Billones de pesos registrados en crédito para empresarios

Desde que el Registro de Garantías Mobiliarias entró en marcha, el 4 de marzo, cientos de personas naturales y empresas han adquirido créditos. A la fecha se han registrado más de 11 mil garantías por cerca de 10 billones de pesos. Los resultados inmediatos (menos de 2 meses) superan los esperados para un año por la Corporación Financiera Internacional (IFC). Según Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, “Los registros son una herramienta económica que permite emplear bienes como maquinarias, inventarios, productos agrícolas y flujos de contrato  como garantías¨ El Registro proporciona a  los proveedores de crédito acceso a la información, reduce el riesgo financiero y proporciona alternativas para recuperar el valor del préstamo frente a posibles incumplimientos. Esta ley, además de buscar la inclusión financiera, tiene como objetivos combatir los préstamos predatorios, crear garantías como incentivo para que el sector financiero preste los recursos e incrementar los créditos a los pequeños, medianos y grandes empresarios.

El Gobierno Nacional –en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial y el Programa de Políticas Públicas de USAID– trabajó durante dos años, de la mano de asociaciones financieras y empresariales como Asobancaria, en el proyecto que dio viabilidad a la creación y aprobación de la Ley 1676, en agosto de 2013.

Gerald Meyerman, director del Programa de Políticas Públicas de la USAID, destacó el impacto de la nueva ley y la oportunidad de esta iniciativa. “La competitividad de Colombia  durante años sufrió por la imposibilidad del sistema financiero para fomentar cadenas de valor y los procesos de negocio. El alto volumen de transacciones realizadas en los primeros meses de operación demostró lo importante que es la ley y el registro. Estos abren nuevas oportunidades para apoyar iniciativas financieras y al hacerlo ayudarán a consolidar la paz y la auto-sostenibilidad para miles de colombianos”.

Por ahora, el nuevo reto para el desarrollo eficiente de la ley es que los bancos y las entidades no bancarias, que son los principales usuarios del sistema, continúen adaptando sus políticas de crédito, para así garantizar préstamos a los emprendedores y las empresas, en especial a las Pymes que buscan innovar y crecer. Estas, además, componen el 90% del tejido empresarial nacional.

La presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, afirmó que el nuevo sistema crea mejores oportunidades para la pequeña y mediana empresa que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder al crédito.

Al evento, organizado por la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), en cooperación con la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y el IFC, asistieron expertos internacionales, altos representantes de la banca en Colombia, así como otras organizaciones y empresarios que se benefician de las disposiciones de la nueva ley, como Tito Mahecha y Gilberto Santos, propietarios de un Cultivo de Arroz en Fuente de Oro, Meta. Ellos ya hicieron uso del registro y dejaron como garantía su cosecha a  un molino de arroz. Ahora, están interesados en acceder a un crédito bancario, pues aseguran que, “si recibieran el dinero podrían negociar con los proveedores y así bajar costos para mejorar su utilidad”. En particular les interesa que los procesos del Banco Agrario sean más ágiles para poderse beneficiar de las bajas tasas de interés y de algunos incentivos agropecuarios que brinda el gobierno.

Según Andrés Restrepo, viceministro de Hacienda, el fortalecimiento empresarial y la simplificación de trámites generan un mayor desarrollo financiero. Esto, sustentado en el número de registros que a la fecha se reportan. “En solo dos meses el nuevo régimen ha tenido 11.500 registros que suman billones de pesos. Una verdadera revolución si se tiene en cuenta que con el régimen de comercio anterior se llevaron a cabo solo 40.000 registros en 42 años”, agregó Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades.

Para Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, entidad responsable de la operación y administración de los registros, “lo más importante es que el país se familiarice con la eficiencia del nuevo sistema, para así adquirir culturalmente el concepto de que los trámites son fáciles. En este sentido, desde el punto de vista de la educación, el reto es contribuir a que las personas entiendan en qué consiste del crédito”.

Y es que conseguir préstamos sin mayores demoras a bajas tasas de interés es una de las necesidades principales de microempresarios como Sonia Árias, pujante emprendedora, propietaria de Bordados Emanuel, en Medellín. Ella ya usó el registro para adquirir maquinaria por 120 millones de pesos. Consiguió la cuota inicial de estos equipos con la cooperativa Microempresas de Colombia y luego uso los mismos bienes como garantía del préstamo.

 

El modelo de esta ley transversal –explicó Julián Domínguez, presidente de Confecámaras–genera competitividad para el país porque ayuda a que las instituciones operen adecuadamente. Además, según Alejandro Álvarez, especialista global financiero en garantías inmobiliarias de IFC, “esta reforma le va a ayudar a Colombia a potencializar sus relaciones económicas con otros países, puesto que hoy se comercializa de forma trasnacional”. Los bancos –agregó– tienen flujos de capital entre países. Así que el tener un sistema de garantías como el que ha creado Colombia, con un registro muy sólido, va a hacer que muchas empresas extranjeras quieran financiarse aquí.

Con la implementación de la ley el gobierno promete impulsar definitivamente el acceso al crédito, así como fortalecer el crecimiento, la formalización empresarial y las condiciones laborales, pues según lo ha identificado la IFC en su informe Doing Business, “95% de los bienes de las micro, pequeñas y medianas empresas están compuestos de valores muebles”.

Esta ley, además de buscar la inclusión financiera, combate los préstamos predatorios, crea garantías como incentivo para que el sector financiero preste los recursos e incrementa los créditos a los empresarios.

El nuevo reto para el desarrollo eficiente de la ley es que los bancos y las entidades no bancarias, que son los principales usuarios del sistema, continúen adaptando sus políticas de crédito.

Es un Servicio Empresarial que busca incrementar el acceso al crédito de las empresas. Operará a través de un sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional.