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| 8/5/2017 10:15:00 PM

Andrade: ¿otro Andrés Camargo?

El exdirector del IDU paga cinco años de cárcel por las losas de TransMilenio. Su caso se ha convertido en el símbolo de los excesos de los tecnicismos de la Justicia. ¿Se repetirá la historia con el actual director de la ANI?

Uno de los puestos que a nivel mundial se considera la cima de la eficiencia y del conocimiento técnico es la presidencia de la consultora McKinsey. El presidente de esta en Colombia era Luis Fernando Andrade. Los gobiernos siempre aspiran a tener el know how de McKinsey entre sus funcionarios. Pero eso nunca sucede, no solo por la diferencia de ingresos, sino porque la cultura de resultados de McKinsey choca con la del clientelismo del Estado. Eso hace difícil que ejecutivos de esa firma estén dispuestos a medírsele al mundo de la politiquería.

Pues bien, Luis Fernando Andrade aceptó dejar esa honrosa y bien remunerada posición para trabajar con el actual gobierno. En 2011 el presidente Juan Manuel Santos lo convenció de que la mayor transformación que tendría Colombia, después del proceso de paz, sería la infraestructura y que un proyecto de semejante envergadura requería a una persona de su nivel. Así sucedió y el equipo conformado por Germán Vargas como vicepresidente, Germán Cardona como ministro de Transporte y Luis Fernando Andrade al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso en marcha lo que seguramente será uno de los logros más trascendentales de la administración Santos.

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Por eso sorprendió, en medio del escándalo de Odebrecht, que la Fiscalía anunciara que el próximo 21 de septiembre le imputará cargos a Andrade. Aunque todavía no se han revelado los detalles, todos los que conocen al funcionario lo consideran inocente. El propio presidente no le permitió renunciar a la presidencia de la ANI para dejar claro que su permanencia en el puesto es un símbolo del total respaldo del gobierno.

Se da por sentado que en su caso personal no hay pagos indebidos, ni coimas, ni sobornos, ni beneficios económicos de ninguna naturaleza. Se trataría entonces de un tecnicismo que podría ser interpretado como interés indebido en la celebración de contratos en relación con el otrosí que le dio luz verde a la vía Ocaña-Gamarra, como una adición otorgada al concesionario responsable de la Ruta del Sol 2. Ese delito se configura cuando un servidor público se interesa, en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en la que deba intervenir. Este cargo tiene que ver más con la gestión contractual y la transparencia e imparcialidad del funcionario, que con detrimento del erario.

Ahora bien, esto indicaría que la Fiscalía no lo acusará de otro delito cuyo nombre es muy parecido, pero es más grave. Se trata de la celebración indebida de contratos que se configura cuando se ejecuta un negocio estatal sin los requisitos de ley, lo que mostraría que el ente acusador tampoco cuestionará el no haber puesto en licitación la vía Ocaña-Gamarra. Andrade ha justificado esa medida en términos económicos.

Pero tal vez la defensa más contundente de Andrade tiene que ver con las fechas relacionadas con el tramo que se discute. Desde 2011, a raíz de la crisis comercial con Venezuela, se consideró fundamental conectar a Cúcuta con el interior del país. En ese año el Invías, incluso, contrató diseños para la conexión Aguaclara-Ocaña-Cúcuta. Y el Conpes 3817 de 2013 incorporó dicha conexión al proyecto vial autopista Ruta del Sol, tramo 2, por ser estratégica para el desarrollo de la región.

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Es decir, esta obra estaba en los planes y dentro de las prioridades de la red nacional, lo que dejaría sin sustento que el presidente de la ANI hubiera sido presionado indebidamente para realizarlo. El proyecto Ruta del Sol forma parte de la llamada tercera generación de concesiones y se consideró razonable adicionar el tramo Ocaña-Gamarra al contrato que ya se venía ejecutando. Andrade ha dicho que el proceso de adición se ciñó estrictamente a las normas vigentes y sostiene que este esquema generó grandes ahorros para la Nación.

Desde el mismo momento en que su nombre fue asociado con el escándalo, Andrade dijo que “la ANI no le ha tratado de hacer favores a Odebrecht y tampoco lo hizo en el caso de Ocaña-Gamarra. De hecho, creo que esa adhesión es una de las mejores decisiones tomadas en la ANI. Logramos hacer todo con peajes”. Si eso es así, ¿cómo pudo entonces este funcionario haber caído en la telaraña de investigaciones de la multinacional brasileña? La explicación parece ser que se generó una supuesta cercanía del presidente de la ANI con algunos de los ‘malos’ de la telenovela de Odebrecht. A esta conclusión se ha llegado por algunos chats de WhatsApp, también algunos encuentros e incluso el regalo de una cartera, hecho que el propio Luis Fernando Andrade le contó al país por transparencia.

El interrogante es si esto da para comentarios suspicaces o para delitos. A Andrade se le podría acusar de ingenuo, cosa que definitivamente es, además de ser un hombre muy tímido. Pero no se puede poner en tela de juicio su honorabilidad y la buena fe con la que ha desarrollado la enorme responsabilidad que se echó al hombro.

La palabra ‘Ñoño’ hoy se ha convertido en forma caricaturesca en un símbolo de clientelismo corrupto. Se puede decir que todo lo que toca este término cae en la lupa de la opinión pública. Y eso le sucedió a Andrade. Pero el hecho es que como presidente de la ANI tiene que liderar la ejecución de las obras de infraestructura, que por ser regionales ponen a los congresistas de sus respectivos departamentos a desfilar por su oficina. Supuestamente lo hacen invocando el interés público de sus regiones, pero se ha demostrado que en muchos casos también entra el interés particular. Esto último, sin embargo, no ha tenido que ver con el director de la ANI, quien considera que por sus funciones debe atender a los representantes de la Rama Legislativa, responderles sus interrogantes y contarles en qué van las cosas. Hasta ahí parecerían llegar los vínculos que Andrade tenía con miembros del Congreso.

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Dentro de las evidencias recogidas por la Fiscalía, el nombre de Andrade solo aparece en chats en los teléfonos de Otto Bula. Como se sabe, Odebrecht contrató a Bula como lobista para que la ayudara a conseguir proyectos, y en desarrollo de esa misión el exsenador habría hecho correr millones de dólares entre congresistas. Estos, a su vez, le reportaban a Bula las gestiones que estaban adelantando y una forma de hacerlo era mostrarle su cercanía con Andrade. Así que en los teléfonos de Bula hay decenas de pantallazos de chats que realmente son solo conversaciones de congresistas con Andrade. Aunque el contenido de estos es inofensivo, los congresistas los enviaban como prueba de su cercanía con la cabeza de la ANI para mostrarse influyentes.

Quien sí cruzó la raya de lo permitido es el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura Juan Sebastián Correa, hombre clave en el escándalo. Según la Fiscalía, Correa era un enlace de la ANI con Bula para suministrarle información confidencial sobre las licitaciones. El ente acusador le imputó cinco delitos y lo envió a la cárcel de manera preventiva. Como Andrade era su jefe directo se le podría acusar de no haber detectado esa relación non sancta. Eso puede ser verdad, pero las responsabilidades penales son personales. Algo parecido le sucedió al fiscal Néstor Humberto Martínez con su fiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Nadie pretende que el jefe tuviera conocimiento de las maniobras ilegales de su subalterno. Todo lo anterior permite deducir que al presidente de la ANI se le puede tildar de ingenuo en el manejo de su relación con unos congresistas, que son unos ‘aviones’. Se le puede acusar de no darse cuenta de las maniobras de su exasesor Correa y de no calibrar lo que podría representar una comida en la casa del senador Ñoño Elías o darle una recomendación para el colegio de su hijo o que su esposa aceptara un regalo. Y por supuesto jamás pensó que responder cordialmente chats pudiera ser interpretado como una prueba en su contra.

Lo que está por establecer es si todo lo anterior fue solo ingenuidad o delito. La Justicia tiene la última palabra. Pero es seguro que si se llega a repetir el caso de Andrés Camargo, en el futuro muy pocos funcionarios competentes del sector privado aceptarán trabajar en el sector público.

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