Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/03/25 00:00

Tribunal Supremo español despeja el camino para juzgar a Baltasar Garzón

Después de meses de deliberaciones, una sala de cinco magistrados desestimó el recurso de Garzón para evitar una acusación formal de prevaricación.

Tribunal Supremo español despeja el camino para juzgar a Baltasar Garzón

El Tribunal Supremo español despejó el jueves el camino para sentar al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por su fallida investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo.

Horas después, Garzón, quien no se prodiga en declaraciones a los medios de comunicación, defendió la regularidad de sus actuaciones y aseguró que lo demostrará.

"Seguiré defendiendo mi inocencia absoluta", dijo Garzón ante un grupo de periodistas en Sevilla.

Después de meses de deliberaciones, una sala de cinco magistrados desestimó el recurso de Garzón para evitar una acusación formal de prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta, y comprometió el futuro del magistrado más famoso de España por investigar casos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros.

Ahora el proceso sigue adelante y si finalmente llega a juicio, Garzón sería suspendido automáticamente de sus funciones y apartado de la carrera judicial. Además, de ser condenado, se enfrentaría a una pena que oscila entre los 10 y los 20 años de inhabilitación.

Con 54 años, una pena de estas características pondría punto y final a su futuro profesional como juez de la Audiencia Nacional.

"Los jueces somos como cualquier otro ciudadano. Tenemos que cumplir las normas y ahora me toca estar en esta posición", añadió el magistrado. "Soy juez porque es mi vocación y quiero ejercer mi trabajo. Si no toca estar, lo asumiré y me defenderé".

En mayo de 2009, el Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias. Garzón testificó a puerta cerrada, negó mala praxis e intentó pedir el archivo del caso en sucesivos recursos que han fracasado uno tras otro.

Después de la resolución del jueves, esta compleja y enrevesada investigación vuelve a manos del juez instructor del Supremo Luciano Varela, quien en febrero ya se había mostrado a favor de acusar a Garzón de prevaricación y abrir juicio. Por esta razón, la mayoría de expertos judiciales creen que la suerte del juez ya está echada.

No obstante, y antes de tomar una determinación final en las próximas semanas, Varela deberá decidir si acepta el testimonio de reputados juristas internacionales para testificar a favor de Garzón, entre ellos jueces de Chile y Argentina que trabajaron con el magistrado español en el caso de Pinochet y en el de las desapariciones de la dictadura militar argentina.

En 2008, Garzón abrió un sumario que fue interpretado como la primera gran causa general contra la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). El magistrado consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad.

Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura y la guerra civil.

Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977, dos años después de la muerte de Franco.

Casi sin apoyos, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para proseguir con la investigación y dejó el asunto de la exhumación de cadáveres y las fosas en manos de tribunales regionales.

Manos Limpias presentó entonces la denuncia por prevaricación que el Supremo aceptó investigar. El juez Varela consideró el pasado febrero en su auto que Garzón actuó a sabiendas de que los delitos franquistas que quería investigar prescribieron con la Ley de Amnistía.

Varela reconoció que Garzón intervino de buena fe, con la intención de aliviar el sufrimiento de las víctimas, pero le acusó de "ignorar u orillar" conscientemente la legislación emanada de las Cortes democráticas.

Azote judicial del grupo separatista vasco ETA y representante de la llamada justicia universal en delitos de crímenes contra la humanidad, el futuro de Garzón pende actualmente de un hilo. Además del caso por prevaricación, el Supremo investiga otras dos causas contra el juez que todavía están en proceso de estudio.

Garzón ha ocupado las portadas de medio mundo con la investigación de Pinochet o las que quiso abrir contra Osama bin-Laden y la prisión estadounidense de Guantánamo, pero de puertas para dentro su figura es una de las más polémicas.

Apoyado por partidos y grupos de izquierda, su figura ha sido defendida públicamente por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero los sectores más conservadores de la derecha le han declarado su enemigo público número uno.

Garzón ha esquivado durante los últimos años numerosas querellas de sindicatos como Manos Limpias, muy molestos con los procedimientos judiciales del magistrado.

Pero el problema no es sólo de índole política. Su perfil internacional ha levantado numerosos recelos entre sus compañeros de la magistratura, que no le perdonan el excesivo protagonismo de quien la prensa española bautizó como "juez estrella".

"La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura", dijo hace unos meses Carlos Jiménez Villarejo, un conocido ex fiscal español.

La izquierda política y judicial lleva meses movilizándose en defensa de Garzón, pero todos los indicios apuntan a que su futuro profesional se encuentra atrapado en un callejón sin salida.

Preguntado en Sevilla sobre un posible temor a verse sentado en el banquillo de los acusados después de años de carrera, Garzón respondió contundente: "Es probable que a algunas personas, muchas o pocas, no lo sé, les gustaría ver esa imagen".
 
AP.

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