Suspenden evaluación de desempeño para 744 altos cargos en la Procuraduría

La implementación del concurso para proveer 744 cargos de procuradores judiciales de grados 1 y 2, los de más alto sueldo en el Ministerio Público ya que ganan 10 millones y 23 millones, respectivamente, se convirtió en un dolor de cabeza.

Después de varias decisiones de la Corte Constitucional, Alejandro Ordóñez al final de su administración comenzó a implementar este concurso para proveer los cargos, que eran hasta ahora nombrados a dedo por el ente de control.

Sin embargo, el Consejo de Estado acaba de decretar una medida cautelar de urgencia con la que ordena suspender la evaluación del desempeño laboral a quienes se encuentren en período de prueba, hasta que se profiera sentencia definitiva. 

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Esta decisión, en cabeza del magistrado Gabriel Valbuena, representa que de los 744 procuradores que se posesionaron, sólo el 10 % se alcanzaron a inscribir en carrera, el resto deberá esperar a que se emita un fallo definitivo sobre el tema. 

La demanda contra el concurso fue interpuesta por el abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien asegura que para el procedimiento de calificación o evaluación de desempeño de quienes lleguen no existe reglamentación en la entidad que establezca cuáles son los aspectos que se deben calificar.

Alega que de no decretarse la medida cautelar, sería imposible la intervención de la justicia ya que se vienen realizando varias provisiones en los cargos. 

En el 2013, la Corte Constitucional tumbó una norma que le permitía al procurador nombrar a conveniencia a los procuradores judiciales I y II. Para muchos, esa decisión impediría hacer de esas plazas una herramienta clientelar, pues obligaba a nombrar por concurso a quienes las ocuparan.

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Pese a que Ordóñez presentó algunos recursos para evitar que se hiciera efectivo ese fallo, la Corte los negó tajantemente. También interpuso un incidente de impacto fiscal aduciendo el riesgo económico que corría la entidad con la implementación del concurso, pero fracasó.

Sin embargo, la transparencia del proceso fue puesta en entredicho. A la Procuraduría y a la Fiscalía llegaron anónimos en los que se informa sobre la supuesta filtración de las preguntas de la prueba de conocimiento antes de ser practicada. El Ministerio Público realizó una indagación sobre estos supuestos y concluyó en que la denuncia era infundada.

Después de decenas de recursos que llegaron al Consejo de Estado pidiendo suspender el concurso, este es el primero que prospera. Y será la Sección Segunda de este tribunal la que defina si el traumático concurso se cae o se mantiene. 

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