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El BID-Fomin financiará parcialmente en tres corregimientos un proyecto cuyo objetivo es ambicioso: crear una verdadera economía con los pequeños campesinos. | Foto: Fundación Semana

VIOLENCIA

El posconflicto de los Montes de María

La empresa privada es clave en la consolidación de la paz con la transferencia de conocimiento y tecnología a las comunidades más afectadas.

16 de noviembre de 2013

Toda posguerra necesita su plan Marshall. No hay posconflicto posible si no hay una reconstrucción de los recursos materiales y del tejido social que rompieron los fusiles.  Y aunque en Colombia todavía no se ha llegado a un acuerdo final con la guerrilla para ponerle fin a la confrontación armada, ni hay un plan claro para el tan mencionado posconflicto, hay regiones del país en las que esta realidad se les vino encima. 

Una de ellas es Montes de María, donde hace por lo menos un lustro la gente está retornando a los pueblos abandonados, reclamando sus tierras y pidiéndole al Estado una mayor presencia para poder vivir con dignidad en sus veredas. 

Montes de María es una zona de 700.000 hectáreas que comprende 14 municipios de Sucre y Bolívar y que otrora fue considerada la despensa agrícola de la costa Atlántica. Durante 20 años este territorio fue duramente golpeado por los actores armados que cometieron decenas de masacres como la de El Salado, Chengue o Macayepo, y despojaron a miles de parceleros. 

Pero la desmovilización de los paramilitares en 2005, la derrota militar del frente 37 de las Farc, y la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, han cambiado el panorama. Hoy en la región lo que está en juego es el modelo de desarrollo rural que se implementará, cómo podrá convivir la gran agroindustria de la madera y la palma con la economía campesina, y cómo se garantizará que el Estado llegue por fin a proveer la infraestructura básica de estos pueblos. 

En esta nueva situación de la región, la empresa privada también está desempeñando un papel muy importante. Hace cuatro años un grupo de fundaciones empresariales, en cabeza de la Fundación Semana, se metió de lleno a El Salado, en Carmen de Bolívar, para hacer un experimento de reconstrucción del pueblo de una manera integral, y sostenida en el tiempo, coordinando esfuerzos con el Estado y la cooperación internacional, bajo la tutela y veeduría de la propia comunidad.  

El centro de esta intervención ha sido entender que así como la guerra tuvo un fuerte impacto en el territorio, y en todos sus habitantes, este mismo territorio es el que debe transformarse en función del posconflicto.   

Hoy El Salado está viviendo esa transición. Físicamente tiene una infraestructura básica en continuo mejoramiento –tiene alcantarillado, conectividad, una mejor carretera, y una gran casa de la cultura, entre otros bienes– así como visibles avances en educación, cultura, salud y en lo productivo. 

La alianza público-privada que actúa en El Salado se ha convertido en un referente regional, por eso ampliará su radio de acción a otras dos poblaciones: San Basilio de Palenque una comunidad afrodescendiente, reconocida por su increíble patrimonio cultural y que sin embargo es uno de los más pobres del país. Y Macayepo, un pueblo enclavado en la zona montañosa de Carmen de Bolívar, que inició el retorno desde hace una década. Y el proyecto se ampliaría  al resto de los Montes de María. 

En estos tres corregimientos se implementará, además, un proyecto financiado parcialmente por el BID-Fomin cuyo objetivo es ambicioso: crear una verdadera economía con los pequeños campesinos. Que sus cultivos no sean solo de subsistencia, sino también comerciales, y que generen ingresos familiares suficientes para sacar de la pobreza extrema a estas poblaciones. Se busca que por lo menos 1.500 familias puedan producir de manera tecnificada durante cinco años, se aseguren unos mercados, y que quede una capacidad instalada para el futuro.

Más allá del éxito que se pueda tener en estos tres lugares, lo interesante es que en Montes de María la empresa privada ha encontrado un esquema de trabajo coordinado, que se articula a los planes de desarrollo locales, los gobernantes regionales y está en la línea de lo que hay que hacer para contribuir a la pacificación definitiva del país.