Fiscalía capturó al exgobernador Álvaro Cruz

Como hace mucho tiempo no ocurría en la Fiscalía, este jueves rondó un misterio y un silencio que se prolongó por cerca de ocho horas.

El fiscal general, Eduardo Montealegre; el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y una decena de asesores se sentaron durante todo ese tiempo para decidir sobre una información para entregar al país.

Hubo todo tipo de especulaciones: que el fiscal renunciaría, capturas de militares con altos rangos, la captura de un político de renombre e, incluso, los detalles de un complot contra la Fiscalía.

Finalmente, la oficina de prensa canceló la cita con los periodistas y el misterio continuó. Pero ahora se sabe que la decisión  tiene que ver con la orden de captura dictada contra el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.

Como se sabe, el mandatario renunció hace poco menos de dos meses en medio de un escándalo, por haber entregado coimas a políticos de la ciudad a cambio de obtener millonarios contratos para sus empresas.

Cruz negó por todos los medios esos señalamientos, pero ante la inminencia de un llamado a imputación de cargos de la Fiscalía, renunció y preparó su defensa.

Ahora la Fiscalía, con la anuencia de un juez, lo capturó y lo presentará ante las autoridades. La diligencia se dio en la mañana de este viernes. Según se ha dicho, el exgobernador de Cundinamarca será recluido, en principio, en el búnker de la Fiscalía por los delitos de abuso de confianza, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

El exgobernador de Cundinamarca venía negociando un preacuerdo con la Fiscalía para obtener una eventual rebaja en la pena, para lo cual debía aceptar cargos y entregar la información de lo que ocurrió en su proceso contractual.

El caso

Al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, le llegó la hora de responder por sus vínculos con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

El ente acusador logró verificar que Cruz, a través de la firma ICM Ingenieros, presuntamente pagó sobornos a políticos para asegurar contratos multimillonarios.

A finales del año 2009 dicha empresa salió favorecida con la adjudicación de un contrato cuyo objeto era suministrar emulsiones y asfálticos para el mantenimiento de la malla vial de la capital del país.

"Inicialmente fueron 15.700 millones de pesos que, con tres adiciones en tres meses, se convirtió en un contrato de más de 24.000 millones de pesos", dice el informe del ente investigador.

Lo que la Fiscalía logró confirmar a través de declaraciones de testigos es que  la empresa ICM Ingenieros fue una de las beneficiarias del carrusel de contratos de Bogotá, pues habría recibido la adjudicación gracias a las recomendaciones de los principales protagonistas de este escándalo de corrupción: Julio Gómez, Emilio Tapia, Manuel Sánchez y los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho y Orlando Parada, entre otros.

Varios de ellos ya aceptaron ante los fiscales que recibieron una comisión del 5 % por haber arreglado las cosas para que la empresa del gobernador Cruz se ganara los contratos.

Esos contratos tenían como objeto principal el diagnóstico y el mantenimiento de la malla vial en 11 localidades de Bogotá (Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, y Tunjuelito).

Así, en el expediente del ente acusador figuran declaraciones como las de el exconcejal Hipólito Moreno, ya procesado por estos hechos, quien narró a los investigadores cuál fue la participación de Orlando Parada y Andrés Camacho en los contratos de mantenimiento vial, y sobre todo el papel que jugó el actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.

Lo propio hizo el excontratista Emilio Tapia, quien confirmó a los investigadores que tuvo varias reuniones en las que le propuso a Cruz que si les ayudaba a terminar una obra que realizaban para los años 2009 y 2010 en el norte de Bogotá, obtendría apoyo económico para su candidatura a la Gobernación y beneficios de otros contratos.

La Fiscalía está convencida de poder llevar ante un juez al primer mandatario de Cundinamarca, pese a que durante la investigación Álvaro Cruz aseguró que sólo era un asesor de la firma ICM y no representante legal como se ha establecido, y que por lo tanto no pagó las mencionadas coimas.