Colombia: Una amenaza conveniente

Por: Ana Isabel Vargas*



El fin de las negociaciones con las Farc–EP, determinado por el presidente Andrés Pastrana, y la consiguiente toma de la zona de distensión por parte de las Fuerzas Armadas de la nación, preocupan profundamente a la comunidad hemisférica. Parecen confirmar la tesis según la cual, Colombia es la principal amenaza a la seguridad de la región. Además, se comprometen intereses económicos, que pueden incluso sacudir a Wall Street.



Para determinar qué tan grave es la amenaza, conviene determinar los factores de riesgo político y la interpretación contemporánea de la seguridad nacional. El concepto aparece al final de la Segunda Guerra Mundial y era la clave del juego de poderes entre los Estados unidos y la Unión Soviética. La estrategia fue definida por Harry Truman, quien en 1947 promulgó el Acta de Seguridad Nacional. De allí nació la CIA, encargada de manejar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de seguridad, y el Consejo Nacional de Seguridad, responsable de evaluar las condiciones de democracia y seguridad de las naciones.



Resultó, también de allí, la figura de enemigo, materializada ayer, en el comunismo soviético; hoy, en el narcotráfico y el terrorismo; mañana, en cualquier cosa que pueda afectar los intereses vitales y económicos de los Estados Unidos. Antes se defendieron a través del poder nuclear, la destrucción mutua asegurada, la seguridad estratégica y la guerra limitada.



Desde los 60 la seguridad nacional se convirtió en la militarización de los conflictos internos, con el objetivo de proteger su valor político supremo: la democracia constitucional. Su finalidad era garantizar la estabilidad política y estratégica de las naciones, así como la sucesión democrática de las autoridades. En todo caso, se combatían enemigos externos. Ahora, la lucha se libra en contra de los factores de riesgo político -conflictos políticos armados, drogas ilícitas, terrorismo, abastecimiento de recursos vitales, migraciones ilegales, delincuencia organizada y corrupción-, que son los nuevos enemigos internos.



FACTORES DE RIESGO

Identificados esos factores, el papel protagónico de Colombia en la región se hace evidente: exceptuando la provisión de recursos vitales, cuenta con todos. Las guerrillas y los paramilitares han sido catalogados por los Estados Unidos como terroristas. Las Farc-EP vienen creciendo vertiginosamente desde 1982; actualmente cuentan con 75 frentes, conformadas por 16.000 hombres. El ELN tiene hoy 35 frentes y aproximadamente 3.000 hombres, mientras el EPL se reduce a 13 frentes y unos 400 hombres.



La expansión territorial de los grupos insurgentes es innegable. Ha escalado el conflicto armado e incrementado los índices de inseguridad, como lo demuestran los asaltos a poblaciones, los ataques a la infraestructura, los secuestros, las extorsiones, la piratería terrestre, las emboscadas, los hostigamientos, los actos de sabotaje y los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.



A pesar de la buena fe, defendida por el primer mandatario, las conversaciones de paz que se iniciaron con las Farc-EP han producido más frustraciones que acuerdos. La zona desmilitarizada pasó de laboratorio de paz a guarida de malhechores.



Los paramilitares, por su parte surgieron con el apoyo de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Según Carlos Castaño, jefe político de las AUC, éstas cuentan con 8.000 hombres en armas y las define como una organización contrainsurgente. "Aspiramos a que donde haya un frente guerrillero, haya un frente de autodefensa. Y como se van perfilando las cosas en este país, así va a ser".



En cuanto a las drogas ilícitas, Colombia es actualmente el principal productor y distribuidor de cocaína refinada. La Estrategia Internacional para el control de Narcóticos, presentada por el Departamento de Estado, denuncia que tan sólo en 1999, el país refinó 520 toneladas métricas de cocaína, el equivalente al 80% de la producción global y que además tiene una participación del 2% en el mercado de heroína.



La situación se agrava en la medida en que los carteles de la droga han establecido relaciones directas con la subversión y los paramilitares. El narcoterrorismo se financia cobrando impuestos de gramaje y de salida. Venden seguridad para las plantaciones de coca o amapola, ganan por kilo de coca procesado en laboratorio y reciben, en ocasiones, ganancias por cargamento "coronado".



En el caso de las Farc-EP, los recursos sustraídos del narcotráfico aportan aproximadamente el 54% del total de sus ingresos, según el informe del Comité Intergubernamental para el estudio de las finanzas de la guerrilla. Los paramilitares nacieron con el dinero de los carteles de la droga, cuando se expresaban a través del MAS –Muerte a Secuestradores- en los 80’s. Además, el propio Castaño reconoció, en Cambio -15 de mayo de 2000-, que el 70% de sus ingresos proviene directa e indirectamente del tráfico de narcóticos. Estos porcentajes no son nada despreciables si se tiene en cuenta que anualmente las Farc-EP reciben alrededor de un billón de pesos, y las AUC 150 mil millones de pesos.



Las cifras de desplazados y de las migraciones ilegales también son elevadas. En el 2000, el número de desplazados llegó a 380.000 (el 70% son mujeres y niños) y continúa en ascenso; así también, la cantidad de tierras abandonadas, que son aprovechadas para sembrar coca o amapola. La actividad agropecuaria se extingue, mientras el drama humano del desplazamiento en las ciudades comienza a agravarse y a traspasar fronteras.



Los colombianos que viven fuera del país suman 4,2 millones, es decir, el 10% de la población. Actualmente, el 41% de los nacionales se quiere ir del país, mientras que el 60% tiene un amigo o familiar que se fue. Los países que han acogido a estas personas han comenzado a sentir que su capacidad receptora se agota; no saben cómo frenar el flujo de inmigrantes, ni de qué manera controlarlos efectivamente.



La naturaleza de los factores de riesgo político presentes en Colombia, hacen de este un país, que por su ubicación geográfica facilita la internacionalización de sus conflictos. Se trata, en palabras de Andelfo García, analista político, de un país que es a la vez andino, caribeño, amazónico y ribereño de la cuenca del Pacífico, que tiene fronteras terrestres con cinco Estados y marítimas con nueve. Pero, los problemas no conocen fronteras, las traspasan.



El vecino que nadie quiere

Con Panamá, las relaciones siempre han sido cordiales, pero se han complicado porque insurgentes de los frentes 57 y 58 de las Farc-EP han cruzado la frontera y establecido campamentos de base en la zona del Darién, que ha sido bautizada como el "teatro de operaciones del noreste colombiano". Adicionalmente, la zona de libre comercio de Colón ha facilitado el acceso de la guerrilla al mercado centroamericano ilegal de armas. La zona portuaria también ha sido aprovechada por los narcotraficantes para enviar sus cargamentos a Estados Unidos y Europa. Otro tema de discusión entre los dos gobiernos ha surgido por el número significativo de colombianos que han migrado hacia Panamá, algunos de los cuales han sido expulsados.



Panamá no cuenta con Fuerzas Armadas desde 1989, por lo que hacer presencia estática en las provincias afectadas es su única posibilidad. Los botes de la Armada panameña alcanzan una velocidad máxima de 15 nodos, mientras los de los narcotraficantes e insurgentes, 50 nodos, con mayor maniobrabilidad. Su Fuerza Aérea cuenta con aviones de carga ligera y helicópteros donados por los Estados Unidos y Taiwán. Éstos sólo pueden volar de día y a una altura máxima de 10.000 pies. Panamá no tiene en su poder equipos de interceptación o monitoreo. Esta situación se ha convertido en una ventaja estratégica para la guerrilla y los narcotraficantes, quienes cuentan con aviones más potentes y helicópteros que pueden volar sin necesidad de tanquear desde Colombia hasta Guatemala.





Con Venezuela, las relaciones han sido más tensionantes. El ELN ha cometido en varias ocasiones actos terroristas contra los oleoductos que recorren la frontera, ha secuestrado ganaderos de ese país y hostigado o atacado directamente los puestos militares de Venezuela en la zona.



Asimismo, las modalidades delictivas de los carteles de las drogas se han desplazado hacia allá. El tráfico de armas, de precursores químicos y el robo de vehículos y de aeronaves también se le adjudican a los dos grupos mencionados. Sin embargo, en el caso de las armas, las Fuerzas Armadas colombianas han incautado material bélico procedente de Venezuela, sin recibir ninguna explicación satisfactoria al respecto. Se le suma a lo anterior el problema de las migraciones ilegales: se habla de un número aproximado de entre uno y dos millones de colombianos indocumentados en el vecino país.



Para hacerle frente a esta situación, Venezuela ha reforzado la vigilancia fronteriza enviando a doce mil hombres, y aumentado las actividades de las Comisiones de Vecindad y Asuntos Fronterizos, de la Comisión Militar Binacional y la Comisión Mixta sobre Drogas en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico.



En Ecuador los frentes 29,32 y 48 de las Farc-EP han alcanzado las provincias del norte, que son importantes para el ingreso de armas, explosivos y municiones. Se cree que las FARC-EP cuentan con el apoyo de las Fare –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Ecuador-. Además, con cerca de 350.000 desplazados, la preocupación del país es que los campos de refugiados se conviertan en bases de operaciones para los guerrilleros y los narcotraficantes.



Ecuador ha incrementado su presencia militar en la frontera. Invertirá 300 millones de dólares para fortalecer a sus Fuerzas Armadas, que si bien tienen experiencia en operaciones selváticas, carecen de equipo sofisticado para actuar eficazmente en contra de la insurgencia.



También en Perú se han incrementado los controles fronterizos, porque las FARC, han establecido allí centros de lavado de dinero, han contratado mineros peruanos, para que trabajen en las minas de oro de Colombia y les ha resultado un buen negocio robar joyas y carros colombianos, para vendérselos a los incas. Cifras exactas acerca de inmigrantes no se conocen, pero las condiciones socioeconómicas de Perú, se verían muy afectadas por los flujos migratorios.



Para Brasil la situación es alarmante, porque las grandes distancias, la baja densidad poblacional y la falta de infraestructura en la zona selvática dificultan, y en ocasiones hacen imposible, ejercer un control absoluto sobre la frontera. Productores de coca e insurgentes, según datos del Washington Post, han construido dieciséis pistas de aterrizaje, que emplean para vuelos ilegales. Por esto, de casi ninguna presencia militar hace 15 años, Brasil cuenta ahora con aproximadamente 23.000 hombres en la frontera y, por medio de la Operación Cobra, pretende establecer 6.000 escuadrones en la zona donde convergen las fronteras de Colombia y Perú e implantar el Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM), que contará con una red de alertas tempranas.



Es claro que los países vecinos están adoptando medidas preventivas y correctivas para aminorar o amortiguar el "impacto colombiano", que ellos atribuyen a la incapacidad del Estado para abarcar, dominar y controlar todo su territorio. Aun así, no da para afirmar que es una amenaza regional. La situación en los países afectados por la problemática colombiana, tiene su origen en sus propios conflictos; los factores externos influyen, pero lo hacen principalmente a través de las condiciones internas.



Un problema rentable

Pero, ¿qué hay detrás de tanta animadversión hacia Colombia? Una infinidad de intereses y un solo objetivo: beneficiarse del negocio de la guerra. Exponer permanente y públicamente la tragedia colombiana, es un medio para infundir miedo en la región. La estrategia es aislar a Colombia y crear lazos de dependencia entre los países vecinos y los Estados Unidos.



A Colombia, el país-problema, no sólo se le acusa de difundir su crisis endémica, también de ser el mayor exportador de drogas ilícitas en la región. La presión del gobierno estadounidense para que se cumpla con la erradicación definitiva de los cultivos ilegales, no ha surtido efecto. Desde 1995, las plantaciones de coca han crecido en un 140%, ocupando, para 1999, 122.500 hectáreas. Claro que este crecimiento, también puede explicarse porque la estrategia norteamericana antidrogas es ineficaz, frente a la malicia de los narcotraficantes nativos que se adaptan hábilmente al nuevo contexto, lo que los hace más difíciles de identificar, acusar y capturar.



El problema no es solamente económico las drogas ilícitas son un problema de salud pública para Estados Unidos. Según la Oficina Nacional para el Control de Drogas, 5.7 millones de norteamericanos estaban consumiendo crack en 1999 y la demanda de heroína ha aumentado en un 15%. Adicionalmente, se ha impuesto el consumo de speedballs, mezcla de cocaína con heroína. Esta situación ha elevado el número de urgencias atendidas en los hospitales (172.014 relacionadas con cocaína y 77.645 con heroína) y la inversión en programas de rehabilitación, educación y prevención (se calculan unos 57.7 billones de dólares anuales). Los índices de violencia relacionados con las drogas también han crecido, especialmente en centros metropolitanos como Los Angeles, Nueva York, Chicago, Miami y Washington.

Aterrador panorama: mientras la drogadicción los destruye por dentro, el terrorismo derriba sus símbolos más preciados. Al estupor de la mañana del 11de septiembre, sucede la búsqueda febril del enemigo que ven por todas partes, cuevas afganas o selvas colombianas. En sus cuentas las Farc-EP, el ELN y las AUC constituyen el 10% de la amenaza.

De Colombia a Afganistán

Para el gobierno Bush, Colombia requiere ayuda internacional de forma urgente. Igual que en Afganistán, la confluencia de factores de riesgo político, está creando las condiciones para un "Estado fallido" -failed state- caracterizado por una crisis política aguda, en la cual las instituciones del gobierno están tan debilitadas que no pueden mantener la estabilidad o el orden político por fuera de las grandes ciudades, y en ocasiones ni siquiera en ellas. Responden entonces al llamado de Pastrana de "internacionalizar la paz, para desinternacionalizar el conflicto", con el Plan Colombia: un paquete de 7.581 millones de dólares que incorpora los presupuestos de diferentes ministerios nacionales, créditos internacionales de diversa naturaleza, programas de asistencia y recursos de cooperación estadounidenses, europeos, asiáticos y multilaterales.

De esos 7.581 millones de dólares, Colombia aporta 4.000, es decir casi el 53% del total. Mil millones de dólares los aportan la Unión Europea y algunos países asiáticos; otros mil millones, organismos multilaterales e internacionales. Los restantes 1.581 millones de dólares, tan sólo el 20% del total, constituyen la ayuda "real" de Estados Unidos. Además, el título completo del Plan señala que los recursos deben destinarse a la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. Resulta paradójico que el 63.6% de los dineros se ubiquen bajo el rubro de "defensa nacional, seguridad y justicia", mientras el proceso de paz recibe únicamente un 0.7% de la inversión.

Adicionalmente, Estados Unidos aclaró que la ayuda militar sólo podía usarse en la lucha antinarcóticos, pero la estrategia guerrillera se encarga de eliminarles ese escollo, involucrándose en la producción de drogas. Esa diversificación de actividades, hace altamente peligroso el consumo. Así lo demuestran los más de 10 millones de dólares que se invirtieron en los comerciales del Superbowl, y las intenciones de destinar parte de los recursos del Plan Colombia para combatir a los narcoterroristas.

Es cierto: Estados Unidos no creó nuestros problemas, pero sí se beneficia de ellos. Autorizó, en el marco del Plan Colombia, la participación de 500 combatientes a sueldo, y de 300 contratistas civiles, que han entrado a competir por una licencia para proveer material bélico a nuestro país o prestarle sus servicios.

Las ganancias son de fábula: la Bell Helicopter Textron ha cobrado 75.6 millones de dólares por 42 helicópteros; la United Technologies Corporation Sikorsky Aircraft facturó 18 Blackhawk por 234 millones de dólares; la Northrop Grumman Corporation tiene un contrato por 30 millones de dólares por un avión multifunción de reconocimiento aéreo; la Schweizer Aircraft Corporation cobró nueve millones de dólares por un avión equipado con sensores infrarrojos; la Ayres Corporation recibió 54.5 millones de dólares para optimizar algunos aviones de la Fuerza Aérea colombiana, para modernizar programas de interdicción y para comprar un nuevo avión de dispersión de herbicidas; Dyncorp obtuvo ingresos por 635 millones de dólares asesorar, entrenar y colaborar en las misiones antinarcóticos; y la compañía Lockheed Martin vendió un sistema de radar de alerta temprana por un valor de 68 millones de dólares. Total: 1.106,1 millones de dólares, por concepto de venta de equipo, mantenimiento del mismo y capacitación de personal. Al parecer el 4.0% del PIB que el país invierte en defensa y seguridad no les parece suficiente a los estadounidenses, quienes insisten en aumentar el gasto militar.

Wall Street en el Caguán

El sector financiero no se ha quedado atrás. El 26 de junio de 1999, el presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, visitó el Caguán. Declaró que el viaje era parte de la estrategia de la Bolsa para aprovechar mercados y oportunidades internacionales. Resaltó los conocimientos de Raúl Reyes sobre el mercado de capitales y la inversión extranjera y prometió invitarlo por un recorrido a la sede de la entidad.

Las grandes empresas también han sido atraídas. En su segunda vista al país (22 de enero de 2000), Grasso, vino acompañado por Minoru Makihara de la Mitsubishi; Lorenzo Zambrano de Cemex, de México; Ronnie Chan de Hang Lung Development Co., de Hong Kong. Luego, el 4 de marzo de 2000, el fundador de America Online (AOL) y Joseph Roberts, genio del mercado inmobiliario mundial, se reunieron directamente con Manuel Marulanda, durante tres horas.

Para defender los 300 puntos de infraestructura en Colombia, que son estratégicos para Estados Unidos, la embajadora Anne Patterson confirmó que su gobierno destinará 98 millones a la protección del oleoducto Caño Limón, porque el petróleo colombiano se ha convertido ahora en una fuente alternativa de abastecimiento, e invertirá cerca de 30 millones de dólares para los grupos Gaula.

A través de la Iniciativa Regional Andina o Plan Andino, Estados Unidos ha invertido 180 millones de dólares en la subregión, con el fin de paliar los efectos del conflicto colombiano. Las condiciones para la ejecución de ese presupuesto, revelan la intención política norteamericana.

Este intento sutil de intervención fracasó en Venezuela. Chávez no recibió dinero, se opone al Plan Colombia, se niega a prestar su espacio aéreo para combatir el narcotráfico, no quiere aumentar la producción de petróleo, mientras le promete a Fidel Castro subsidio y visita gobernantes hostiles a Estados Unidos, como Saddam Hussein y Muamar Gadafi.

El caso de Brasil es distinto. Se trata de una potencia regional, de la octava economía del mundo, que lidera Mercosur. Esto no es negocio para Estados Unidos, que prefiere tratar individualmente con cada país. Adicionalmente, Brasil ejerce soberanía en gran parte del Amazonas, lo cual lo hace poseedor de inmensos recursos naturales, indispensables para las industrias norteamericanas.

Para mantener a Ecuador y a Perú como aliados, Estados Unidos ha alegado la falta de estabilidad política de esos países o su elevada corrupción. Además, no olvida ni perdona que hasta hace poco, fueron los mayores productores de hoja de coca en América Latina.

Panamá no representa obstáculo alguno. Es prácticamente una extensión de territorio norteamericano en América Latina y hay que conservarla como tal, para seguir beneficiándose económica y políticamente del canal.

Desde la Guerra Fría, Estados Unidos no ha dejado de manejar su política exterior con base en dos estereotipos: la imagen del enemigo y del dependiente. Esto lo hace en función de sus intereses nacionales, y legitima sus acciones por medio de operaciones que dicen promover o rescatar valores universales como los derechos humanos, la democracia, la libertad.

Así ha ocurrido con Colombia y sus factores de riesgo político. Hollywood, con películas como Scarface, Peligro Inminente, Prueba de vida y, recientemente, Daño Colateral, ha magnificado el conflicto, para vender –literalmente- la imagen negativa del país, justificar sus operaciones por fuera de la pantalla y generar –de paso- ganancias extraordinarias.

*Profesora Análisis de Coyuntura-Universidad Externado de Colombia