Tres contratos que tenían como objetivo la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira) fue direccionado, al parecer, por la gestión de un grupo de funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y varios particulares.
Así lo estableció la Fiscalía General tras una extensa investigación que verificó las irregularidades presentadas en la celebración y ejecución de los contratos, firmados entre febrero y diciembre de 2019.
En este caso se indicó que existió un “entramado” que llevó a una apropiación de la contratación.
La seccional en La Guajira del ICBF firmó dichos convenios con una asociación privada para la atención de la población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación. Todo esto con un enfoque diferencial.
Sin embargo, los elementos materiales probatorios indican que los supervisores de los contratos habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.
Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras.
Los documentos, según resaltan las pruebas técnicas y documentales, registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.
De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
En este caso fueron vinculados los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
En la actualidad, la resolución de la situación jurídica de los procesados se encuentra pendiente de resolver por un juez de control de garantías.