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| 4/1/2017 10:30:00 PM

Los coletazos de Cajamarca

El veto a la explotación minera pone en riesgo el futuro de esta actividad, envía graves mensajes al sector privado que quiere invertir en los territorios y estimula la minería ilegal.

Los habitantes de Cajamarca, al prohibir por medio del voto la explotación minera en su municipio, dejaron al país en una gran incertidumbre jurídica. El hecho le abre un enorme desafío al desarrollo de esta actividad y pone en dificultades el futuro económico y social del país.

Aunque se trató de una consulta local que, en principio, se limita al proyecto aurífero de La Colosa –de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti– si este mecanismo se repite en otras regiones podría frenar la inversión minero-energética, que en la última década fue determinante para generar ingresos que permitieron financiar programas sociales y que ahora, de cara al posconflicto, podrían ayudar a generar desarrollo en las regiones.

El sector minero-energético representa alrededor del 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Solo la minería equivale al 2,1 por ciento del PIB, genera alrededor de 350.000 empleos directos y ha entregado cerca de 8 billones de pesos en regalías entre 2012 y 2016.

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El posconflicto, sin minería, podría ser mucho más difícil. Al fin y al cabo, su esencia consiste en integrar a las regiones marginadas y golpeadas por la guerra. Consolidar el silencio de los fusiles y construir la paz duradera requiere de actividades económicas que integren a las regiones y generen empleo y oportunidades para la gente. Nada de esto se puede lograr sin la presencia de la empresa privada. Y las primeras opciones en materia de proyectos de inversión están, precisamente, en las actividades extractivas legales y hechas con responsabilidad. La modernización de los territorios necesitará también -y sobre todo- de otras actividades estratégicas, como el turismo y la agricultura, pero en el corto plazo depende en buena medida de la actividad minera.

El desplome de la minería legal, de paso, sería la mejor noticia para los que se dedican a la minería ilegal, con sus nefastas consecuencias: se imponen a la brava, financian grupos criminales ilegales, corrompen la política y las comunidades, y acaban con el medioambiente. Controlar este fenómeno criminal –que suele asociarse con organizaciones armadas– sería mucho más difícil sin la presencia de una minería moderna, legal e institucional.

El riesgo no es menor. Sobre todo si se tiene en cuenta que está pendiente una docena de consultas populares similares a la de Cajamarca. En Ibagué, por ejemplo, hay vía libre para preguntarle a la población sobre diversos proyectos mineros. En Marmato (Caldas), la Corte Constitucional emitió una sentencia que obliga a las autoridades locales y nacionales a realizar una consulta sobre la explotación de oro de la multinacional Gran Colombia Gold.

También se estudian consultas contra la exploración y producción de petróleo en Cumaral (Meta); en Paujil, el Doncello, Valparaíso (Caquetá); en Puerto Asís (Putumayo); y en Simacota (Santander). En San Martín (Cesar) también se busca detener actividades de fracking. Hace unas semanas, en Cabrera (Cundinamarca) la comunidad rechazó la construcción de varias minicentrales eléctricas que pretendía desarrollar la compañía Engesa.

La realidad es que si Colombia decide no explotar la minería y frenar diversos proyectos energéticos, de infraestructura o turísticos, el país tendrá que enfrentar lo que esto significa. Es decir, resignarse a una economía de ingreso bajo, poco competitiva, y limitar el desarrollo y las inversiones en áreas sociales. En el corto o mediano plazo no hay un renglón en la economía que genere ingresos de una magnitud semejante al de los hidrocarburos o la minería. Y cabe preguntarse si es posible tomar una decisión de semejante trascendencia macroeconómica nacional mediante consultas en las que participa tan poca gente –en Cajamarca votaron apenas 6.500 personas–, y lo hacen por consideraciones locales.

Incertidumbre jurídica

La consulta de Cajamarca dejó grandes interrogantes constitucionales, pues se abrió un debate sobre el alcance de la decisión de los municipios frente a la autoridad del gobierno central. Hay quienes afirman que prima la voluntad popular local y hay que frenar los proyectos. Otros aseguran que estas consultas no son vinculantes y no pueden pasar por encima de las normas y las leyes nacionales. El director de Dejusticia, César Rodríguez, le dijo a SEMANA que el resultado en Cajamarca es obligatorio y aplica a los títulos otorgados a AngloGold que aún no tienen licencia ambiental, porque estos no crean un derecho adquirido.

Para otros analistas y voceros del sector privado la consulta está enviando un mensaje de incertidumbre jurídica que va a ahuyentar aún más la inversión. Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dice que la decisión de Cajamarca le agrega un elemento adicional al nerviosismo generalizado por las consultas previas y las licencias ambientales.

Recuerda que la inversión en el sector pasó de 2.500 millones de dólares a cero el año pasado.

Voceros de la AngloGold Ashanti, la empresa afectada en Cajamarca, señalaron que evaluarán los resultados de la consulta y continuarán trabajando para construir un consenso para desarrollar una minería moderna y responsable con el medioambiente. Cabe recordar que esta compañía llegó al país hace una década para explotar varios proyectos auríferos. En La Colosa, el de Cajamarca, hay reservas inicialmente estimadas en 28 millones de onzas de oro.

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Hasta el momento esa empresa ha invertido 360 millones de dólares en la fase de exploración, estudios y proyectos sociales. Más adelante, y según los resultados de nuevos estudios, solicitaría la licencia ambiental ante la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla). Pero este proceso puede tardar varios años.

El gobierno recibió con desconcierto los resultados de la consulta pasada. Para el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, las consultas populares no pueden estar por encima de la legislación porque eso crearía una anarquía institucional y legal que perjudicaría sectores claves para la economía del país. “El resultado no puede romper el Estado social de derecho.”, afirmó.

La posición del ministro calentó el debate pues para algunos podría significar que se le hará conejo a la voluntad popular. La realidad es que el país entró en un limbo legal, pues quedaron muchas preguntas sin respuesta. ¿La decisión tiene carácter retroactivo? o ¿las empresas que ya tienen títulos podrían seguir explotando? Y en caso de que se suspendan proyectos, ¿se avecinan demandas de las multinacionales afectadas?

En la misma Cajamarca hay 19 títulos mineros, de los cuales 16 son de AngloGold, y los tres restantes de Mistrato, Negocios Mineros y Exploraciones Northern. En este municipio tolimense hay seis títulos en etapa de exploración, siete en construcción y montaje y seis más en explotación, en su mayoría para extraer oro y otros metales preciosos. A estas alturas nadie sabe qué pasará con ellos.

El ministro Arce afirma que trabaja en varias propuestas para mirar cómo se logra a nivel territorial un consenso del modelo de desarrollo que quieren las regiones según su vocación y el potencial económico de las actividades que se vayan a realizar. La otra propuesta es reglamentar el artículo 288 de la Constitución Nacional que señala que mediante una ley orgánica de ordenamiento territorial se establecerá la competencia de la Nación y las entidades locales.

Minería ilegal

En medio de las discusiones políticas a veces no se tienen en cuenta argumentos técnicos que aseguran que sí es posible hacer minería con altos estándares sociales y ambientales. Naturalmente, hay que rechazar de plano la minería mal hecha. De igual forma, las empresas que se saltan las normas ambientales, laborales y no le cumplen a las comunidades donde estan operando, deben ser duramente castigadas.

Jaime Concha, de la Andi, dice que la ilegalidad le genera a la minería grandes problemas de reputación por sus pésimas prácticas, especialmente en cuanto al oro, donde un 82 por ciento de la extracción corresponde a una mezcla de informalidad y de vínculos con grupos criminales. Muchas de las decisiones respecto a la minería confunden al sector formal con la actividad ilegal.

Analistas le dijeron a SEMANA que mientras la minería legal encuentra toda clase de talanqueras, la ilegal sigue avanzando sin mayores obstáculos hasta el punto de que hoy está presente en 267 municipios. El tema es preocupante con la explotación aurífera. Según datos de la ACM, de las cerca de 55 toneladas de oro producidas al año en Colombia, solo el 13 por ciento proviene de la minería legal. La realidad es que el 82 por ciento de la minería en Colombia es ilegal.

Otro desafío importante generado por la consulta de Cajamarca es definir las competencias territoriales y nacionales por el uso del suelo. Esto será clave, ahora que se anuncian nuevas votaciones.

El punto de quiebre para que los territorios decidan qué clase de actividad económica permiten en sus suelos se dio el año pasado, a raíz de un fallo de la Corte Constitucional. Al resolver una tutela interpuesta por una líder del municipio de Pijao (Quindío), el alto tribunal dijo que los municipios y departamentos sí pueden prohibir la minería porque tienen facultad para decidir sobre el subsuelo, que antes correspondía exclusivamente a la Nación.

Ahora bien, en este malestar regional podría estar influyendo otro elemento. Se trata del nuevo esquema de distribución de regalías según el cual las zonas productoras han perdido un gran porcentaje de estos recursos, lo que ha incrementado los conflictos sociales y la oposición política local a muchos proyectos. En algunas regiones sienten que se están quedando solo con los pecados de la minería, que no alcanzan a compensar los cada vez menores ingresos que reciben por la extracción de sus recursos no renovables.

Pero también está el hecho de que las regiones quieren tener más poder y no depender de los dictados del nivel central para decidir sobre su actividad económica. Ese es el caso de Cajamarca, que tiene vocación agrícola y muchos de sus habitantes creen que esa actividad estaría en riesgo con la minería a gran escala de La Colosa, pues para extraer una onza de oro hay que remover toneladas de tierra y piedra. Caso contrario ocurre en Vetas y California, dos pueblos de Santurbán que desarrollan minería desde la época de la Colonia.

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Aunque la participación ciudadana es bienvenida y necesaria, no menos cierto es que las decisiones deben ser mesuradas. De lo contrario, los municipios podrían oponerse a cualquier cosa: que no haya botaderos de basura, que no pase una carretera, que no se construyan cárceles ni estaciones de Policía, etcétera.

Al contrario de lo que muchos piensan, del total del territorio colombiano solo el 3,8 por ciento tiene títulos mineros. De ellos el 40 por ciento corresponde a materiales de construcción y solo el 22 por ciento a oro y metales preciosos. Por eso, si los municipios prohíben toda la minería no solo frenan el desarrollo de proyectos auríferos, sino la extracción de arcilla o gravilla.

En síntesis, se necesita un equilibrio entre la necesidad de proteger el medioambiente y aprovechar la riqueza del subsuelo. Más ahora cuando Colombia entra en una nueva etapa en la que se necesitarán millonarios recursos para apoyar el desarrollo y bie-nestar del país, y hacer sostenible la paz en los territorios.

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