Contraloría renuncia a hacer parte en el proceso contra los Nule

El vienes anterior, una vez más, se aplazó la audiencia de lectura de fallo por el delito de peculado por apropiación contra los Nule. Y este lunes sigue siendo incierta cuál será la nueva fecha para que se cumple la diligencia, debido a que antes el Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver un recurso de apelación interpuesto por los representantes de las víctimas, al no ser aceptados en el proceso por el juez del caso.
 
“La decisión del juez de conocimiento de no aceptar como víctima a la Contraloría General de la República no solo desconoce elementales postulados de seguridad jurídica, sino que reabre un debate que solo sirve para dilatar la decisión de fondo y de prosperar para hacer nugatoria la recuperación de los recursos desviados”, señaló en un comunicado de prensa la contralora Sandra Morelli.

Es por eso que el ente de control señaló que desiste del proceso para evitar que se le responsabilice de contribuir a dilaciones. Pero advierte que con esto no renuncia a la reparación del perjuicio causado. “No puede ser nuestra legítima presencia en el proceso excusa para un eventual vencimiento de términos que deje en libertad a los imputados”.

La Contralora, Sandra Morelli, dio la orden al apoderado de la entidad, Édgar Ortiz, para que desista de manera inmediata del recurso interpuesto contra la providencia judicial mediante la cual no se le reconoció al ente de control la condición de víctima en el proceso que por peculado se sigue contra los Miguel, Manuel y Guido Nule, así como Mauricio Galofre.

En el comunicado, la contralora también hace mención a la labor que organismo ha realizado en lo que tiene que ver con el llamado ‘carrusel de la contratación’. “La Contraloría General de la República ha iniciado un total de 17 procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales se ha archivado 10 por recuperación de los recursos. Concretamente se logró la recuperación de la suma de $11.703.617.132,50 y se encuentran pendientes de decisión 7 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía total de $$173.292.913.000, incluido el proceso del IDU por el cartel de la contratación, el cual incluye 59 imputados”.