Home

Nación

Artículo

| Foto: Archivo SEMANA

NACIÓN

Consejo de Estado declara nula la reelección de Alejandro Ordóñez

La salida del procurador encenderá una tormenta política que puede tener profundos impactos en la campaña del plebiscito. Paradójicamente, él podría salir beneficiado. Análisis de Semana.com.

7 de septiembre de 2016

Después de un complejo proceso judicial que lleva más de tres años, el Consejo de Estado tomó este miércoles la determinación de anular la reelección de Alejandro Ordóñez. El alto tribunal decidió aplicarle al jefe del Ministerio Público la tesis de la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”. Su decisión se sustenta en que buena parte de los magistrados de la Corte Suprema que lo ternaron y de los senadores que votaron por él tenían familiares trabajando en la Procuraduría.

El expediente de Ordóñez puede ser uno de los más farragosos que han pasado por el Consejo de Estado en años recientes. Pocas veces un solo caso había tenido tantos recursos dilatorios, recusaciones mutuas y peleas irreconciliables. El proceso logró copar la agenda de ese alto tribunal durante meses y generó profundas enemistades en su interior. Tanto, que algunos magistrados terminaron acusando a otros ante la Comisión de Acusaciones.

El proceso jurídico

Los problemas comenzaron cuando en julio del 2014 se hizo público que la ponencia del magistrado Alberto Yepes pedía la salida de Ordóñez. Como el documento se filtró en los medios de comunicación con detalles, el debate ante la opinión pública comenzó mucho antes que el jurídico.

Rápidamente el caso se convirtió en el principal tema nacional, y los magistrados pidieron que ya no fuera analizado en la sección quinta, sino en la sala plena. En ese escenario se formaron dos bandos: los que estaban con Ordóñez y los que estaban contra él.

Los primeros eran los magistrados que llevaban más años en ese alto tribunal, muchos de los cuales conocían muy de cerca al jefe del Ministerio Público pues también había sido magistrado. Los segundos eran en su mayoría más nuevos y estaban convencidos de que este caso era uno de los hitos jurídicos que había llegado a ese recinto y que había que resolverlo rápido.

La pelea fue tan encarnizada, que los magistrados terminaron recusándose los unos a los otros. El ponente, Alberto Yepes, quien había escrito un sólido documento a favor de sacar a Ordóñez, quedó por fuera del debate pues lo acusaron de haberle filtrado información a la periodista María Isabel Rueda. Y así, entre un recurso y otro, el caso lleva tres años.

Muchos de los magistrados que votaron este miércoles no son los mismos que comenzaron el proceso. La nueva ponente, la magistrada Rocío Araújo, por ejemplo, es una de las más nuevas de esa alta corporación. Viene del sector académico y era profesora de planta de la Universidad del Rosario.

El proceso político

Paralelamente al proceso judicial se dio otro político. Ordóñez siempre había desatado controversia por sus posiciones de derecha, en especial respecto a libertades individuales como el aborto y la eutanasia, y a algunos derechos de las parejas del mismo sexo. Pero a medida que fueron pasando los años, el poder del procurador creció más. Y sus posiciones sobre otros temas se hicieron más radicales.

La más notoria fue la animadversión por el gobierno Santos y el Proceso de Paz. Hay un detalle, a simple vista anecdótico, con el que muchos explican ese odio. Cuando se terminaba su primer período, Ordóñez estaba seguro de que Santos lo iba a ternar para su reelección. Pero pasaban los días y el presidente no tomaba esa iniciativa. Ordóñez buscó a la Corte Suprema de Justicia, quien le hizo ese gesto por su lado. Y finalmente ganó, pero sin el apoyo del presidente.

Ordóñez demostró el enorme peso que puede tener alguien en esa silla. En los últimos años convirtió esa entidad en un organismo desde donde se ejercía la oposición más férrea. En la principal labor de la entidad, el control disciplinario, su gestión cambió en varias oportunidades el espectro político. En una reciente entrevista, el propio Ordóñez relató que en su período había destituido a más de 1.500 alcaldes y 82 gobernadores. Si se tiene en cuenta que en el país hay 1.123 municipios y 32 departamentos, la cifra sorprende. En una nación con tanta corrupción e impunidad como Colombia, la gente aplaudió muchas de esas investigaciones, pero en otras (como la destitución del alcalde de Medellín Alonso Salazar) quedó claro que se ha utilizado con un evidente criterio político y se ha cometido todo tipo de excesos.

Le puede interesar: Consejo de Estado, el contrapoder al procurador

La última semana esa vehemencia se exacerbó. En una dura carta Ordóñez no sólo salió a respaldar la posición del fiscal Martínez de reanudar las fumigaciones, sino que acusó al Gobierno de haber cambiado la política antidrogas para complacer a las FARC. El martes, además, se fue lanza en ristre con la reglamentación sobre la participación de los funcionarios en el plebiscito. Aseguró que de ese modo el presidente estaba invitando a violar la Constitución. Habló, incluso, de que se está fraguando un fraude en el plebiscito.

Su salida

La decisión del Consejo de Estado de apartarlo del cargo promete encender la más agria polémica. Sobre todo porque hace dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos le había pedido al alto tribunal meterle el acelerador del caso.

En una conferencia les dijo a los magistrados que “desde hace más de tres años está a su estudio una demanda sobre la elección del procurador. Aquí tampoco podemos decir si deben fallar a favor o en contra. ¡Ustedes son los jueces! Pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición. Es muy mal mensaje que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.

Irónicamente, si es verdad que tiene aspiraciones presidenciales, la que más le puede servir la decisión es al mismo Ordóñez y a quien más puede hacerle daño es al gobierno Santos tres semanas antes de la votación del plebiscito.

La posición ideológica del procurador es tan definida, que salir como un perseguido político le da puntos ante el uribismo, que es el principal nicho electoral que tendría. Lo que es evidente es que si la mitad del país lo admira, la otra mitad lo odia. Ese posicionamiento no necesariamente es malo políticamente pues eso sucede con todos los líderes. El problema que podría enfrentar es que ese 50 % de los colombianos que lo admiran lo ven más como un líder moral que como un jefe de Estado. Esa percepción no es del todo exacta pues durante los ocho años de su gestión mostró grandes habilidades clientelistas que fueron precisamente las que le costaron el puesto.

El futuro de Alejandro Ordóñez no como procurador, sino como candidato, o como líder del No, en caso de que se decida tomar alguno de esos últimos caminos, producirá un tsunami cuyas consecuencias están por verse.