La batalla de nuestras vidas

Estamos sacudidos por la parcialización política, la violación de garantías procesales, la violación de la confidencialidad de las comunicaciones cliente abogado, la fundamentación excesiva, especulativa y tendenciosa, el exceso brutal en la tasación de la condena y la oprobiosa imposición de la detención domiciliaria en el fallo impuesto a Álvaro Uribe.

El contraste con la impunidad que prevalece en nuestra justicia frente a los terroristas de las FARC indigna. El contraste con la impunidad que define el sistema judicial colombiano en delitos graves y de impacto como homicidio, corrupción, hurto, estafa o delito electoral desconcierta.

Se evidencian los efectos tácticos de la condena, que se suman a la larguísima tortura judicial que dejó a Uribe por fuera del Congreso, para evadir el odio y los abusos de la Corte Suprema, afectado en su imagen, sometido a la indignidad del estrado, desgastado en su defensa, afectado en su convicción y perjudicado en la dirección de su partido.

Pero este proceso no se “volteó” por el magistrado Barceló en anticipación de la actual coyuntura política o para mermar simplemente el alcance de la oposición. Sus fines no son tácticos, aunque muchos de sus efectos sí lo sean.

Sus fines son estructurales, aunque la inquina feroz de Iván Cepeda y de las otras víctimas instrumentales del proceso permita suponer el deseo visceral de venganza o el odio como el móvil de esta triste tramoya.

La venganza y el odio, claro que están presentes, pero no explican del todo la conjunción de intereses, lealtades, capacidades y montajes que permitieron que perdurara la investigación, sobreviviera la imputación y se lograra la condena.

Más allá de la venganza de la Corte Suprema, “explicada” por las denuncias de corrupción del entonces presidente contra su sala penal y las indebidas y vergonzosas interceptaciones del DAS, debemos develar otras motivaciones y complicidades que, como diría Álvaro Gómez, se aúnan en la defensa de un régimen de corruptelas, negocios, privilegios y culpabilidades que sin duda se vio sacudido y perturbado por el poderío de la acción de gobierno de Uribe, sus resultados contundentes en la agenda de seguridad y su constante y mayoritaria aceptación por la opinión durante su mandato.

Ese régimen, que coopta el estado en sus miles de entidades, presupuestos y cargos para la satisfacción de intereses grandes y chicos de funcionarios, empresarios y criminales, sobrevivió a Uribe sin duda, pero no le perdonó sus logros y convicciones.

En ese régimen conviven no solo los grandes poderes de la sociedad. También se alimentan muchos convencidos de la justificación del terror como herramienta válida para la conquista del poder por parte del socialismo y el comunismo. Se le pegan también muchos alfiles de la corrupción que olfatean las oportunidades que derivan de la falta absoluta de moral y la obsesión por la conquista del poder de la izquierda.

El régimen, que utiliza al poder judicial como martillo eficaz cuando le conviene, quiere no solo destruir la imagen de Uribe o su poder político perdurable. Quiere destruir, en punible unión de medios y fines, con la izquierda, lo que él y su gobierno simbolizaron para la seguridad nacional.

Uribe encarnó un propósito que en los ochenta y noventa se desvaneció en las brumas de la combinación de formas de lucha que cooptaron la academia, la prensa, la justicia y la política para justificar, inmoralmente, la violencia terrorista en las desigualdades y fracasos del Estado. Se convenció a la sociedad y al establecimiento de que la derrota militar de la subversión y el narco era imposible. La mezcla de socialismo, mediocridad y corrupción había llevado, para 2002, a gran parte del establecimiento del poder a buscar un pacto de convivencia con la guerrilla y el narco. El Caguán fue el laboratorio de un pacto de derrota marcado por la incontrolada vanidad de unos, el oportunismo de otros y las simplificaciones de todos.

Pero manteniendo los principios democráticos, usando los medios institucionales y desplegando la superioridad natural del estado y la sociedad, Uribe logró marginalizar a la subversión y sus fuentes financieras.

La izquierda nacional e internacional, congraciada siempre y asociada muchas veces con la agenda guerrillera, nunca perdonó que el expresidente rompiera el espejismo de la justificación de la lucha y su alegada invencibilidad.

Por eso cada día del gobierno de Uribe, y cada día desde su culminación, la izquierda y la guerrilla han enfocado su energía dialéctica, mediática, criminal e institucional a romperlo, y con él, romper la legitimidad del legado de la seguridad democrática y de todas las políticas de seguridad anteriores que impidieron la conquista del poder por parte de la izquierda marxista.

Y, a la postre, el régimen y sus válidos académicos, periodísticos, políticos y empresariales terminan aliados en la destrucción de Uribe con la izquierda radical. Relativizan, cuando no celebran, su destrucción. Juntos rompen el orgullo nacional de la seguridad democrática. Se emocionan con la proximidad de una nueva era de dominación total de un Estado que será cada vez más grande, más sabroso y más tolerante con los centros de poder y las economías ilícitas. Un Estado que usarán para reclutar voluntades populares en medio de las trompetas de propaganda desenfrenada, para darle un golpe de muerte a nuestra desastrada y enferma democracia.

Derrotar al petrismo será la batalla más grande y difícil de nuestras vidas. Lograrlo sin reencauchar a los alfiles del régimen, aquellos que le entregaron el poder a Petro, que conviven con él y que ayudaron a la destrucción de Uribe con el martillo parcializado de la justicia, será el mayor desafío.