Las FARC no tendrán voz en la Comisión Legislativa para la paz

Mientras en Caracas los negociadores del Gobierno y la guerrilla del ELN anunciaban el inicio de la fase pública de las negociaciones de paz, el Senado avanzaba en el diseño de la fórmula para implementar los acuerdos de paz que se firmen en La Habana con la guerrilla de las FARC.

Fue aprobado, en quinto debate, el acto legislativo para la paz, una reforma a la Constitución que permite otorgarle facultades extraordinarias al presidente de la República y crear una especie de ‘congresito’ que se encargue de elaborar las leyes para implementar los acuerdos de La Habana.

El proyecto establece que habrá un procedimiento legislativo especial que funcionará por seis meses y podrá ser prorrogable por el mismo tiempo por una sola vez. Se denominará Comisión Legislativa Especial y estará integrada por 66 congresistas: los 19 senadores y 35 representantes de las comisiones primeras, más 12 congresistas elegidos por las mesas directivas.

En esta comisión se diseñarán las mencionadas leyes, pero no tendrán participación alguna personas ajenas al Congreso, como magistrados o académicos, ni voceros de la guerrilla, así se hayan desmovilizado y entregado las armas.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, consideró que la Comisión Legislativa Especial serviría para darles voz a personas de fuera del Congreso, por eso le propuso al Gobierno abrir esa posibilidad y que sea discutida en los tres debates que le faltan a la reforma. “Si el Gobierno no tiene en mente que la Comisión Legislativa Especial sea para darle voz a gente que está por fuera del Congreso, no tendría sentido crear esa Comisión”.

La guerrilla de las FARC, en varias ocasiones, ha rechazado esta Comisión Especial para implementar los acuerdos, toda vez que insisten en que las reformas sean objeto de una Constituyente y por considerar que es un mecanismo propuesto de forma unilateral por parte del gobierno colombiano.

Además, el Senado también aprobó conceder facultades al presidente de la República para expedir decreto ley con el único propósito de implementar los acuerdos de paz. Estas facultades se concederían hasta por un período de seis meses y se limitarían exclusivamente a los asuntos relacionados con la paz.

Así mismo se aprobó la creación de un plan de inversión por 20 años para garantizar recursos a las regiones más afectadas por el conflicto, los cuales deberán ser de obligatoria implementación  por alcaldes y gobernadores.

Con la aprobación de este proyecto, el ponente, Roy Barreras, dijo que las FARC deben saber que la seguridad del proceso de paz depende de la definición de la dejación de las armas. “No estamos construyendo estos instrumentos para que nadie pueda hacer política armado, ni para seguir con plazos dilatorios, ni prolongarlo hasta el 2017”.

Barreras aseguró que en mayo quedará aprobado el acto legislativo para la paz y en esa fecha deben estar definidos los asuntos del punto final de los acuerdos que tienen que ver con la concentración, la dejación y garantías de seguridad de quienes se desmovilicen.