Alianzas Público Privadas: entre todos

La contratación pública estrena novia. Gracias a una ley que entró a regir este año ahora es posible una receta en la que muchos han puesto sus expectativas como la fórmula para sacar adelante prácticamente cualquier tipo de proyecto. Se trata de las Alianzas Público Privadas conocidas como APP, cuyo componente más novedoso permite que el Estado recurra a iniciativas y recursos privados para construir, operar y mantener infraestructura o servicios públicos. Esto tiene a decenas de alcaldes y gobernadores soñando con reactivar aquellas obras que se engavetaron por falta de dinero, y que ahora con la posibilidad de capital privado, sueñan con 'casar' a sus entidades con el rico del pueblo.

En palabras simples, este componente de la ley permite que los inversionistas le propongan a cualquier entidad la realización de proyectos en las que invierten del 80 al ciento por ciento del valor total. Los recursos con su utilidad, se pagan con lo que genera la actividad en un plazo máximo de 30 años, con lo que se evita las onerosas renegociaciones que se dieron en los contratos de concesión del pasado. Este modelo permite por ejemplo la construcción de una vía, que se financiará con lo recaudado con peajes que se instalen en ella sin que la entidad territorial tenga que desembolsar un solo peso. Por la forma prevista para los pagos y la inexistencia de anticipos, la nueva norma genera incentivos para que las obras se hagan de manera ágil.

En solo ocho meses de esta Ley, la 1508, ya se conocen decenas de proyectos por todo el país. En el orden nacional la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conoce de cuatro propuestas para realizar varias líneas de trenes cuyo valor supera los 10.000 millones de dólares. Una de estas cruza de la costa Caribe al océano Pacífico cercana a la frontera con Panamá. También la ANI sabe de 13 proyectos de vías por un monto de 7.000 millones de dólares. En las regiones se calcula que pueden estar cocinándose unas 90 propuestas por el orden de 40 billones de pesos, según Germán Chica, director de la Federación Nacional de Departamentos, entre las que hay puertos, centros de convenciones, acueductos y distritos de riego, entre otros. "Esta lista preliminar ya duplica los recursos que los departamentos disponen de regalías", dice. Entre las más sonadas está la anunciada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para realizar un tranvía por la carrera Séptima.

El procedimiento es ágil comparado con los tiempos tradicionales del Estado. Desde que se recibe la propuesta hasta su implementación debería transcurrir un promedio de dos años. El monto, el procedimiento de revisión, el tiempo que toma su aprobación, los recursos que se requieren para armar propuestas serias y el plazo por el cual se adjudican los negocios, deberían estimular proyectos que obedezcan a una mirada de mediano y largo plazo.

Sin embargo, hay preocupación sobre cómo esto se lleva a la práctica en las regiones. Se escuchan voces calificadas como la del exdirector de Planeación Nacional Armando Montenegro que dijo a SEMANA que "se puede estar abriendo un boquete infinito a la corrupción". Los antecedentes en el manejo que varias entidades territoriales les han dado en el pasado a sus concesiones reafirma esta inquietud. Valga recordar los alumbrados públicos de muchos municipios entregados a operadores por 15 y más años en contratos leoninos, o la célebre concesión de Barranquilla para el recaudo de impuestos, en condiciones muy desventajosas para la ciudad.

La otra inquietud es la capacidad institucional de los entes regionales para hacer complejas estructuraciones a largo plazo y para negociar con poderes locales con capital. Planeación hizo una convocatoria a todas las gobernaciones para capacitar a sus funcionarios sobre la presentación de proyectos y solo Cundinamarca, Atlántico, Santander y La Guajira atendieron la invitación. Sin importar esto, en muchos de los otros departamentos ya se discuten sobre estos proyectos. El riesgo es que, si bien la ley contempla instancias de revisión, nada evitaría que un mandatario local meta la cabeza en un proyecto que sea una locura.

De ahí que sin afectar la autonomía territorial, el gobierno nacional deberá exigirse más para acompañar estos procesos. Por ejemplo, mediante la capacitación para funcionarios que revisen las propuestas de los privados o acompañando a los mandatarios para que hagan invitaciones a privados que apunten directamente a las necesidades regionales y no solo al interés empresarial

Las APP son una ley que brinda oportunidades para que el país busque de manera articulada soluciones a problemas estructurales. No hay duda de que es un mecanismo atractivo para atraer recursos, que de otra manera serían imposibles de recaudar por estos entes. Pues el peor escenario es que por carreras y falta de planeación en pocos años se tengan dolores de cabeza por malos matrimonios.