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| 11/29/1982 12:00:00 AM

CARBON EN LA MINA

El estancamiento de los precios del petróleo ha disminudo la demanda del carbón a corto plazo pero las empresas extranjeras tienen en la mira puesta en las empresas carboníferas colombianas

Si actualmente se dice que "Colombia es café o no es". en el futuro, probablemente, se dirá que "Colombia es carbón o no es".
Al menos eso creen los empresarios que explotan ese mineral motivados por la actual situación de crisis energética y por los estudios que demuestran la necesidad de reemplazar al petróleo por otras fuentes de energía.
En efecto, luego de que en diciembre de 1973 un embargo en los suministros de petróleo, por parte de los países árabes y en contra de algunos importadores, motivó un aumento en los precios del combustible de más del 300%. Posteriormente, en 1979 y 1980, la guerra entre Irán e Irak hizo que volviera a duplicarse la cotización.
Esto tuvo consecuencias muy importantes sobre todo el sistema económico mundial, como quiera que había sido sobre la base del petróleo como fuente energética que se había podido estimular el rápido crecimiento económico observado durante los años cincuentas y sesentas. De un momento a otro, el mundo se vió en la necesidad de reducir su consumo de petróleo o,lo que parecía más difícil, sustituirlo en el corto plazo.
El petróleo era el insumo energético más barato disponible, y se consideraba un recurso abundante. Durante estos veinte años, su utilización reemplazó a otras fuentes alternativas, entre ellas el carbón, hasta alcanzar un 35 % del consumo total de energía.
Por su parte, la producción del carbón, que entre 1960 y 1973 creció a menos del 1% anual, comenzó a incrementarse en 3%. Más de la mitad del producto total se explota en los países socialistas, y cerca del 40% en países industrializados.
Todo esto hacía prever que en un plazo relativamente corto, hacia mediados de la década actual, la demanda por carbón crecería rápidamente y sus precios alcanzarían niveles muy atractivos, por lo que la oportuna explotación de los recursos de ese mineral con que cuenta Colombia, podría significar una fuente de divisas con magnitudes que quizás no cono cieron la quina, en el siglo pasado, ni el café en el actual. Parecía que por fin Colombia encontraría una salida clara al que ha sido su más constante cuello de botella a lo largo de su historia económica: la escasez de divisas.
Según el "Estudio Nacional de Energía", publicado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas, el crecimiento de la demanda por carbón está determinado por varios factores: la tasa de crecimiento económico, de la que depende la instalación de nuevos equipos industriales y de generación eléctrica; la medida en que se puedan suministrar a la industria formas derivadas del carbon a bajo costo que reduzcan los efectos contaminadoresIa limitación por aspectos fundamentalmente políticos, del desarrollo en la energía nuclear, y la manera como se consolide el eventual éxito en programas de producción de combustibles sintéticos.
La tabla de salvación que implicaba el carbón, entonces, se vió limitada por muchos factores que, sumados a la manera como han trabajado los agentes del mercado internacional en los últimos años, han llevado a que la situación actual, desde el punto de vista de las perspectivas relativas al carbón, sea menos favorable que aquella que existió en 1979 y 80.
El cartel de países productores, la OPEP, ha padecido resquebrajamientos en su sólida estructura por la diferencia de intereses entre los países que lo componen. Algunos como Arabia Saudita, con grandes reservas, antes que precios muy altos prefieren prolongar en el mayor lapso posible las ventas para asegurar una corriente de ingresos. A otros, con menores volúmenes, les conviene en cambio el mayor precio posible por su producto, así sea para venderlo en un período inmediato.
CALMA TRANSTORIA
A todas estas, los Estados Unidos y otros países avanzados han acumulado grandes reservas. Esto, y el hecho de que los precios se estancaron desde 1980, ha disminuido la angustia energética del mundo. La situación, sin embargo, es puramente coyuntural. Las fuentes sustitutivas del petróleo de todas maneras serán indispensables en el futuro, y así lo entienden las empresas multinacionales que explotan y comercian el carbón, según se desprende del interés que han mostrado por las reservas carboníferas de Colombia.
La Exxon, por su parte, ha realizado ensanches en los Estados Unidos en las minas de Colorado, y su volumen de inversiones en todo el mundo, que el año pasado alcanzó los $11.000 millones de dólares ha reducido en los períodos recientes sus fabulosos niveles de utilidades. La mira está en el mediano plazo.
Otras compañías, como la Marathon y Consol, filiales de grandes empresas transnacionales, han puesto en la mira el carbón colombiano. La primera de ellas es concesionaria de una amplia extensión en La Jagua en virtud de un contrato por US$10.000 millones que no se consultó con Carbocol, la empresa encargada del manejo de las reservas de carbón en el país. Esto, como-se sabe, motivó la demanda del contrato por el propio ministro de Minas de entonces, Carlos Rodado. Recientemente, el gobierno nombró al abogado Otto Morales Benítez para que se encargue de la demanda del contrato, justificada por los miembros de la comisión sexta del Senado que visitaron la zona y conceptuaron que los trabajos de explotación se limitaban a "un tractor y 25 operarios laborando a pico y pala", lo cual es causal de anulación de un contrato.
Igualmente, se conoció hace poco que la empresa Consol, Consolidation Coal of Colombia, de una manera "subrepticia", (según el columnista Daniel Samper quien hizo la denuncia), se adueñó de las acciones que poseía una comunidad de indígenas, a quien el Estado colombiano le pagaba regalías. Esta propiedad correspondía a un 9% de unas reservas de carbón en el Cerrejón. La propiedad se había legalizado mediante antiguas cédulas reales, y la compra por parte de Consol conducia a una curiosa situación en la cual el Estado Colombiano quedaría pagando a una empresa extranjera por la explotación de sus propios recursos.
La empresa, subsidiaria de Conoco, ofreció la venta de las acciones al Estado a cambio de que se le otorgara la concesión de otras zonas en la Intendencia de Casanare, lo que está prohibido por la ley del Carbón, (número 61 de 1979) y por los "Lineamientos de política en el sector carbón", aprobados por el Conpes.
Estos documentos reglamentan el espacio para la acción de las compañías nacionales y extranjeras interesadas en la comercialización. y explotación del mineral. El actual ministro, Carlos Martínez Simahan, declaró que se trataba de "un chantaje que perjudicaba los intereses nacionales".
EN DEFENSA PROPIA
La ley 61 del 79 estipulaba que la exploración y explotación de carbón, exceptuando los contratos celebrados con anterioridad a esta fecha, solo podrían realizarse mediante aportes a empresas del Estado del orden nacional. El documento del Conpes, posteriormente, ratificó que Carbocol manejaría las políticas relativas al carbón que se definían en el mismo documento. Esta no realizaría directamente la ejecución de los proyectos, pero coordinaría todas las exportaciones mediante la revisión de los contratos aprobados por Incomex.
El documento de Planeación y Minminas, por otro lado, declaró que "para la explotación de carbón en las áreas estatales se firmarán con las empresas particulares contratos de servicios, de asociación, de producción compartida o de cualquier otro tipo que el gobierno juzgue conveniente para los intereses del país". Se anulaba, en consecuencia, la posibilidad de que se volvieran a otorgar con tratos de concesión como los que antiguamente (antes del negocio del proyecto del Cerrejon, cuando se utilizó la figura de asociación) se llevaban a cabo en el país y que significaban para las empresas extranjeras un beneficio excesivo a costa de utilidades consideradas razonables para el país.
En lo referente a la aprobación de inversión extranjera, se estipuló en el documento del Conpes una participación mínima del 50% de capital nacional y la obligación a someterse a la aprobación, por parte del gobierno, del tipo de contrato que se celebre.
Tal parece, entonces, como lo sugirió Héctor Melo en un artículo de "El Espectador", que lo que ha sucedido con empresas como la Marathon y Consol es el intento de obtener formas de acceso a los recursos carboníferos del país más ventajosos de lo que permiten las reglamentaciones mencionadas.
A ello, según el mismo comentarista, se agrega una falta de decisión de parte de anteriores ministros de Minas en el sentido de hacer respetar las decisiones que prohiben los contratos de concesión, gracias a lo cual se ha dado pie para que algunas compañías extranjeras rebusquen fórmulas para llenar sus arcas gracias al carbón de Colombia, sin el beneficio justo para el país.
Si en el futuro se consolida la frase "Colombia es carbón o no es", que Colombia sea dependerá de la manera como se haga efectiva la política en materia de carbón. Este, a pesar de todo lo que pueda decirse sobre la coyuntura actual, parece ser todavía una tabla de salvación de mediano plazo para la crisis energética mundial.
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