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Las multas para las empresas Kimberly, Familia y Tecnoquímicas podrían ascender hasta a 68.945 millones de pesos. | Foto: Archivo particular

GREMIOS

La ANDI no era parte de la conversación del cartel de los pañales: Mac Master

El presidente del gremio habló con Semana.com y aclaró que si bien allí tienen asiento las empresas investigadas, ello no implica que la Asociación haya acogido esa trama anticompetencia.

17 de mayo de 2016

La polvareda que levantó la revelación de una presunta cartelización de los precio de los pañales, tras una investigación de varios meses llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), está lejos de disiparse.

Colombiana Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas, según el informe motivado del superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, serían “administrativamente responsables” de haber acordado manipular indirectamente los precios de los pañales desechables, a través de poner un piso a los descuentos que se entregan a los clientes mayoristas, en su mayoría grandes superficies.

En medio de correos electrónicos y confesiones -entregados a cambio de beneficios- que constituyeron las pruebas recolectadas por la SIC, una declaración quedó en la cabeza de varios: el presidente por 27 años del grupo Familia (180-2007), Luis Carlos Uribe Jaramillo, expresó que en el "ambiente" de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) se reunían para presuntamente concretar la trama ilegal entre las empresas.

“La ANDI era, digamos, el ambiente donde nos juntábamos los industriales en los diferentes temas. En este caso existían, o existen todavía, las Cámaras de industria. En el caso nuestro era la Cámara de pulpa, papel y cartón (…) Entonces ahí teníamos un punto de contacto para hablar temáticas, digamos, específicas del negocio”, declaró Uribe.

Añadió que “ocasionalmente, se tocaban temas no tanto de precios, sino de descuentos exagerados, pero a la hora de la verdad es casi lo mismo” y confesó que “si me dicen que si alguna vez, si conoce si hablamos de precios o descuentos (…) que si hablamos de eso, la respuesta es sí, sí hablamos”.

Se trata apenas de una alusión. Si embargo, Semana.com buscó al presidente de esa agremiación, Bruce Mac Master, quien le dijo a este portal que si bien no conoce a fondo lo dicho por el exalto mando de Familia, afirmó que “se trata de una mención tangencial” de la ANDI.

“Hay unos reglamentos en cada una de las Cámaras, unos principios generales que hablan rigurosamente de evitar este tipo de prácticas, que antes eran voluntarios y ahora son obligatorios. Lo claro es que no se pueden tratar temas de restricción a la competencia, (…) Somos súper cuidadosos con eso”, aseguró.

Mac Master dice que es cierto que las empresas investigadas tienen asiento en la Cámara de pulpa, papel y cartón de la ANDI, que se reúnen al menos cada mes y que, incluso, es posible que en alguna de las numerosas salas de juntas o en la cafetería de la sede gremial se hayan tocado dichos temas, pero que ello no tiene por qué implicar que el gremio auspicie de forma alguna la conformación de un cartel de cualquier tipo. “Allí están las actas de las reuniones”, aseguró.

Fuentes de la SIC,  consultadas por Semana.com, tendría poca presentación que, precisamente, la instancia del gremio de los industriales hubiera sido presuntamente usada para que sus afiliados llegaran a esos supuestos acuerdos anticompetencia.

Ante ello, Mac Master replicó: “La pregunta que hay que hacer es si la ANDI era parte de esa conversación. Lo que puedo decir es que yo no veo que diga eso en ninguna parte”.

Señaló, en referencia de la declaración de Uribe, que “el negocio de un implicado es echar al agua al resto para buscar beneficios, tal y como funciona en un principio de oportunidad”. El exgerente general de Familia, en efecto, no fue vinculado dentro de los responsables, según información de la SIC.

El dirigente gremial recordó que esos hechos se remiten, como máximo hasta el 2011, cuando él todavía no presidía la Asociación. “Desde luego que si se presentan hechos qué investigar, el gremio procederá y yo responderé”, aseguró e insistió que, si bien no podía referirse a este caso en particular, “nosotros rechazamos cualquier práctica en contra de la libre competencia”.

La trama

Según las pesquisas de la SIC, la trama de acuerdos para restringir la competencia entre los fabricantes de pañales habría ocurrió entre 2001 y 2011 y las firmas señaladas representan en promedio el 90 % del mercado de los pañales del país.

En Colombia hay más de dos millones de bebés en edad para usar pañales desechables (menores con promedio de 2 años y medio), y en el mercado consume al año más de 1.088 millones de unidades de pañales, por valor de 560.000 millones de pesos.

Las recomendaciones de sanción, que próximamente podría acoger el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, son multas que para las empresas Kimberly, Familia y Tecnoquímicas podrían ascender hasta a 68.945 millones de pesos, mientras que las 16 personas responsables (todos directivos de dichas formas) tendrían que pagar en conjunto hasta 1.378 millones de pesos.

La SIC consideró probado que el acuerdo de precios hizo parte de la cultura organizacional de las compañías que participaron en esa práctica, al punto de que las empresas tenían “instrumentos institucionalizados” para el acuerdo de precios, como visitas a campo conjuntas, formatos de control de cumplimiento e incluso mecanismos para reportar a los demás cartelistas si se cumplían o no los compromisos.

Tanto en esta como las otras dos tramas (la de los cuadernos y la del papel higiénico) hay un común denominador: la multinacional Kimberly, que en Colombia cuenta con cuatro plantas de producción y comercializa marcas reconocidas como Huggies, Scott, Kotex, Plenitud, Poise y Kleenex, entre otras, según su sitio web.

Esta empresa, al parecer, saldría indemne de estos tres lamentables episodios de la historia de la industria nacional, puesto que fue la que delató en primera instancia a las firmas cómplices dentro de los tres carteles empresariales que buscaban, en la práctica, fijar precios mínimos y evitar la competencia, en desmedro de los consumidores.