Viernes, 20 de enero de 2017

| 2016/06/23 13:38

Jueza obliga a Peñalosa a “concertar” con vendedores ambulantes

Un fallo del juzgado 50 administrativo de Bogotá le ordena al alcalde conformar en tres meses una mesa de trabajo con este gremio.

Los vendedores ambulantes han protestado por la decisión de la Alcaldía de autorizar desalojos del espacio público. Foto: SEMANA

Desde la llegada al Palacio Liévano el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se puso en la tarea de reorganizar la ciudad, incluso desde lo más elemental, como la limpieza de fachadas y el retiro de carteles publicitarios de las paredes. También emprendió acciones para recuperar el espacio público.

Con la Policía Metropolitana inició desalojos en los andenes de las calles 72 y 19, dos transitadas avenidas en las que el comercio informal había hecho de las suyas.  

Los vendedores no se han quedado quietos y entablaron acciones legales y organizaron protestas para evitar que la administración los saque de los andenes sin que medie una concertación. Para los líderes de este gremio existe una vulneración de los derechos fundamentales, entre ellos el del trabajo.

Una de esas demandas fue resuelta el 17 de junio por la jueza 50 administrativa de Bogotá, Zaida Martínez. En el fallo, que da respuesta a una acción de cumplimiento presentada por el representante a la Cámara Inti Asprilla (Alianza Verde), se le ordenó al alcalde que en el término de tres meses, “tome decisiones administrativas necesarias con el fin de conformar y convocar una mesa de trabajo” con los vendedores.

El fallo señala que la administración Peñalosa ha incumplido lo dispuesto en el Decreto 098 del 2004, el cual estableció disposiciones para “la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales”.

El mismo estableció una mesa de trabajo para que se llevara a cabo la concertación entre los vendedores informales y las los representantes de las entidades como la Secretaría de Gobierno, la Policía y la Defensoría del Espacio Público, entre otros. Para la jueza, esa disposición se ha incumplido.

“Es triste acudir a instancias judiciales para que un alcalde cumpla lo que debe ser un principio democrático como sentarse a dialogar con las personas que resultan afectadas con sus políticas”, dijo el representante Asprilla, quien presentó la acción de cumplimiento el 13 de mayo del 2016.  

Este no es un tema menor. Por un lado, los defensores de los vendedores  alegan que es necesario respetar los derechos fundamentales de esa población. Por otro, está la defensa del espacio público, que es de todos los ciudadanos.

 

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