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| 12/26/2016 7:37:00 AM

Reforma Tributaria: un hueso duro de roer

Este el paquete de impuestos que el Senado y la Cámara tendrán que conciliar el martes. Se mantendrá el IVA del 19 por ciento, pero hay problemas con la cárcel para evasores.

Se sabe que nadie queda contento con una reforma tributariapues directa o indirectamente toca a todo el mundo. Su trámite en el Congreso siempre es complejo, porque cada parlamentario suele tener una contrapropuesta para cada artículo que el gobierno propone.

Pues bien, en la quinta reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos, la situación fue aún más difícil. Primero por la tardanza misma del gobierno para presentar el proyecto de ley, luego porque la Casa de Nariño no quería mezclar impuestos con plebiscito y después porque llegó el fast track.

El camino no solo fue difícil en el Congreso, por la estrechez del tiempo para su trámite, sino por la férrea oposición de muchos sectores, entre ellos los empresarios y dirigentes gremiales, que cuestionaron muchos puntos de la reforma. Paradójicamente, desde un principio todos aceptaron que era necesaria, entre otras razones para calmar a las agencias calificadoras que amenazaban con bajar la nota de la deuda soberana, si la reforma no era aprobada antes del cierre de 2016.

El gobierno esperaba una reforma más robusta en cuanto al recaudo, pero la propuesta que se aprobó garantiza recursos por 6,1 billones de pesos el próximo año; 6,8 billones en 2018; 12 billones en 2019; 15,7 billones en 2020; 19,6 billones en 2021 y 24 billones en 2022. El ministro Cárdenas dijo que este monto salva la política social. La batalla no fue fácil, pues entre la primera propuesta del gobierno y la que se sometió a las plenarias hay una diferencia de 16 billones de pesos, cuando se calcula el recaudo en un horizonte de seis años.

Con la nueva normatividad tributaria (que se aprobaba el jueves), se corrigen muchos defectos de las reformas de 2012 y 2014, que les complicó la vida a muchos contribuyentes personas naturales y jurídicas como el Iman y el Imas para los asalariados, y los tres tributos: renta, Cree y sobretasa para las empresas.

Hasta última hora, los parlamentarios discutieron más de 300 artículos de la reforma, lo que tenía a todos haciendo cuentas sobre su impacto. Lo grueso de ella, que fue aprobada en la plenaria de la Cámara y discutía el Senado, se resume así:

1 La tarifa de renta para las sociedades pasa al 33 por ciento, a partir del año gravable 2018. Para 2017 la tarifa es del 34 por ciento. La sobretasa de renta que pagan las empresas con utilidades de más de 800 millones de pesos será del 6 por ciento para 2017 y del 4 por ciento para 2018, para desaparecer en 2019.

Los parlamentarios aceptaron que la tarifa de renta para los usuarios de zona franca fuera del 20 por ciento. También acogieron una tarifa de renta especial del 9 por ciento para ciertas empresas. Por ejemplo, los servicios prestados en nuevos hoteles construidos en municipios de hasta 200.000 habitantes tendrán esta tarifa. Este beneficio se mantendrá por 20 años y cubre a los establecimientos construidos en los próximos 10 años.

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En renta se fijaron descuentos especiales para las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medioambiente. También para inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

Senado y Cámara estuvieron de acuerdo en gravar los dividendos en cabeza del accionista, no de la sociedad. La tarifa será del 10 por ciento para montos superiores a 29,7 millones de pesos al año. Habrá una tarifa del 5 por ciento para dividendos en el caso de sociedades extranjeras.

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2 La columna vertebral de esta reforma tributaria fue, desde un principio, el aumento de la tarifa general del IVA al 19 por ciento. Para conseguir la aprobación del Congreso, el gobierno aceptó que un punto se destine así: la mitad a salud y la otra mitad a educación. El 40 por ciento de este recaudo se destinará para financiar la educación superior pública. Quedó claro que siguen sin IVA los alimentos que hacen parte de la canasta familiar.

3 El inamovible de los parlamentarios siempre fue no tocar a los asalariados. La idea es que mantengan una renta exenta del 25 por ciento del ingreso y puedan descontar un 15 por ciento adicional en distintos beneficios (como dependientes, medicina prepagada, depósitos en cuentas AFC, entre otros). Es decir, un 40 por ciento. En materia de impuestos para los asalariados no se amplió la base de contribuyentes y declarantes. Se dejó el actual nivel a partir del cual se declara renta.

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4 Sobre el monotributo, aunque hubo discusión al comienzo, al final a los parlamentarios les gustó. Este es un tributo opcional para los pequeños comerciantes con ingresos brutos entre 42 y 104 millones de pesos, que desarrollen su actividad económica en un local con un área igual o inferior a 50 metros cuadrados. En el valor anual a pagar está incluido el impuesto y la contribución a los BEPS (beneficios económicos periódicos).

Otro eje del proyecto fueron las medidas y cláusulas para evitar el abuso del régimen tributario especial. De acuerdo con lo aprobado en las plenarias, la Dian fiscalizará las entidades sin ánimo de lucro y aquellas que soliciten su calificación en el Régimen Tributario Especial. La entidad deberá incluir, dentro de su plan anual de fiscalización, un programa de control a las entidades sin ánimo de lucro.

Pero sin duda alguna, uno de los temas más álgidos a lo largo de este proyecto fue la propuesta de penalizar la evasión en renta a partir de 5.000 millones de pesos. Después de las objeciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, finalmente con el aval del gobierno se corrigió la redacción del artículo y se bajó a 170 millones de pesos el monto a partir del cual se castiga con cárcel la evasión en renta. Los parlamentarios de la Cámara acogieron favorablemente esta propuesta que resultó mucho más severa que la inicial. La evasión de IVA también se castigará con cárcel entre 4 y 9 años. Al cierre de esta revista, el Senado no había abordado esta propuesta.

6 Otro tema novedoso propuesto por el gobierno y acogido por el Congreso fue el impuesto verde (a las emisiones de carbono). Este gravamen recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y los tipos de gas fósil usados con fines energéticos, siempre que lo sean para combustión. Se decidió gravar la venta de gas licuado de petróleo efectuada a usuarios industriales. De igual modo, en la venta del gas natural, el impuesto solamente se causará en el caso de la industria de refinación de hidrocarburos y la petroquímica. El impuesto al carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada combustible determinado.

En esta línea ambiental, se gravarán las bolsas plásticas para cargar o llevar productos adquiridos en los establecimientos de comercio para así desestimular esta práctica y generar beneficios para el medioambiente.

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