Carta abierta a Alvaro Uribe

Al presidente electo: A usted le fue relativamente bien en Europa. Los empresarios recibieron contentos sus promesas de que restaurará la seguridad en Colombia. Sin embargo en algunos recintos su discurso de mano dura levantó una polvareda de críticas y temores. Cuando se encontró con la prensa y universitarios franceses le cuestionaron las propuestas de su gobierno de regresar al estado de sitio y de vincular a un millón de colombianos como informantes en la lucha contra el terrorismo. Usted respondió que no era ni Pinochet ni Milosevic y que sus medidas respetarán los derechos humanos. El diario inglés The Financial Times advirtió que usted debe combatir por igual a paramilitares y guerrilla, mientras que en España el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, dijo que le preocupaba su insistencia en la necesidad de un estatuto antiterrorista.

La idea de profundizar una guerra que está teniendo consecuencias humanitarias catastróficas despierta temores en Europa. También hay preocupación de que Colombia termine reemplazando a una democracia débil y con graves problemas de corrupción por un régimen autoritario al estilo Fujimori en Perú que termine en una debacle peor.

Y estas prevenciones no surgen sólo en Europa. También las hay en Colombia. Hace unos días algunos intelectuales destacados firmaron una proclama pública, en la que rechazaban la violencia de los grupos armados ilegales, pero también manifestaban su preocupación de que en esa lucha el Estado acudiera a más al autoritarismo que a la autoridad democrática

Si embargo ninguna de estas críticas niega que existe un consenso tanto en Colombia como en el exterior de que, como publicó The Economist en días pasados, Colombia esté "en necesidad de ley, orden, buen gobierno y limpio, reformas políticas y económicas y seguridad personal". Es urgente dar los enormes saltos que se requieren para lograr proteger a la población colombiana y su riqueza colectiva de la barbarie. Ningún país puede pretender crecer con 1.094 secuestros y 51 masacres entre enero y mayo de este año , según datos del Ministerio de Defensa.

Ahora bien, esa urgencia no puede servir de excusa para violar los derechos humanos, ni para burlar el Estado de derecho, ni para darle vía libre a la justicia privada o ilegal. Con el propósito de encontrar las claves de cómo la democracia colombiana, sin dejar de serlo, puede meter en cintura al terrorismo o, como reza el propio lema del Ejército "destruir la voluntad de lucha del enemigo", SEMANA consultó a comandantes militares, oficiales hoy en la guerra, funcionarios públicos en las áreas de justicia y seguridad, investigadores en inteligencia y académicos expertos en el tema. Y llegó a siete desafíos que deberá enfrentar su gobierno para acorralar a los violentos:



EL PLAN

1 Nueva filosofía

Objetivos claros, estrategias definidas y prioridades son las claves del cambio.

Las guerrillas, desde su inicio, se han trazado metas de conquista definidas y ponen todos sus recursos para conseguirlas. Así han ido ampliando su control territorial y creciendo su número de hombres. El Estado, por su parte, lucha en forma desarticulada, "sin unidad de intereses entre las distintas instituciones", como lo dijo un alto mando militar. "El error es pensar que el problema es militar y que por lo tanto la solución es sólo militar", dijo un general. "Si el Estado no tiene una estrategia nacional coherente, integrada, no se puede esperar una estrategia militar con las mismas características; y si no existe tal estrategia el resultado son estructuras reactivas que, por más valientes y comprometidas, no pueden ganar la iniciativa". Así el país necesita poner en la práctica una estrategia de recuperación de regiones, o de carreteras, o de fronteras, o de lo que sea que se defina como prioritario. Esta debe tener una coordinación de acciones de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, los jueces, las autoridades civiles, las empresas privadas, etc., para que la seguridad vuelva a reinar en esa zona y desplace a los violentos del lugar. "Si el Ejército llega solo, como sucedió en Barbacoas, Nariño, o en Barrancominas, Vichada, da un golpe exitoso y se va, no se hace nada. Todo vuelve a su cauce normal con el agravante de que los bandidos toman represalias contra la población que colaboró", dijo un ex ministro de Defensa. "Necesitamos que el Estado y la empresa privada nos acompañen con proyectos de inversión para reforzar a la gente que vive en las zonas del país que les quitamos a la guerrilla", dijo hace unos días el general Jorge Enrique Pineda, comandante de la Tercera Brigada, en su balance de la operación de recuperación de Los Farallones de Cali. "Por ejemplo, con la Operación Cali Libre he asegurado una zona pero la inversión social que se necesita para recuperar el equilibrio en estas regiones afectadas por el conflicto es grande, ¿dónde están los grandes empresarios vallecaucanos proponiendo proyectos?, ¿dónde están el gobernador y su equipo de trabajo con un plan de contingencia para la zona recuperada? Esa es la soledad del Ejército". Para sacar adelante el plan estratégico que se proponga, la dirigencia colombiana debe evitar que el país político de las prebendas siga guiando el accionar de sus Fuerzas Armadas. "Aunque se ha mejorado bastante, todavía pesa una suerte de clientelismo militar según el cual tiene prioridad en la seguridad quien pague o quien tenga poder y no el interés público", dijo un experto civil en el tema.

LOS RECURSOS

2. El problema de la plata

No sólo es cuestión de más dinero sino cómo gastarlo en forma más eficaz

El primer reto del proximo gobierno para conseguir recursos adicionales en su propósito prioritario de recuperar la seguridad es diseñar una táctica hábil. Tiene que conseguir la aprobación del Congreso de un plan de desarrollo y de una ley de presupuesto que contemplen más impuestos, recortes en unas áreas y un gasto adicional de 1 punto o 1,5 puntos del PIB para las Fuerzas Armadas. Y eso lo debe sacar sin que la reforma política aliene a los congresistas y le frene las reformas económicas. Más recursos que le permitan un funcionamiento fluido a las Fuerzas Armadas es una necesidad sentida entre los militares. Apenas unos ejemplos lo ilustran: los soldados comen todo un día con raciones que sólo suman 3.458 pesos; los combatientes apenas cuentan con dos uniformes y un par de botas al año; los helicópteros artillados o de transporte, que volarlos cuesta 2.000 dólares la hora, se quedan sin gasolina por falta de fondos y las unidades de combate no cuentan con un helicóptero ambulancia disponible y a veces los heridos tienen que esperar días enteros antes de ser rescatados. Pero también hay que hacer un esfuerzo de reasignación de recursos dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy 75,6 por ciento de éstos están atados a gastos de personal activo y retirado y apenas el 24,4 por ciento restante se destina a funcionamiento. Otras reformas contribuirían a racionalizar el gasto. Por ejemplo, unificar las compras y los criterios de las diferentes fuerzas, pues como cada cual compra los armamentos o equipos a diferentes proveedores no se pueden aprovechar las economías de escala que daría hacer compras masivas para todos por igual. Así mismo, en la compra de equipos costosos, como aviones o helicópteros, en el mercado internacional Colombia podría hacer acuerdos de compensación con las fábricas vendedoras. Esto implicaría que éstas, para hacer su venta, tendrían que montar centros de mantenimiento en el país y entrenar a personal local. "No hay que olvidar que la compra de un equipo es el 30 por ciento del costo que tendrá durante su vida útil. Lo demás es mantenimiento. Por eso, con acuerdos como este, Corea y Arabia Saudita han logrado economías importantes", dijo un funcionario experto en el tema.

EL PIE DE FUERZA

3. Más no es mejor

Es importante aumentar el número de soldados, pero también es clave reorganizar los que ya existen en función de un norte claro.

Las normas internacionales de guerras convencionales hablan de que debe haber 15 soldados por cada uno del enemigo para triunfar y siete para contenerlo. En Colombia hay entre 2,5 y tres hombres armados por cada guerrillero o miembro de las autodefensas. Ese argumento lleva a la mayoría a pensar que se debe aumentar el número de soldados y policías para desequilibrar la guerra en favor del Estado. Según el general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas, Colombia necesita dos fuerzas: una territorial, estacionaria, que cuide los lugares neurálgicos del país, y otra de combate o de campaña. La primera puede ser la Policía o una forma de Guardia Civil entrenada para esa labor. Así se liberaría casi a la mitad del Ejército que hoy cumple esas labores para el combate. Otro alto mando militar coincide con la apreciación: para mantener el control territorial ganado en combate son necesarios más policías (hoy con nula o escasa presencia en la mitad de los municipios del país) y más soldados. Se hizo un esfuerzo enorme en estos cuatro años por cualificar a los soldados y se pasó de 21.156 profesionales en 1998 a 52.700 al terminar 2001. Este crecimiento tomó tres años, un gran esfuerzo de entrenamiento, dotación y formación de comandantes que los conduzcan. Por eso quienes hablan de duplicar la fuerza profesional no pueden esperar que eso se logre de la noche a la mañana. Los profesionales son soldados regulares que luego de completar el servicio militar de 18 meses deciden continuar en el Ejército y tienen un reentrenamiento de seis semanas adicionales. Y cada soldado profesional adicional cuesta, al año, incluyendo prestaciones y demás carga laboral, 10.700.000 pesos. Además, como afirma un experto, no se trata sólo de aumentar el pie de fuerza sino de saber para qué se quieren más soldados y dónde y a qué labores se van a destinar. "No estamos en las guerras napoleónicas, de un ejército contra otro, donde más siempre es mejor. Quizá pocos soldados, bien dotados y entrenados, operando en una estrategia pensada, pueden ser mucho más eficaces que muchos soldados sin norte claro", dijo una analista. Profundizar las reformas en la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas también mejoraría su eficacia en la lucha contra el terrorismo. Según algunos, es clave que se incentive aún más, que trabajen en equipo los de diferentes armas y que incluso esto se extienda a la Policía.

LAS NORMAS

4. ¿Camisa de fuerza?

Más allá de la discusión ideológica lo que se necesitan son reformas legales que solucionen problemas concretos.

Los militares sienten que los guerrilleros ganan batallas sin disparar un fusil. Y que esto cambiaría a favor del Estado si se modificaran ciertas normas. El general Tapias considera que dado que no hay suficientes fiscales para acompañar los operativos de guerra, ya sea porque temen por su vida o porque simplemente no hay el personal necesario, los militares deberían tener facultades de Policía Judicial para atender situaciones de emergencia. Algunos ejemplos: para hacer levantamiento de cadáveres en medio del combate pues hay operativos que actualmente se paran o se demoran porque los soldados tienen que quedarse cuidando los cadáveres de guerrilleros mientras llega un fiscal; para realizar allanamientos sin orden judicial cuando el fiscal más cercano está muy lejos. "Las autodefensas se apoderaron de Barrancabermeja metiéndose en las casas de los pobladores y la Fuerza Pública no podía entrar a capturarlos", dice Tapias; para mantener a un capturado por más de las 36 horas que concede actualmente la ley cuando es imposible físicamente llevarlo previamente ante un fiscal porque se está en un sitio remoto como las selvas de Guaviare, donde capturaron al narcotraficante Fernandinho, etc. "En las barbas de uno se cometen los delitos", afirma el general. Este tema, sin embargo, es polémico. El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, por ejemplo, considera que para capturar a las cúpulas de las guerrillas y de las autodefensas no se requieren funciones de Policía Judicial para buscar pruebas en allanamientos, pues todos los jefes están ya judicializados. "Si las Fuerzas Militares cumplieran las órdenes de captura ganarían la guerra, afirma. El problema no está en las normas sino en las operaciones". Si bien esto es en parte cierto, hay otras normas que, según José Miguel de la Calle, consultor en temas constitucionales, ayudarían. A raíz del atentado del 11 de septiembre Estados Unidos adoptó medidas antiterroristas que se podrían ajustar a Colombia. Una sería aislar a los terroristas que se capturen en cárceles especiales para que no se puedan comunicar con su grupo desde la prisión como lo hacen actualmente. Otra, deportar extranjeros que llegan a Colombia por el simple hecho de que recaiga sobre ellos una sospecha de que vienen a delinquir. Una tercera, convertir en delito la simple pertenencia a una organización terrorista, de tal forma que jefes como Carlos Castaño o 'Manuel Marulanda' respondan por los crímenes que cometa cualquiera de los miembros de las AUC o de las Farc, respectivamente. De la Calle también propone que se puedan congelar las cuentas bancarias de aquellas personas o empresas que sean sospechosas de estar lavando dinero de la guerrilla, los paras o los narcos como una medida preventiva sin que sea necesario esperar a que exista una condena en firme. Actualmente una persona acusada de enriquecimiento ilícito tiene que probar que el origen de su dinero es lícito pero mientras lo hace en el proceso ?que puede tardar hasta tres años? se vuelve ilíquida y cuando es condenada ya no hay dinero para congelar. Tanto es así que hasta el día de hoy no se ha podido congelar ninguna cuenta en Colombia por enriquecimiento ilícito. Esta legislación antiterrorista también contempla normas administrativas que permiten que empresas que tienen relaciones comerciales con terroristas queden marginadas de la actividad comercial. Una empresa que sea descubierta vendiéndoles a la guerrilla o a los paramilitares cerveza, botas o cereales, por ejemplo, se quedaría inmediatamente sin licencia para operar. Hay otras medidas más simples pero que se necesitan, como hacer el porte ilegal de armas y de uniformes no excarcelables. "Eso nos ayudaría más que 10.000 nuevos hombres en armas", afirma Tapias.

LA JUSTICIA

5. Cárceles de verdad

El Estado debe recuperar el control de la prisiones y mejorar la efectividad de los juzgados.

Mucha gente se pregunta cómo el Estado espera ejercer soberanía sobre todo el territorio colombiano cuando ni siquiera es capaz de controlar a las 52.000 personas que están tras las rejas. Lo cierto es que pese al enorme esfuerzo que realizó este gobierno para reducir en la mitad el hacinamiento con la construcción de nuevas cárceles, si el problema penitenciario no se soluciona, difícilmente se avanzará en la protección de los ciudadanos. Esto exigiría un régimen penitenciario mucho más fuerte para los reclusos que pertenezcan a organizaciones criminales que incluya su incomunicación con el exterior. Hoy un raponero está sometido a las mismas reglas que un jefe de las Farc o del ELN, un poderoso narco o un comandante paramilitar. Y éstos últimos tienen más privilegios, incluyendo la posibilidad de portar un celular. Esto ha permitido que un poco menos de la mitad de las extorsiones se hagan desde la cárcel. "La situación de algunos reos pertenecientes a organizaciones criminales es tan favorable al crimen que ha habido casos de gente que a pesar de haber cumplido su condena se niega a abandonar el penal", dice un ex funcionario de esta área. Además de la legislación penitenciaria, las concesiones ?aunque polémicas? permitirían agilizar la construcción de nuevos penales y una administración de las mismas más eficiente. Es evidente que el problema penitenciario no está desligado del de la justicia como un todo. La ausencia de una justicia cercana al ciudadano no sólo es la puerta de entrada para los actores armados que llegan a los pueblos, 'administrando justicia' en casos que van desde la violencia doméstica hasta el cobro de deudas, sino que su inefectividad desmotiva a los soldados en el campo de batalla. "Es como cargar agua en un cedazo. Cuando llegamos al otro lado ya no hay nada", afirma el general Fernando Tapias. Explica que por la falta de defensores de oficio; por las penas leves que tienen delitos como el porte ilegal de armas y uniformes; por la inimputabilidad de los menores de edad y por el vencimiento de términos judiciales muchos de los guerrilleros y miembros de las autodefensas que capturan terminan libres. "Durante este gobierno capturamos 16.500 guerrilleros. En Perú ganaron la guerra capturando 10.000. La diferencia es que aquí ya no están en la cárcel", afirma. El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez considera que el tema no es tan blanco y negro. "Una cosa es la apreciación de quien captura y otra de quien juzga", dice. Argumenta que en muchos casos la Fuerza Pública arresta personas que estaban cerca de guerrilleros pero que durante el proceso demuestran que eran simples campesinos que no tenían nada que ver con los armados. También discrepa de las sugerencias de incrementar las penas. "La pena máxima es de 40 años. Si logran capturar a 'Marulanda' terminará cumpliendo su condena en el más allá", dice. Sin importar quién esté fallando lo que es indiscutible es que se necesita una mejor coordinación entre la Fuerza Pública y el sistema judicial para que los guerrilleros y los paramilitares terminen efectivamente tras las rejas. Una cooperación de este tipo ha dado resultados exitosos en Arauca, donde debido a las capturas se han disminuido notablemente los atentados contra el oleoducto.

LA INTELIGENCIA

6. Contra el que toca

Se necesita una mejor inteligencia. Pero más contra el crimen y menos contra los enemigos políticos.

La 'biblia' de la inteligencia colombiana es el Manual de Inteligencia de Combate (MIC), escrito en los años 60 en la Escuela de Inteligencia Charry Solano del Ejército. Es la cartilla de los 15.000 hombres que trabajan en las 11 agencias o servicios de inteligencia del país. Se hace inteligencia para obtener la mejor información que les permita al Presidente, las Fuerzas Militares, o la Policía entre otros, emprender las acciones más efectivas. En la práctica, sin embargo, esto no ocurre. Los organismos de inteligencia rivalizan entre sí y ocultan sus hallazgos. Aplican la política de "nadie tiene por qué saber más de lo que le concierne". Esto se ha traducido en esfuerzos duplicados y perdidos. Pero no son sólo los celos entre las diferentes centrales y organismos de inteligencia los que han impedido que se neutralicen magnicidios, grandes operaciones guerrilleras o el ingreso de miles de armas, sino la definición de sus objetivos. "Con demasiada frecuencia los organismos de inteligencia tienen como meta escudriñar las actividades de personas que en el fondo no representan mayor riesgo para la seguridad de los colombianos", sostiene un experto en el tema. Por ejemplo, invierten horas escuchando las conversaciones privadas de intelectuales de izquierda, de líderes sindicales y de derechos humanos. En cambio, cuando la inteligencia militar o policial se ha dedicado a seguir el rastro de los criminales ?caso de Pablo Escobar o de Fernandinho? los éxitos han sido evidentes. En Colombia tampoco existe alguna ley que regule las actividades de los grupos de inteligencia y su financiación depende en gran parte de dineros de gastos reservados, que tan sólo durante 2000 rondaron los 37.000 millones de pesos. De este diagnóstico se desprende que debe hacerse una reingeniería profunda en la inteligencia del Estado. Lo primero que se debe hacer es reorientar a quién y para qué se le hace inteligencia y abandonar del todo las viejas ideas de vigilar supuestos enemigos ideológicos. Lo segundo, es necesario seguir trabajando, como ya se está haciendo, en mejorar e interconectar las bases de datos de información de cuentas bancarias, propiedades de carros e inmuebles y sociedades comerciales para que se puedan controlar mejor las operaciones financieras de los terroristas y sus movilizaciones. Lo tercero es lograr mayor confianza y colaboración de las múltiples agencias de inteligencia internacional que operan en Colombia, hoy un centro por donde circulan muchos de los tráficos del crimen organizado transnacional. "Hay informaciones grandes que no se las suministran al gobierno colombiano y cuando se las suministran no las utiliza", dijo un miembro del equipo del Presidente electo. Por último, es necesario ganarse a la gente para que sepa que la información que da a las autoridades tenga efectos positivos sobre su seguridad.

LA RECONCILIACIÓN

7. Al rescate de las víctimas

El grueso de los jóvenes armados no tienen alternativas. Un programa de reinserción más fuerte podría robarle miles de combatientes a la guerra.

"El 95 por ciento de los guerrilleros son campesinos sin ningún futuro, y por tanto son rescatables para la sociedad", dice sin dudarlo un alto mando militar. Un ex ministro va más allá: "La mayoría de los jóvenes que se meten a estos grupos armados ilegales, de un lado o del otro, son víctimas de unos jefes descompuestos y metidos hasta el cuello en negocios criminales". De ahí que para muchos expertos uno de los programas clave en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares es el de la reinserción. Es hoy en día un programa con pocos recursos, con roces entre las instituciones que hacen las diferentes tareas (entre el Ejército, que recibe a muchos de los desertores; el programa de Reinserción, que les da los recursos y el apoyo que ordena la ley; Bienestar Familiar, que se encarga de los niños, y la justicia, que debe darles la libertad a quienes se entregan voluntariamente) y con una falta de claridad desde el alto gobierno de cómo se debe enfocar el programa. Así que lo que le recomiendan al próximo gobierno es fortalecer este programa con recursos de por lo menos 200 millones de dólares para los cuatro años?que bien se pueden pedir a las naciones europeas, que prefieren contribuir a la paz y no a la guerra? y una gran gerencia con claridad de misión. Este programa debe estar coordinado con otras entidades del Estado, como las secretarías de Educación, el Sena y otros programas nacionales y regionales especiales para la juventud. "Darles alternativas de vida a los jóvenes es montarles la más eficaz competencia a la guerrilla y a los paras, y de paso se ganan jóvenes para la paz", dijo un funcionario que trabajó en este campo. Durante el año pasado el pequeño programa de reinserción ha logrado, casi con ciento por ciento de éxito, recibir y reinsertar en la sociedad a más de 800 jóvenes. Si además se cambiara la ley para que pudieran acogerse también miembros de las autodefensas y se le dieran recursos al programa, sus resultados podrían multiplicarse tres o cuatro veces.