Grandes cambios que generan grandes dudas

Se conoció en los últimos días que de forma sorpresiva a la fiscal 79 anticorrupción, Andrea Muñoz, le quitaron la investigación que adelantaba contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); su subdirector general, Víctor Meza; el subdirector de Riesgo, Sneyder Pinilla, y todos los demás implicados en el escándalo de corrupción por la compra de 40 carrotanques para La Guajira.

A pesar de lo delicado de esta investigación, en la que se ha mencionado incluso al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle; y a varios funcionarios del orden nacional, que ya costó la salida de la exdirectora de regiones, Sandra Ortiz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó cambiar a la fiscal 79 a cargo de la investigación y relevarla por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño. El argumento para este cambio fue que necesitaban darle celeridad a la investigación, lo cual no se entendió, pues Muñoz había avanzado suficiente en la investigación como para tener muy próximas las imputaciones de cargo y las órdenes de captura contra varios de los implicados, aunque que continúa como fiscal de apoyo en la misma.

Patiño es una gran jurista. Es doctora en Derecho, con varias maestrías en distintos campos del derecho y una experiencia de diez años como magistrada auxiliar en la Sala Penal de la Corte Suprema. Antes de ser nombrada fiscal, fue juez 18 penal del circuito de Bogotá y hace menos de un mes fue nombrada fiscal. Aunque nadie duda del conocimiento jurídico de la fiscal Patiño, la realidad es que no tiene experiencia en investigaciones en casos de corrupción ni jamás ha llevado a cabo una audiencia dentro de un proceso como este. “María Cristina no tiene ni idea de litigio. Esos procesos necesitan experiencia en baranda, y ella no la tiene”, me dice un penalista que la conoce desde hace tiempo.

La Fiscalía defiende su decisión de cambiar a su fiscal argumentando que por el carácter de aforados de algunos de los implicados en este escándalo de corrupción era necesario que el proceso lo llevara un fiscal delegado ante la Corte, pues de no hacerlo el proceso podría incurrir en una nulidad.

Pero expertos penalistas difieren de este concepto y confirman que los competentes para investigar las denuncias de corrupción son los fiscales anticorrupción, precisamente por su experticia en esta materia, y si hay algún aforado, se da la ruptura procesal y automáticamente se traslada lo que tiene que ver con el aforado al delegado ante la Corte. Eso ocurre siempre. Pero hasta este momento no hay ningún aforado vinculado ya al proceso. Olmedo López no lo es y mucho menos sus subdirectores.

Pero lo que aún no deja buen sabor es saber que tanto la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, como la fiscal delegada María Cristina Patiño fueron magistradas auxiliares del corrupto Leonidas Bustos, el socio de Gustavo Moreno en el llamado cartel de la toga, prófugo de la Justicia.

Es pertinente recordar que el hoy defensor de Sneyder Pinilla, el ex zar anticorrupción Gustavo Moreno, fue extraditado a Estados Unidos después de pedirle al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons una coima a cambio de enredar su proceso en la Fiscalía. Después de ser capturado y ya en una cárcel de la Florida, Gustavo Moreno decidió colaborar con la Justicia y confesó la existencia de una red de corrupción de la que él era parte, junto con los magistrados de la Sala Penal Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y otros magistrados auxiliares. Gustavo Moreno declaró que le entregó 200 millones de pesos a Bustos para que archivara el proceso contra el congresista Álvaro Ashton, que Bustos adelantaba por parapolítica. Moreno también dijo que le regaló un reloj Cartier al magistrado, que valió 43 millones de pesos, para que favoreciera otros procesos. Eran tan cercanos que Moreno le decía “papá” a Bustos.

Para corroborar la cercanía entre estos dos socios del crimen, la Comisión de Acusación llamó como testigo a la hoy fiscal Patiño, que confirmó la cercanía de su jefe Bustos y Gustavo Moreno y la frecuencia de sus encuentros.

Ahora la fiscal Patiño debe sentarse a negociar el principio de oportunidad que Sneyder reclama con Gustavo Moreno, el socio de su exjefe Bustos en su empresa criminal, del que ella misma constató su cercanía. Complejo, ¿no?

Pero hay un dato aún más complicado que roba la tranquilidad cuando se piensa que la Fiscalía obrará con solidez en este escándalo de los carrotanques. La revelación la hizo el periodista Melquisedec Torres. Según él, la fiscal general Camargo no solo fue magistrada auxiliar del corrupto y prófugo Leonidas Bustos, sino que su esposo, Germán Marroquín, llevó negocios con Gerardo Torres, a quien le decían Yayo, dueño de las oficinas donde operaba el llamado cartel de la toga. Yayo era también pareja de Mabel Parra, otra magistrada auxiliar de Leonidas Bustos. Aunque algunos periodistas sostuvieron que no era cierto que Marroquín y Torres tuvieran procesos juntos, un testigo de esa época afirma que sí los tuvieron.

Sea cual sea la verdad, es difícil creer que, con tantos puntos en común con Gustavo Moreno y Leonidas Bustos, ni la fiscal general ni su delegada Patiño conocieran a Moreno. Y difícil entender también cómo se van a adelantar ahora las negociaciones de ese principio de oportunidad que Gustavo Moreno lidera para Sneyder Pinilla, y su hermano José Luis para su defendido Olmedo López. A propósito, después de tanto escándalo y show mediático, Olmedo y Sneyder siguen sin entregar pruebas concretas de sus afirmaciones. Solo han dado nombres, sin pruebas que lo sustenten.