Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/06/16 17:48

El deficiente servicio educativo azota a los Montes de María

Un informe de la Defensoría del Pueblo alerta de que al menos 146 escuelas de esta región, en la que estudian 5 mil niños, no cuentan con los servicios mínimos de comedor, baños y transporte.

El deficiente servicio educativo azota a los Montes de María Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo
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Semana Educación

Los Montes de María, una de las regiones más castigadas por la violencia del conflicto armado, vuelve a ser noticia ahora debido a la precariedad del servicio educativo que se está brindando a los menores de la zona.

La Defensoría del Pueblo alertó este jueves que no se está garantizando el derecho a la educación de más de 5.000 estudiantes. Si bien no se puede calificar esta realidad de abandono estatal, si, en cambio, de “esfuerzos insuficientes por parte del Gobierno", como reconoció Irina Junieles Acosta, defensora regional de Bolívar, a Semana Educación.

De acuerdo con el informe del ente de control, en 112 escuelas de Carmen de Bolívar, 34 de San Jacinto y otras más de María La Baja no no hay cocinas ni comedores habilitados; los alimentos se preparan en fogones de leña sin las pertinentes condiciones de salubridad; los baños son inexistes y el servicio de transporte no se cumple. (En canoa y sin chaleco, un día de colegio en Caquetá)

El negocio del Programa de Alimentación Escolar

Para la defensora, la razón de esta falta de garantías tiene su razón de ser en la demora que caracteriza el proceso de legalizar el 80 % de las instituciones educativas de la región que todavía no aparecen en el registro público. Según explicó Acosta, sin ese requisito la ley colombiana prohíbe destinar recursos para construir infraestructura en los predios.

“Es un enredo burocrático que de mantenerse así supondrá para los estudiantes de la región un retroceso de 10 años en el acceso en igualdad de condiciones a la educación. Los niños se están quedando rezagados”, sentenció Acosta.

Esta publicación se puso en contacto con representantes del Ministerio de Educación (MEN) que también hablaron de “esfuerzos insuficientes” en lo que respecta al mantenimiento y la construcción de infraestructura escolar.

De acuerdo con la información que maneja la cartera que dirige Gina Parody, el departamento de Bolívar presentó 176 predios de los cuales 77 fueron declarados “viables técnica y jurídicamente para la construcción, ampliación y mejoramiento de sedes educativas”. La pregunta entonces es ¿por qué no se han iniciado esos trabajos de mejora?

Según las pesquisas de la Defensoría, instituciones educativas como la de Guamanga 1, Santo Domingo de Mesa, Don Cleto, Santa Cruz de Mula, Sierra de Tejada y Berruguita en El Carmen, o la Escuela Primaria Vereda Patio Grande y el Centro Educativo El Paraíso, ambas en San Jacinto, son el ejemplo más evidente de que los recursos estatales no están llegando a su destino y que se necesita una solución urgente.

Y es que, además de todas las falencias mencionadas en párrafos anteriores, la intermitencia en el servicio eléctrico y de agua en las escuelas no permite que los niños puedan atender las clases con regularidad.

La precariedad llega a tal punto que, en varias ocasiones, los profesores del corregimiento de San Jacinto se han visto obligados a dictar clases en la sacristía de la Iglesia, la cual “también está a punto de derrumbarse”, informaron los docentes de la zona.

Las denuncias del ente de control contrastan con los datos que brinda el MEN sobre la inversión que se destinó en 2016 para la educación en el departamento de Bolívar. 

El 10 de febrero de este año, la Gobernación y la cartera educativa firmaron un acuerdo por el que se comprometieron a destinar 166.500 millones de pesos para la construcción de 1.060 aulas con las que se beneficiarían 42.000 niños. De estos recursos, el 70 % lo aporta la nación (116.500 millones) y el resto la entidad territorial (50.000 millones). Sin embargo, todavía no se han visto los resultados de esa inversión.

La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada por esta situación, especialmente ahora, de cara a la inminente firma de los acuerdos de paz y el inicio de una etapa de posconflicto en la que el respeto a los derechos de la población de los Montes de María debe ser una prioridad.

Una región que ha padecido el flagelo de 56 masacres a lo largo de los más de 50 años de guerra y que aporta al registro de la Unidad de Víctimas el 4 % del total de víctimas que hasta el momento reconoce el país. (El posconflicto de los Montes de María)

“La gente está retornando a la región. A la zona rural del Carmen, por ejemplo, han llegado en cinco años 4.000 familias con sus hijos y se necesita infraestructura social para ellos, especialmente de educación”, concluyó la defensora Acosta.

PARA EL DEBATE

Si conoce más casos sobre la falta de garantías en el acceso a la educación de los niños, contáctenos a través de nuestro twitter @SemanaEd y @JuliaAlegre1

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