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SOCIEDAD
La justicia indígena que unió a los colombianos
La rigurosa condena impuesta a los guerrilleros de las FARC contentó incluso a esa derecha que ha visto con sospecha a la justicia indígena.
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En el auditorio cabían unas mil personas. Pero un número todavía mayor acompañó el juicio desde la calle. Y a través de ellas, por aclamación y mano alzada, fue una comunidad entera la que dictó sentencia contra los guerrilleros de las FARC involucrados en la muerte de dos guardias indígenas cerca de Toribío, Cauca, la semana pasada.
Primero fueron 60 años de cárcel para Carlos Silva Yatacué, presunto responsable de las muertes de dos comuneros nasa que intentaban retirar de su territorio un cartel en homenaje al comandante guerrillero Alfonso Cano.
Luego, otros cuatro guerrilleros vinculados a las FARC –Arcenio Vitonas, Robert Pequi, Emilio Ilyo y Freiman Dagua– fueron condenados a 40 años de prisión por disparar indiscriminadamente en contra de los guardias.
Mientras que los últimos dos acusados, al tener únicamente 14 y 17 años, fueron sentenciados a 20 'fuetazos' administrados ahí mismo, lejos del lente de las cámaras.
Las armas y uniformes de los milicanos también fueron destruídos en el acto.
Mientras los mayores –en realidad muy jóvenes todos, también pertencientes al pueblo nasa– purgarán su condena en "patio prestado". Es decir, serán recluidos en una cárcel estatal. Pero estarán bajo custodia de la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Y, por una vez, el resto de Colombia no parece haber encontrado razones para criticar el actuar de la justicia indígena, que desde 1991 tiene amplia jurisdicción sobre lo que ocurre dentro de sus resguardos.
"Nunca creí que la justicia indígena me produjera tanta admiración", escribió, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez.
"¿Eficacia (de la) justicia indígena ejemplo para el Estado colombiano?", agregó Ramírez, en una pregunta repetida por numerosos medios colombianos.
En la justicia indígena nasa la comunidad entera es la que se encarga de determinar la pena.
Mientras opiniones muy similares fueron expresadas por numerosos ciudadanos 'del común' y representantes de todos los sectores políticos del país, unidos en torno a una valoración positiva de la justicia indígena colombiana. Aunque ese no ha sido siempre el caso.
Justicia polémica
Efectivamente, los intentos de las comunidades indígenas por juzgar desde sus propios valores y costumbres temas como las relaciones carnales con menores, penadas por la legislación ordinaria, a menudo son objeto de polémica.
Y lo mismo se puede decir de su recurso al castigo corporal, pues en sus sentencias no son extraños el cepo y los 'fuetazos' (latigazos).
Sus esfuerzos por hacer valer su autoridad dentro de sus territorios ancestrales tampoco han sido bien vistos por ciertos sectores de la Colombia ladina o 'blanca', sobre todo cuando de por medio está el conflicto armado.
Los guardias indígenas del Cauca intentan hacer cumplir la ley armados únicamente con sus "bastones de mando".
Y por episodios como ese, la derecha colombiana a menudo acusa a los indígenas de simpatizar con los guerrilleros y oponerse al Estado colombiano.
Los nasa, sin embargo, siempre se han declarado neutrales en el conflicto y han exigido la salida de todos los actores armados, sin excepción, de su territorios, para no seguir cayendo víctimas del fuego cruzado.
Su visión de justicia no está orientada al castigo, sino al restablecimiento del equilibrio roto por los actos criminales.
Y por eso, en lugar de cárcel, a menudo optan por castigos corporales que se combinan con bebedizos para tratar de 'enderezar' a los torcidos.
En otras ocasiones, el 'remedio' se busca a través del trabajo comunitario. Y, en el peor de los casos, se recurre a la expulsión del territorio, que para muchos indígenas es el peor de los castigos imaginables.
Los nasa siempre han demandado la salida de su territorio de todos los actores armados.
Por lo demás, el derecho de los indígenas a impartir su propia justicia "de conformidad con sus propias normas y procedimientos" está avalado por la Constitución de 1991, que establece como única excepción posible contradicciones con "la Constitución y las leyes de la República".
Y el juicio de este domingo en Cauca claramente se ajusta a los criterios establecidos por la Corte Constitucional para determinar si la jurisdicción indígena puede prevalecer sobre la justicia ordinaria.
Los acusados son todos indígenas, en este caso parte del pueblo nasa, y el delito fue cometido en territorio de uno de sus muchos resguardos de esa etnia en las montañosa región norte del departamento de Cauca.
La terca neutralidad de los indígenas no es vista con buenos ojos por los actores armados. Foto: AFP
Y con eso, se podría argumentar, se satisface además el cuarto criterio identificado por la Corte: la naturaleza del bien jurídico tutelado: "Si se trata de un interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria".
Por lo pronto, en cualquier caso, no parece que nadie quiera discutir el derecho de los nasas a juzgar el caso, si bien algunos comuneros ya han denunciado amenazas.
La muerte de los guardias indígenas, que siempre van desarmados, llenó de dolor e indignación al pueblo nasa y muchos colombianos.
La rigurosa condena impuesta a los milicianos contentó incluso a esa derecha que siempre ha visto con sospecha a la justicia indígena, y refleja además una indignación compartida por la inmensa mayoría de los colombianos.
Estos, sin embargo, no deberían perder de vista que lo del domingo es también un recordatorio de unas viejas demandas: las de un pueblo que todavía pelea por la autodeterminación y el respeto de sus costumbres que, además, sufre al ver a sus jóvenes ingresar a las filas de los grupos armados, a menudo por falta de oportunidades.
Un pueblo que se rehúsa a seguir sufriendo por un conflicto que considera ajeno pero que le ha obligado a verter demasiada sangre.
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