La contienda judicial por creación de súper corte electoral

Al Consejo de Estado, el tribunal que se salvaba de las peleas políticas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema por las vacantes más importantes de la justicia, acaba de entrarle a una disputa en materia electoral que promete estar para alquilar balcón.

Aún no se conoce el informe de recomendaciones sobre una profunda reforma política que deberá presentar la Misión Electoral, creada en el marco del acuerdo con las FARC y cuya fecha de presentación será el próximo 24 de marzo. Sin embargo, desde ya hay mensajes de extremo a extremo. Juristas y sectores políticos, tal como lo hicieron con las discusiones de reformas a la justicia, tendrán que elegir bando, solo que esta vez alrededor de la iniciativa que busca crear una súper corte electoral.

En entrevista con Semana.com, el Presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, anticipó lo que será la oposición de un sector mayoritario en esta corporación a la creación de un tribunal electoral que concentre funciones administrativas y judiciales en materia electoral. Con lo que, entre otras, traería como consecuencia la disminución de funciones y hasta el fin de la Sección Quinta del alto tribunal, designada para hacer control judicial a decisiones de orden administrativo en materia de elecciones.

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Si bien en Colombia, el marginal papel del Consejo Nacional Electoral es centro de cuestionamientos, la eficacia de la Sección Quinta no se escapa a las críticas. Por ejemplo, frente a la candidatura de Martha Lucía Ramírez y su apoyo por parte de los conservadores, que terminaron divididos apoyando a Santos sin líos de doble militancia, el pronunciamiento del alto tribunal llegó más de un año tarde. El Consejo de Estado finalmente determinó que sí hubo desviación de poder del Consejo Nacional Electoral al no haber emitido un pronunciamiento de fondo frente a la transparencia en la elección de Ramírez como candidata de los azules, pero como dijeron muchos al conocer la decisión: ¿ya para qué?

De manera que el pronunciamiento de Jorge Octavio Ramírez generó división. El mismo magistrado de la Sección Quinta Alberto Yepes, que está en licencia autorizada por este tribunal para integrar la Misión Electoral, estaría a favor de hacer una reforma profunda al sistema electoral en donde se incluya un traslado de ciertas funciones que están en cabeza del Contencioso Administrativo a un nuevo tribunal electoral. Semana.com conoció que a varios magistrados de la Sección Quinta tampoco les chocan estos cambios.

No son los únicos. El magistrado Hugo Bastidas, que termina su periodo en los próximos días, envió una carta al presidente Jorge Octavio Ramírez en la que manifiesta su inconformidad, en razón a que considera que una revisión integral del régimen electoral, como lo proponen los acuerdos, no solo habla de órganos administrativos sino también de instancias judiciales en donde se ejerce el control electoral.

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“Sería una reforma parcial, incoherente y alejada de los propósitos del Acuerdo Final que se mantuviera intacta la actual organización del aparato judicial de lo contencioso administrativo a cargo de lo que llamo el subsistema de control judicial electoral”, indica Bastidas en su misiva.

Aunque reconoce que la posición de Ramírez agrupa la de la mayoritaria del Consejo de Estado, cuestiona que el aparato judicial sea “reacio a los cambios reales, profundos”. Al respecto, cuestiona el doble discurso que manejan los representantes de la Rama Judicial, por ejemplo, en debates como el de reforma a la justicia, donde salen a decir a los “cuatro vientos” que es necesario hacer una “reforma a la justicia en todos los campos y niveles”.

Pero cuando esta llega al Congreso son los mismos “miembros conspicuos del poder judicial” los que terminan frenando los cambios, promoviendo unos transformaciones insustanciales o, “lo que es peor, defendiendo ciertas ventajas o prebendas de tipo salarial o tributario o a pedir más presupuesto que luego la Rama Judicial no ejecuta”.

En consecuencia, Bastidas lo que le propone a la corte que deja es aprovechar el alcance amplio del acuerdo final para promover una profunda transformación de la manera cómo en Colombia se adelanta el control del acto electoral, sin que se tenga que acabar con la jurisprudencia del Consejo de Estado. De manera que para Bastidas, no se trata de juzgar la eficacia de la Sección Quinta –que cumple los términos procesales en un 90 %- sino de revisar “todo el sistema electoral, incluido el control de la actividad y de la función electoral, a efectos de suprimir pasos sobrantes y conferirle mayor seguridad jurídica y legitimidad al mecanismo de control”.

El magistrado asegura que Colombia debe abandonar la idea de tener dos sistemas para “controlar el acto electoral en sus distintas etapas”. “Eso de que haya Consejo Nacional Electoral, comisiones escrutadoras, examen previo de calidades y de eventuales inhabilidades de los candidatos, verificación previa de honestidad de los registros electorales, y que todo eso no sirva porque se tratarían de meros actos administrativos o de funciones administrativas que tendrían que ser corregidos a través de acciones judiciales electorales es simplemente un exceso de funciones”, indica.

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De manera que se duplican de tareas estatales y se crean redundancias que obedecen a la idea que debe haber una división de lo administrativo y lo judicial. “Nadie ha demostrado que la revisión del juez sí sea de calidad”, cuestiona.
En este sentido, dice que “no es descabellado” que el tribunal nacional de garantías electorales que se cree y los tribunales seccionales decidan en un plazo breve si un candidato está o no inhabilitado o que definan en un breve plazo si un nombramiento recayó o no sobre una persona inhabilitada, sin que tenga controles judiciales adicionales. “Ganaríamos seguridad jurídica, eficacia y eficiencia en el sistema electoral”, dice.

Para el magistrado, la solución a los muchos y largos dilemas electorales, podría estar en el control previo y definitivo a aspectos de procedimiento electoral. “No es lógico que los ciudadanos voten por un determinado candidato bajo el entendimiento de que el candidato era hábil para ocupar la posición porque así lo dijo alguna autoridad, pero que luego otra autoridad diga lo contrario”.

También asegura que no considera que un nuevo órgano agrave el choque de trenes, como lo insinúa el Presidente del Consejo de Estado. En el documento consigna que este y otros reparos existirán mientras no se reforme la acción de tutela. En este sentido, asegura, si se otorgan competencias definitivas sin más controles judiciales adicionales, la decisión del nuevo organismo podría ser objeto de control por acción de tutela y de esto no se escapan ni las mismísimas decisiones de la Corte Constitucional.

Estos comentarios, controversiales en el mundo jurídico, también agregan otro punto: y es que para Bastidas el fast track sí es el mecanismo para hacer una reforma profunda al sistema electoral. Tema al que Jorge Octavio Ramírez se opone rotundamente.

En medio del caldeado clima político en las más altas esferas judiciales esta nueva polémica frente al muy cuestionado sistema judicial colombiano está servida.