Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/07/25 09:12

Ponencia pide tumbar inhabilidad política de Fernando Londoño

El exministro fue destituido e inhabilitado en el 2004 porque supuestamente usó su puesto de ministro para favorecer a un consorcio italiano que defendió como abogado.

Fernando Londoño Foto: Archivo SEMANA

El exministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Fernando Londoño estaría muy cerca de retornar a la arena política gracias a una ponencia que busca tumbar una de las sanciones disciplinarias que le impuso la Procuraduría.

El magistrado del Consejo de Estado William Hernández radicó una ponencia que pide revocar el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años que le decretó el organismo de control por supuesto tráfico de influencias. En ese entonces la Procuraduría lo señaló de tratar de utilizar su cargo en el alto gobierno para favorecer a una firma a la que defendió como abogado.

En 1997, Londoño era apoderado del consorcio italiano Recchi, una firma que fue elegida para intervenir un tramo de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio (Meta). En ese entonces, se presentaron algunos diferendos e imprevistos que impidieron la ejecución contractual, lo que afectó los intereses de la firma europea.

La consecuente confrontación entre el Ministerio de Transporte y Recchi terminó en manos de la justicia arbitral, que declaró al Estado responsable de los incumplimientos. Por estos hechos, la Nación fue condenada a pagarles a los italianos más de 13.000 millones de pesos.

Con el paso del tiempo, Fernando Londoño fue abandonando este y otros litigios para concentrarse cada vez más en la actividad política, hasta convertirse en el segundo hombre más importante del Gobierno, luego de que el entonces presidente Uribe lo nombró ministro del Interior. Pero mientras Londoño pasaba por los gozosos, su antigua cliente italiana padecía los dolorosos tratando que el Estado le pagara el dinero que le debía.

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Hasta la embajada de ese país en Colombia trató de mediar en favor de los intereses del consorcio, lo que finalmente llevó a que el ministro del Interior enviara una carta a esa sede diplomática para advertirle que estaba muy pendiente de cómo iba evolucionando ese proceso relacionado con la cancelación de la deuda.

Para la Procuraduría, en ese entonces al mando de Edgardo Maya Villazón, es claro que esa actuación de Londoño lo convirtió en responsable de un tráfico de influencias. A su juicio, no se podía interpretar de otra manera el hecho de que el segundo funcionario más importante del Gobierno se refiriera en esos términos a un litigio que vinculaba a una empresa a la cual defendió.

Esa actuación le costó al exministro su destitución y una inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por 15 años. Convencido de que la decisión fue injusta, Londoño interpuso una demanda de nulidad restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, anhelando recuperar su elegibilidad para el desempeño de funciones públicas.

Doce años después del fallo de la Procuraduría, esa corporación judicial empezó a discutir la ponencia del caso en la que el magistrado William Hernández admite que este reconocido uribista no tendría por qué haber sido destituido.

Según el consejero encargado de proyectar esta decisión, no hubo prueba alguna de que Londoño hubiera seguido actuando dentro del litigio, a pesar de haber sido apoderado de Recchi unos años antes. Por eso, dice, no se configuró el tráfico de influencias.

Si la ponencia de Hernández tiene acogida en el Consejo de Estado, el exministro quedaría a un paso de volver a la arena política, pues aun cuando tiene otra inhabilidad que le impuso el organismo de control por 12 años -por haberse referido a los supuestos nexos entre un juez y gente del cartel de Cali-, ese castigo vence el año entrante.

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