¡A trabajar!

A los congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara se les acabó la 'locha' de la Pascua. Esta semana tendrán que debatir por fin los temas cruciales de la ley de justicia y paz. El lunes en la tarde los congresistas 'rebeldes', encabezados por Rafael Pardo, intentarán ganar la partida en dos aspectos de fondo: la confesión, y si existe o no un conflicto armado en el país. En ambos puntos sacarán todas sus dotes argumentativas para dejar una constancia histórica y "perder con dignidad", como dicen ellos mismos en los pasillos.

La confesión es la diferencia más abismal entre el gobierno y el grupo de congresistas que ha sido más duro con los paramilitares en el proyecto. Mientras para el gobierno los paramilitares beneficiados por la ley deben dar una versión libre y no están obligados a autoincriminarse, para Pardo y Gina Parody se necesita una confesión total de los delitos que incluya la versión de las víctimas. Así se garantizaría un mínimo de verdad sobre las masacres, desapariciones y homicidios cometidos en el país en los últimos años. Y de paso se establece la magnitud del robo de tierras y otros bienes. En el mismo orden de ideas, Parody defenderá la pérdida total de beneficios por ocultar esta información. Es posible que muchos de la bancada oficialista se adhieran a Parody, pues es un asunto de elemental reciprocidad que los beneficiados con la ley actúen con total transparencia. Entre otras razones, porque confesar más delitos no necesariamente les implica mayores penas.

El otro gran duelo será sobre si hay o no conflicto armado en Colombia. El gobierno niega la existencia de la guerra, y esa definición puede tener implicaciones penales y jurídicas graves. Si de la ley se infiere que no hay conflicto armado, desaparecería todo el título segundo del Código de Procedimiento Penal, que establece las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). "Eso significa una rebaja sustancial de las penas para delitos graves", dice el representante Luis Fernando Velasco. El homicidio común está castigado con penas entre 17 y 37 años, pero si se comete contra personas protegidas por el DIH, estas llegan hasta los 50 años. El desplazamiento forzado tiene una pena máxima de 18 años, pero si se comete en el contexto del conflicto armado tiene hasta 30 años. También advierte que desaparecerían delitos como la perfidia y el reclutamiento forzado.

Igual polvareda levantarán, ya no sólo con los congresistas duros con los paras, los dos artículos más cuestionados: el 64 y el 20. El artículo 64, que incluye a las autodefensas en el delito de sedición, no tendrá mayores dificultades para ser aprobado. En adelante, y contra toda la tradición jurídica del mundo, será considerado rebelde no sólo aquel que quiera derrocar al Estado, sino también quien pretenda sustituirlo.

Y el polémico artículo 20, que habla de los delitos conexos, está en vilo de ser aprobado. Un borrador que ha circulado en las últimas semanas niega todo vínculo entre narcotráfico y delito político, pero establece que el narcotráfico será objeto de pena alternativa. Y a renglón seguido dice: "Los delitos cometidos antes de pertenecer al grupo armado al margen de la ley no podrán ser objeto de pena alternativa". Esta excepción tranquiliza a Estados Unidos, que espera poder extraditar a aquellos narcos, hoy vestidos de paramilitares, que traficaron entre 1997 y principios de 2000, cuando se 'convirtieron' en autodefensa. Pero la semana pasada estaba circulando un nuevo texto en el cual se habla de que no serán objeto de pena alternativa 'las condenas' que se tuvieran antes de pertenecer al grupo armado. Eso ha llevado a que uribistas como Germán Vargas Lleras anuncien que en esas condiciones no votarán con el gobierno este artículo.

Como si las incertidumbres fueran pocas, la carta enviada por la Corte Penal Internacional (ver artículo en la página 50) le recordó al gobierno que la ley de justicia y paz tendrá que pasar el examen de los jueces del mundo. Y en ese terreno hay más dudas que certezas.