"Acandí no es jurisdicción del señor Peñalosa"

La intervención del Bronx se convirtió en el ‘coco‘ de la Alcaldía de Bogotá. No sólo son las críticas que le caen a Enrique Peñalosa por no haber tenido un plan de atención integral, sino que las más recientes medidas que tomó su administración para atender la emergencia social no cayeron nada bien.

"Nosotros no vamos a recibir a los habitantes de la calle", expuso tajantemente la alcaldesa de Acandí después de que se enteró por la televisión que su municipio estaba en la órbita del distrito para sortear la problemática.

En entrevista con CM&, este martes el director del Instituto Para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), el sacerdote Wilfredo Grajales, expuso cuáles son las propuestas para encarar las críticas que apuntan a la falta de planeación y el aumento en la inseguridad tras la intervención.

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La propuesta contempla el traslado de varias decenas de personas en rehabilitación a fincas en Chocó y Vichada. “Hasta el momento, el desplazamiento de los jóvenes a estas fincas no pasa del deseo y voluntad de hacer bien. De lograr concretarlo, aclaramos que quienes irían son muchachos en recuperación, no habitantes de calle, y que iniciaron proceso pedagógico de formación con el Idipron”,  dijo después de que se estableciera la polémica.

Sin embargo, el anuncio no gustó en los territorios. Lilia Córdoba, la alcaldesa de Acandí, fue la primera en pronunciarse y su respuesta fue un rotundo: No.

"La verdad es que no comparto esta decisión, estoy en total desacuerdo. Me opongo a que esto suceda. Es una falta de respeto decidir en un territorio que no es de la jurisdicción del señor Peñalosa", le dijo a Semana.com.

No sólo la presunta arbitrariedad que acompaña el anunció incomodó a la autoridad local y a la comunidad, que ya anuncian marchas para frenar la medida, sino también la falta de tacto que tuvo la administración distrital para abordar el tema.  

"Siento que la Alcaldía de Bogotá antes de tomar cualquier decisión tenía que hablar con quien está a cargo del territorio. Yo no puedo llegar a irrumpir a Bogotá con un problema de Acandí sin haberlo concertado con el alcalde. Es lo mínimo. No ha habido ninguna comunicación ni escrita, ni verbal, ni de ninguna índole", reclamó Córdoba.

Según informó Grajales, la finca del Chocó está capacitada para alrededor de 300 personas por un plazo de cuatro a seis meses, sin embargo, en Acandí no piensan lo mismo. Para la autoridad local, la propuesta omite todas las problemáticas con las que a diario vive la comunidad y los expone a más. No sólo es la crisis migratoria que se vive en esa región del país, sino también la ausencia de alcantarillado e interconexión eléctrica las que hacen que, para ellos, esta propuesta sea inviable.

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"He solicitado un espacio en la alcaldía (...) Entiendo que las personas de la calle necesitan ayuda, pero el problema es grandísimo y Acandí no se merece que le manden un problema de estos allá", puntualizó.

Pese a las preocupaciones de la autoridad local, el Idipron insistió en que de implementarse el proyecto se realizaría en predios privados, sin contacto con la comunidad y con recursos propios.

Los efectos que esta decisión tenga sobre el turismo es uno de los temas que más inquieta a la población. "Esa finca no es una isla como lo han dicho. Esa finca está en la cabecera municipal, dentro del Distrito de Manejo Integrado por lo tanto es protegida por Parques Nacionales", detalló Córdoba sobre el predio que está en un lugar altamente visitado porque es el sitio de desove de la tortuga más grande del mundo.

Hace poco más de cuatro años, según conoció este portal, la finca Los Chilingos efectivamente era un espacio de rehabilitación. Pero el contexto era otro. En ese entonces, eran niños de siete a 12 años los que llegaban al sitió después de haber recibido atención especial.

"Ellos no salían casi de allá. Creo que cada 15 días un grupo pequeño lo sacaban al pueblo. Los llevaban a la iglesia los docentes que estaban a cargo de ellos. Nunca fueron adultos, siempre niños", le dijo una fuente a Semana.com.

Actualmente el predio cumple otra labor. Allí hay una fundación que trabaja de la mano del SENA y le presta servicios a la comunidad. "De hecho, hay personas que están recibiendo clase en este momento, ¿qué van a hacer con ellos?".

La mesa está servida. Mientras la administración de Bogotá ve en este remoto pueblo la oportunidad para tratar el drama de los quienes han padecido el consumo de drogas, y darles una segunda oportunidad, los acandileros ven el tema con otros ojos. Para ellos, el alcalde bogotano se ‘desencartará‘ al trasladarlos a un municipio que no tiene acceso terrestre a ningún otro.