Hugo Aguilar y Luz Mary Guerrero, los revés de la Fiscalía

La captura del coronel retirado Hugo Aguilar, su exesposa y un supuesto testaferro fue anunciada hace cinco días con bombos y platillos. Sin embargo, no pasó una semana y lo que fue presentado como un gran éxito terminó convertido en uns decepción para el ente investigador.

El polémico exgobernador y sus acompañantes eran acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero al llevar a los sindicados ante un juez para solicitar la detención de los capturados, la Fiscalía sufrió un gran revés pues no logró soportar de manera contundente los elementos suficientes para persuadir al togado de enviarlos a la cárcel. Por el contrario. El juez ordenó la libertad inmediata de Aguilar y las otras dos personas. Si bien la causa en su contra sigue vigente, estas tres personas ganaron la batalla en la que se podrán defender en libertad. El caso provocó gran indignación en la comunidad, especialmente en Bucaramanga y otras partes de Santander: no entendían por qué un hombre con los antecedentes de Aguilar quedaba suelto.

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Este no ha sido el único y gran revés que ha sufrido la Fiscalía recientemente. Tan solo 24 horas antes del escándalo por el caso de Aguilar otra célebre detenida quedó en libertad. Se trata de Luz Mary Guerrero, accionista y representante legal de Efecty, quien salió por vencimiento de términos.

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Guerrero fue detenida el pasado cuatro de octubre en medio de un amplio despliegue mediático por parte de la Fiscalía que la sindicaba, junto a otras cuatro personas,  de los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado y concierto para delinquir.

Todos quedaron libres porque el juez 42 de control de garantías consideró que la Fiscalía superó el plazo de los 120 días que la ley establece para presentar el escrito de acusación. El proceso, sin embargo, continúa y es parte de un proceso más amplio en el que el ente acusador investiga todo lo relacionado con el escándalo de Panama Papers. 

El pasado primero de diciembre otro caso de la Fiscalía ampliamente mediático también sufrió un duro golpe. Ese día el juez octavo penal municipal con funciones de control de garantías dejó en libertad al suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y a su antecesor y candidato presidencial Carlos Caicedo, quienes habían sido capturados por la Fiscalía señalados por presuntas irregularidades en dos contratos para la demolición y reconstrucción de cinco centros de salud.

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Les imputaban los delitos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En la audiencia de medida de aseguramiento la Fiscalía solicitó que el alcalde y exalcalde fueran enviados a la cárcel. Pero el juez decidió dejarlos en libertad, al igual que a los otros cuatro capturados por el mismo proceso, debido a las deficiencias en la argumentación de la fiscalía.

Las decisiones de los jueces han sido controvertidas. El procurador Fernando Carrillo se manifestó en contra de la decisión de dejar a Aguilar libre mientras se surte el proceso.  “Frente al caso del exgobernador, para la Procuraduría General Nacional sí existen las pruebas suficientes del enriquecimiento ilícito en funcionario público, y merece una detención intramural”. En RCN Radio, el jefe del ministerio público aseguró que respetaba, pero desautorizaba la intervención del funcionario de su entidad que había sostenido en la audiencia que no se necesitaba la detención del ex funcionario. 

En el caso de Carlos Caicedo también hay debate. La semana pasada, un juez anuló la sentencia que en noviembre del año pasado lo había dejado libre a él y al actual alcalde, Rafael Martínez. La Fiscalía había apelado el fallo con el argumento que no se había dado traslado adecuadamente a las pruebas que se tenían en el proceso. 

Esos tres casos han dejado un sinsabor en los pasillos de la justicia. Si bien en todos los casos las investigaciones continúan no deja de llamar la atención que, por falta de pruebas, argumentos, inexperiencia o evidencias, la justicia no pueda perseguir a quienes han sido protagonistas de hechos que han conmocionado a los colombianos.