitos públicos y privados para construir territorio y paz en los lugares más apartados del país.

“Voces del cocal” es un texto que mezclando narración y análisis busca amplificar las voces de las mujeres cultivadoras para visibilizar sus condiciones de vida, sus trayectorias personales y su liderazgo. En palabras de Lucía Ramírez, investigadora de Dejusticia, “con este texto queremos hacer un llamado a las acciones para el cambio, para que las instituciones nacionales relacionadas con el tema escuchen el testimonio de estas mujeres y tengan en cuenta sus vivencias en el diseño de políticas públicas. En este momento en que el gobierno ha autorizado de nuevo la fumigación con glifosato se hace más pertinente que nunca escuchar sus voces”.