La estrategia Paz Electoral, con la que la Procuraduría General ha venido recorriendo el país desde el inicio del calendario electoral, entró oficialmente en una nueva fase. Después de varios meses enfocados en garantías electorales, vigilancia institucional y pedagogía ciudadana de cara a las elecciones legislativas, ahora el foco estará puesto en la participación de los servidores públicos en la campaña para las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.
El anuncio fue hecho por el procurador general, Gregorio Eljach, durante un encuentro con procuradores territoriales y delegados de todo el país que se realizó en el auditorio Antonio Nariño, en el edificio de la Procuraduría, en Bogotá.
La nueva etapa de la estrategia tiene como lema “La línea que no se cruza”, una campaña con la que la Procuraduría busca advertir cuáles son las conductas que pueden convertirse en indebida participación en política y terminar en investigaciones o sanciones disciplinarias.
“El deber de la Procuraduría es evitar y, si es el caso, sancionar a los servidores públicos que superen la línea roja de lo prohibido”, afirmó Eljach.
Durante su intervención, el procurador insistió varias veces en que no toda actuación o declaración de un funcionario constituye una falta disciplinaria. Según explicó, la intención de esta nueva fase de Paz Electoral es diferenciar entre el ejercicio legítimo de derechos políticos y las conductas que sí cruzan los límites establecidos por la Constitución y la ley.
“Participar en política no solamente es un derecho, es un deber; participar indebidamente en política está prohibido y trae consecuencias”, señaló.
La Procuraduría recordó que los funcionarios públicos no pueden usar recursos oficiales para favorecer campañas, presionar subalternos para respaldar candidatos, utilizar bienes del Estado en actividades proselitistas o difundir propaganda electoral desde cargos públicos.
Eljach también respondió a las críticas que ha recibido la entidad por supuesta lentitud frente a denuncias de participación política de funcionarios públicos. El procurador defendió los tiempos de los procesos disciplinarios y aseguró que la Procuraduría no puede actuar únicamente con base en publicaciones en redes sociales o presiones mediáticas.
“La Procuraduría no puede ser el sparring de los pésimos candidatos que quieren hacerse presidentes a costilla de la honra de las instituciones”, afirmó.
En medio de su discurso, hizo una defensa de la primera etapa de Paz Electoral y dijo que la estrategia contribuyó a que las elecciones legislativas se desarrollaran sin mayores cuestionamientos sobre fraude o alteraciones del proceso. “Aquí hubo elecciones libres, transparentes y seguras”, enfatizó.
Según explicó, la iniciativa permitió articular a procuradores, personeros, autoridades electorales, gremios, universidades y organismos de control alrededor de la vigilancia electoral y la defensa de las garantías democráticas.
Como parte de esta nueva fase, Eljach firmó la Circular 10, un documento que contiene lineamientos sobre obligaciones, prohibiciones y deberes de los servidores públicos frente al proceso electoral.
Además anunció que el Ministerio Público reforzará las herramientas tecnológicas para la recepción de denuncias relacionadas con participación indebida en política y confirmó que la estrategia pedagógica será enviada a funcionarios públicos de todo el país a través de canales institucionales.
La nueva apuesta de Paz Electoral llega en medio de un ambiente político marcado por denuncias cruzadas, cuestionamientos sobre intervenciones de funcionarios públicos y crecientes tensiones alrededor de la campaña presidencial. Desde la Procuraduría, el mensaje fue claro: la participación política está permitida, pero hay una línea que no se puede cruzar.